EL DERECHO CONSTITUCIONAL ANTE LA ERA DE ULTRÓN: LA INFORMÁTICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO OBJETO CONSTITUCIONAL

Juan Francisco Sánchez Barrilao

doi: 10.18543/ed-64(2)-2016pp225-258

Sumario: I. Introducción: ante la era de Ultrón. II. El Derecho constitucional hoy. III. Sobre la contingencia y la incertidumbre en el Derecho. IV. La informática como objeto específico del Derecho constitucional: de la mera protección de datos a la libertad informática. V. La informática como transformación de lo constitucional. VI. La informática como causa de conflictos constitucionales. VII. De vuelta a la informática como objeto constitucional: de la previsión de nuevos límites constitucionales en relación con la informática, a la promoción constitucional de la informática. VIII. El Derecho constitucional en los tiempos del Google Self-Driving Car. IX. Consideraciones finales sobre la inteligencia artificial y el Derecho constitucional.

I. INTRODUCCIÓN: ANTE LA ERA DE ULTRÓN^[*]

Hace poco Stephen Hawking advertía públicamente en una entrevista del riesgo que para la humanidad supondría, al tiempo, la inteligencia artificial[1]; no es realmente un juicio original, pues en gran medida el físico británico venía a amplificar y publicitar las tesis de Nick Bostrom (Director del Future of Humanity Institute, Universidad de Oxford), quien considera la inteligencia artificial como uno de los principales riesgos para la supervivencia de la especie humana al no resultar garantizado que ésta sea capaz de controlar las máquinas inteligentes que a buen seguro se harán en el futuro a fin de propiciar (paradójicamente) un mejor mañana para los humanos[2]. La imagen, entre otras, de un HAL-9000 (2001 A Space Odyssey), de Skynet (The Terminator), de VIKI (I, Robot) o, cómo no, de la misma Matrix (The Matrix)[3], toma cuerpo intelectual así en el corazón mismo de una sociedad tecnificada, globalizada y del riesgo[4], y en la que el desarrollo de la informática ha venido, precisamente, a catalizar aquélla dado que motor del avance científico (en cualquiera de sus ramas), de la aparición de nuevos y artificiales peligros, y de la intercomunicación mundial (sociedad de la información, o digital)[5].

Es así que, en principio, tal recelo a la inteligencia artificial y a la informática quepa presentársenos hoy como una reformulación o actualización digital del clásico mito de Prometeo, y de su refundición romántica luego en el síndrome del Frankenstein de Mary Shelley, en los que el progreso de la ciencia y la tecnología, recuérdese, desembocaba en la expiación de los hombres por creerse Dioses[6]. Pero puede que el dicho recelo responda también a la necesidad de comprender e intentar dominar, o al menos controlar, una compleja realidad en constante y acelerado cambio y transformación a la sombra de hardware, software y redes que hacen que el presente (el mismo instante…) sea aún más confuso y perecedero con relación a un futuro casi inmediato y desconocido; y un futuro, además, soñado y diseñado por idealistas e ingenieros, pero protagonizado, a la postre, por poderes e individuos (y grupos) que actúan al impulso de unos y otros intereses e ideologías[7].

Por tanto, no es que estemos realmente ante un problema nuevo; si acaso ante una muy peculiar manifestación del desarrollo tecnológico, en su conjunto (sociedad de la información, nuevamente), y al hilo del actual mundo globalizado y del riesgo en el que vivimos (según se acaba de señalar). Y con esto que la tecnología, y a su vera o vanguardia la informática, entronquen con las misiones que al Derecho constitucional se le reconoce ya en estos tiempos, dado que ambivalentes factores de riesgo y de progreso: de esta forma, y desde hace bastantes años, por ejemplo, la protección de la intimidad y de los datos personales ante la informática (art. 18.4 CE)[8]; o más recientemente, y en Derecho constitucional comparado, el reconocimiento de cierto derecho de las personas a participar en el progreso informático (así, arts. 16.2 y 17.2 Constitución de 2008 de la República de Ecuador; art. 63 Constitución de la República Dominicana de 2010; o art. 6 Constitución Mexicana, tras su reforma de 2013)[9].

Entonces, ¿en dónde residiría lo auténticamente novedoso que plantea la señalada desconfianza sobre la inteligencia artificial hoy? Tal vez no sea sino una vuelta de tuerca más en nuestra toma de consciencia de la dificultad misma (o el propio grado de dificultad) sobre cómo decidir al respecto del progreso humano y del riesgo que con carácter general éste supone, sin embargo, para la humanidad, así como del progreso y del riesgo informático en particular y especialmente. En tal sentido, y volviendo al cine de ciencia ficción (por su capacidad de imaginar futuros alternativos, mas sin dejar de reconocer que la realidad supera la ficción)[10], al margen de mostrar hipotéticos riesgos y desastres para la humanidad originados por el progreso tecnológico e informático (a cuál más espectaculares y tremebundos), éste nos ha dado también la posibilidad, como público, de ser testigos incrédulos de intensos debates entre los protagonistas de los films en relación con la complejidad de tomas de decisiones en torno a la ciencia, la tecnología y la informática: de este modo, por ejemplo, el debate de Tony Stark (Iron Man) con Bruce Banner (Hulk) sobre la conveniencia de conectar el Cetro de Loki con el ordenador J.A.R.V.I.S., ante el peligro de una invasión (extraterrestre) por los Chitauris, para luego generarse un nuevo peligro de manos de la aparición del androide Ultrón, pues éste cree necesario eliminar la humanidad para salvar la Tierra; luego, cómo Steve Rogers (el Capitán América) exige responsabilidad a Tony Stark y a Bruce Banner por su decisión autónoma (no colectiva), y el riesgo generado con carácter universal (por la aparición de Ultrón, claro); y de cómo, y sin embargo (y en una especie de deja vu), Tony Stark vuelve a debatir (discutiendo ya) con Bruce Banner la posibilidad de volver a repetir el experimento (¡volver a conectar a J.A.R.V.I.S.!), bajo el paradigma de que el riesgo tecnológico únicamente puede ser salvado por el progreso tecnológico, y despreciando en su decisión cualquier otra consideración y sujetos en razón a que, a fin de cuentas, ambos son «científicos locos»[11]. Claro que la impetuosidad de Tony Stark resulta más atractiva para el público que la bisoñez de Steve Rogers, pero también es más prepotente[12]. El respeto que Steve Rogers exige a Tony Stark en relación con los demás (y en especial al grupo) es la base del principio democrático: el respeto así a que la decisión se tome colectivamente, y no sólo por unos pocos (y científicos), y más cuando la decisión puede afectar dañinamente a todo el colectivo; no se olvide, «[e]l error en la justificación del Derecho sólo es razonable [democráticamente], si el que lo produce es el que ha de soportarlo»[13].

Pero también de interés para estas páginas (y dándole título) es la propia aparición en escena del mismo Ultrón, en cuanto que nuevo sujeto inteligente e independiente a los humanos, además de creador de nuevas entidades[14], y por tanto, y al tiempo, generador de un riesgo (y un ulterior daño) autónomo a los humanos y no controlable ya por ellos. No es sólo, entonces, la inteligencia y la acción humana la que generaría peligros artificiales (frente a los de la naturaleza y los del entero cosmos), sino una potencial inteligencia artificial como fuente, a su vez, de riesgos singulares, de nuevas inteligencias artificiales, incluso. ¿Cómo y hasta dónde comprometernos, así, con la actuación de otra posible inteligencia no humana?

Por supuesto que la más arriba referida consciencia sobre el riesgo tampoco es desconocida en relación con la tecnología y al Derecho público en abstracto; de hecho, y al respecto de la biotecnología (en sentido amplio) se viene, desde hace años, planteando diversos procedimientos en los que integrarse más y mejor unos y otros, a la par que se han establecido nuevos principios jurídicos que permiten resolver conflictos, y se han aprobado no pocas normas sustantivas sobre las novedosas realidades que dicha tecnología genera. Otra cosa es la adecuación o no de las respuestas abrigadas para las otras tecnologías al respecto de la informática y la inteligencia artificial ahora (según se acaba de señalar), además de que éstas pueden incidir o intermediar en las decisiones a adoptar sobre ellas mismas (dado que inteligencia externa y no humana); no en vano, la informática (y potencialmente la inteligencia artificial) ya es un instrumento en la toma de decisiones importantes, como precisamente se ha planteado en estos meses previos con relación al reparto de refugiados en Europa (y a fin de despolitizar, precisamente, tal decisión)[15]. La mencionada consciencia nos sitúa, por tanto, ante el reto del diseño de nuevos tiempos en los que la humanidad bien puede seguir progresando, o por el contrario retroceder e incluso desaparecer (¿la Era de Ultrón…?); y aunque el riesgo de la inteligencia artificial al final resultara ser simple exageración (en razón al estado actual y potencial futuro de la informática…), ¿no sería irresponsable arriesgarse a ello?[16]. Un reto, de este modo (y aun hipotético), no sólo tecnológico, sino ético, político y jurídico; un reto también, entendemos, constitucional[17].

II. EL DERECHO CONSTITUCIONAL HOY

Ahora bien, el Derecho constitucional que ha de enfrentarse ya al reto de la informática (y a la inteligencia artificial) es el de un Derecho compuesto, complejo y más allá de la propia Constitución normativa-estatal, además de en evidente crisis sustantiva a la sombra de la globalización hoy. En cuanto a cómo en la actualidad se rompe la identificación entre Constitución y Derecho constitucional, en particular dado el modelo de Constitución estatal y normativa asentada durante el pasado siglo[18], la crisis que para el Estado supone la globalización (en tanto que ésta da lugar a una progresiva degradación de las fronteras soberanas de aquél)[19], conlleva también la crisis misma de la Constitución normativa puesto que construida precisamente en torno a aquél; la incapacidad o, como poco, la limitación estatal generada por la globalización repercute negativamente en la propia efectividad normativa de la Constitución estatal, ya que ésta pasa a ser incapaz de ordenar totalmente la realidad político-jurídica del interior del Estado[20]; y si esto acontece con carácter general para todos los Estados (sin perjuicio, claro, de que el mayor peso y tamaño de éstos permita una mayor resistencia ante la globalización), más sucede al respeto de los Estados integrados en la Unión Europea a tenor de la expresa limitación que para ellos supone además dicha integración (sin perjuicio, asimismo, de que tal integración responda, en buena medida, a la búsqueda de un remedio con el que contener la globalización y de situarse mejor ante ella)[21].

La anterior crisis constitucional ha generado diversas respuestas, como la búsqueda de nuevos espacios, en particular supra estatales, sobre los que articular nuevas Constituciones; pero ante la imposibilidad hoy de articular adecuadamente éstas, incluso a nivel regional-europeo, es que, al menos, se haya procedido a extender e impulsar instrumentos propiamente constitucionales a dichos espacios ordinamentales a fin de: no sólo parchear los agujeros que al interno de la normatividad constitucional ha generado la globalización, sino procurar resolver problemas globales que requieren respuestas a nivel constitucional[22]. Y es de este modo que el Derecho constitucional alcance en la actualidad cierta autonomía de las Constituciones normativas y del Estado, al extenderse a espacios tanto supraestatales (internacional y regional, especialmente en Europa), como infraestatales, a la par que, entonces, el Derecho constitucional total (en el entendido del efectivo Derecho constitucional que regula una determinada colectividad, más o menos amplia) pase a conformarse finalmente de manera compuesta en cuanto que resultante de diversos ordenamientos interrelacionados[23].

Naturalmente el carácter compuesto hoy del Derecho constitucional conlleva, asimismo, una mayor complejidad del mismo, hasta el punto de que no pocos recursos se destinen más sobre cómo articular adecuadamente las relaciones de unos y otros concretos Derechos constitucionales[24], que sobre los propios contenidos sustantivos. Y de esta forma que: de un lado, y a su vez, la condición conflictiva y compleja del Derecho constitucional total desemboque en un mayor protagonismo de los tribunales frente a los poderes políticos, que pierden presencia[25]; y de otro lado, que tanto lo anterior, como el carácter económico de la globalización (especialmente tras la crisis económica), vienen de tiempo socavando los postulados sustantivos propios del neoconstitucionalismo (a saber, democracia pluralista, reconocimiento y garantía de derechos y libertades, y políticas sociales) [26], a la par que, incluso, se llega a instrumentar institutos constitucionales para fines contrarios a tales postulados[27].

Es por tanto que, finalmente, se muestre el Derecho constitucional como un Derecho que se extiende más allá de la propia Constitución y del Estado, proyectando así contenidos e instituciones característicamente constitucionales a nuevos espacios y relaciones, pero, y sin embargo, normativamente más dúctil, abierto y dinámico en su realización[28]; un Derecho, además, culturalmente proyectado y compartido, a partir de aproximaciones comparadas de unos y otros sistemas constitucionales (Peter Häberle)[29], mas con menor grado de resistencia normativa al impulso fáctico que genera la globalización económica y tecnológica.

III. SOBRE LA CONTINGENCIA Y LA INCERTIDUMBRE EN EL DERECHO

Al hilo de la referida globalización tecnológica, ya que la tecnología hoy se presenta y desarrolla al amparo de la globalización (tanto por motivos económicos, como por la propia dinámica extensiva y comunicativa de la tecnología en la actualidad), es que el progreso tecnológico, y en especial a la luz del avance de la informática, se retroalimente y autoimpulse ganando también mayor velocidad; una velocidad, así, imagen de una tecnología motorizada y al respecto de una sociedad entonces en constante cambio y evolución. Claro que el cambio y la evolución es condición de la misma historia; pero lo característico hoy es, entonces, la velocidad e intensidad de tales cambios; y unos cambios propiciados, en gran medida (según se acaba de indicar), por una tecnología asimismo acelerada[30]. Ello repercute a su vez, trágicamente, en un Derecho cada vez más contingente, puesto que en constante mudanza a los nuevos tiempos[31]; y con esto, la dificultad del Derecho para ofrecer la necesaria seguridad jurídica que exige la libertad y el tráfico jurídico: lo más, de cierta previsibilidad que quepa hablarse[32]. Si tal contingencia es un problema actualmente para el Derecho (a pesar de los mecanismos que ya se habilitan a fin de mejorar el pulso entre el Derecho y la cambiante realidad que éste tiende a regular)[33], mayor problema es con relación al Derecho constitucional, dado el superior grado de permanencia y estabilidad autopretendida por éste, puesto que dirigido a regular relaciones esenciales en la conformación política y jurídica de las comunidades.

Con lo anterior no es que postulemos volver a mejores tiempos de estabilidad jurídica, pues los tiempos están cambiando y ya son otros (mucho más veloces), sino advertir la necesidad de procurar nuevas formas y procedimientos normativos capaces de permitir cambios jurídicos más rápidos, mas con suficientes garantías a su vez de estabilidad (al menos en sus elementos esenciales) y de respeto del pluralismo y las minorías[34]; nuevas formas así para mantener la tensión entre una cierta estabilidad normativa, aunque dinámica, y una realidad en constante evolución.

A lo anterior, a su vez, se suma la incertidumbre con la que el Derecho es llamado a decidir sobre cuestiones tecnológicas, en general, e informáticas, en particular. Y ello, además, con la desventaja de cómo la tradicional limitación del Derecho ante lo científico y tecnológico (al decidir sobre cuestiones de esta naturaleza) daba lugar a la progresiva incorporación de criterios y sujetos propios de este ámbito, para al tiempo, y sin embargo, comprobarse cómo éstos perdían absolutidad a favor de lo porcentual mientras el Derecho continúa en su categórica obligación de responder de manera absoluta; y así, que la ciencia y lo tecnológico hayan ganado un espacio decisional al interno del Derecho, para luego, y sin embargo, relativizar su responsabilidad ante lo político y lo jurídico[35]. Por supuesto que la incerteza ha existido siempre en relación con la necesidad de decidir y resolver jurídicamente, y por tanto que el Derecho haya tenido que contar, entonces, con instrumentos para sortear aquélla (como es el caso de las presunciones); pero lo relevante hoy es, no obstante, la abrumadora incertidumbre en la que nos movemos precisamente a causa de una ciencia y tecnología que, al hilo de desvelar y articular verdades objetivas, acaban, sin embargo, por generar mayores incertezas en nuestro futuro, a la par que huye de dar respuestas absolutas cuando se le requiere. De este modo es que, finalmente, el Derecho haya tenido que buscar nuevos instrumentos, como son los principios de precaución (p.e. José Esteve Pardo)[36] y de responsabilidad (cómo no, Hans Jonas)[37].

En cuanto al primero, este principio se ha venido conjugando hasta ahora, fundamentalmente, en materias relativas al medio ambiente, la salud y la propia persona humana, además de recibir no pocas críticas, en particular por su naturaleza limitadora del progreso al justificar y articular limitaciones (o suspensiones) a actividades o productos sobre los que recaen sospechas fundadas de producir un daño futuro[38]; no obstante, entendemos, siempre cabría la instrumentación de tal principio para casos de identificación de riesgos muy graves y potencialmente efectivos, y en especial al respecto de las personas (o de bienes de la máxima relevancia constitucional)[39]. En cuanto al principio de responsabilidad, más positivo en su desarrollo y más abierto al respecto de las materias en las que intervenir, parecería (entendemos) mejor llamado en atención a la propia naturaleza de los riesgos de la informática, al servir de guía positiva y neokantiana al propugnar un obrar compatible con el mantenimiento de la vida humana en relación con la actividad investigadora y a su ulterior realización o explotación; y de esta manera, procurando re-dirigir, más que prohibir, el desarrollo informático.

IV. LA INFORMÁTICA COMO OBJETO ESPECÍFICO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL: DE LA MERA PROTECCIÓN DE DATOS A LA LIBERTAD INFORMÁTICA

Sin duda alguna, la protección de datos no sólo es el espacio sustantivo constitucionalmente más desarrollado al respecto de la informática, sino también el primero al que las mismas Constituciones se refirieron, en atención al riesgo que para la intimidad de las personas se preveía ya que supondría tanto la acumulación de datos sobre aquéllas, como el cruce de los mismos y la creación de perfiles [así, y siguiendo a la portuguesa de 1976 (art. 35), art. 18.4 CE][40]; y a la sombra de ello, la búsqueda de respuestas, mecanismos e instrumentos en garantía de la persona frente a poderes públicos y privados (puesto que tal captación, acumulación, cruce y uso de datos no quedan reducidos a los poderes públicos hoy; al contrario, sujetos privados bien pueden poseer mayor capacidad informática que los primeros)[41], los cuales podemos articularlos en torno a tres grandes ejes.

Como primer eje cabe destacar la búsqueda de nuevas formas de decidir en relación a cuestiones técnicas, como la informática, a la par que especialmente delicadas tanto para los derechos y las libertades, como para el propio sistema económico y empresarial; y con ello, especialmente, la propuesta de una despolitización e independencia de los sujetos y criterios decisores, especialmente mediante agencias independientes y de índole técnico al respecto de su composición y parámetros de decisión[42]. En tal sentido, precisamente, la Agencia de Protección de Datos, a nivel nacional (Tít. VI LO 15/1999, de 13 de diciembre, Protección de Datos de Carácter Personal)[43], y sus homónimas europea (Comité Europeo de Protección de Datos)[44] y autonómicas (al tiempo)[45], supone la institucionalización de lo tecnológico en cuanto a las tomas de decisiones (normativas y administrativas) y la garantía primaria de los derechos (en especial, de la intimidad) de las personas ante acciones informáticas de sujetos públicos y privados.

En cuanto al segundo de los ejes, y desde una dinámica clásica del Derecho limitando determinadas acciones que dañan o ponen en riesgo derechos y bienes de la mayor relevancia jurídica (expresamente así el art. 18.4 CE)[46], está toda una batería de prohibiciones sobre dichos sujetos (públicos y privados) y en relación con la captación, acumulación, manipulación, cesión y uso de datos relativos a las personas, y particularmente concernientes a la intimidad de éstas (en especial, art. 44 LO 15/1999); y en garantía de ello (y desde una dimensión represiva), importantes sanciones al respecto (arts. 45 y 46 LO 15/1999), a la par que sencillos mecanismos de denuncia de tales conductas (p.e. arts. 13, 16 y 18 LO 15/1999).

Y como tercer y último eje está la reconocida capacidad de las personas para que decidan sobre sus datos, en particular mediante el consentimiento informado en relación con la captación y conservación de aquéllos, como al respecto de su posible uso, cesiones y retirada (arts. 5 y 6 LO 15/1999)[47]. Y es que, al margen de garantizarse con esto la titularidad misma y el ejercicio del derecho a la intimidad y a la libertad, se consigue asimismo compatibilizar el uso público y comercial de datos personales, esenciales tanto en un ámbito como en otro (arts. 11 y 12 LO 15/1999); sin duda, desde dicha perspectiva, el muy reciente Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos[48].

Al tiempo también han aparecido nuevos objetos para el Derecho constitucional en relación con la informática y los datos personales, como es el derecho al olvido[49], en cuanto que capacidad jurídicamente reconocida a las personas para que se borren de las redes datos de éstas inicialmente de trascendencia pública, pero que bien pueden, a los años, limitar y constreñir la libertad de aquéllas. El desarrollo tecnológico-informático permite, en especial mediante potentes motores de búsqueda en internet, recopilar en instantes múltiples datos pasados que, siendo originariamente de interés público, al tiempo deberían, de manera ordinaria, haberse olvidado, permitiendo de esta forma a las personas segundas oportunidades en sus vidas[50].

De alguna forma, finalmente (y al hilo de todo lo anterior), es que quepa hablarse constitucionalmente de cierta «libertad informática» (ya, V. Frosini)[51], en tanto que capacidad reconocida a las personas en relación a su autodeterminación informativa o ante la informática[52]: «derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático» [STC 254/1993, de 20 de julio (FJ 7)][53]. Y al tiempo, incluso, la expresa positivización normativa de dicho derecho más allá de la mera protección de la intimidad frente a los datos personales (todavía, art. 18.4 CE), como ya acontece en Europa en su nivel superior del sistema de fuentes con ocasión del artículo 8.1 y 2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea[54].

V. LA INFORMÁTICA COMO TRANSFORMACIÓN DE LO CONSTITUCIONAL

El referido desarrollo informático nos muestra también cómo objetos constitucionales se ven, sin embargo, transformados al hilo del cambio de la realidad (relativa al supuesto de hecho de la norma) por efecto de la evolución tecnológica. Tal vez el ejemplo más importante (y ya también clásico) sea el progreso vivido en torno a los modos de comunicación personal, pasando de la postal y la telefonía (art. 18.3 CE)[55], al email o correo electrónico, así como a otros sistemas de mensajería electrónica; y ello no sólo en relación con los cambios físicos de tales tipos de comunicación y de sus medios (terminales y redes), sino a la conservación de los datos objeto de la comunicación y las nuevas formas de captación de éstos y de ella misma[56].

En tal sentido, además, están los propios cambios que ha sufrido la telefonía en cuanto que, de un lado, hoy digital[57], y, de otro, integrada en soportes que exceden en mucho la mera comunicación telefónica: los smartphones, y en tanto que auténticos ordenadores portátiles en miniatura. Y al hilo de estos otros cambios la fusión de tecnologías diversas, como es el caso de las smartv, y antes, y simplemente, la televisión visionada en ordenadores a partir de meras placas sintonizadoras (como en relación a canales televisivos en internet); precisamente sobre esto último, destaca la cuestión constitucional surgida en Italia a comienzos de la década pasada al respecto de si debía pagarse allí el canon televisivo no sólo en razón al número de receptores de televisión existentes, sino en relación asimismo a los ordenadores y sus monitores (Sentencia 284/2002, de 26 de junio, de la Corte costituzionale italiana).

También, como manifestación de transformaciones de derechos constitucionales a tenor de la informática, está la evolución que han supuesto las redes sociales e internet al respecto de la libertad de expresión e información, de manera que libertades clásicas se han visto afectas, por no decir que mutadas; así por ejemplo, y en relación con internet, se advierte no sólo la proliferación de periódicos on line (tanto de tirada paralela en papel, como exclusivamente digitales), sino de blogs o meras páginas webs en las que los ciudadanos expresan opiniones y presentan informaciones, a la par que pueden acceder libremente a ellas (en tal sentido, resulta básica la Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano 26 de junio de 1997, en el caso Communications Decency Act)[58].

Ya en España (nuevamente), otro ejemplo de cómo la informática e internet han cambiado la realidad sobre la que venía actuando el Derecho constitucional ha sido la aparición del juego on line (L 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego), y las transformaciones que ello ha supuesto al respecto del reparto competencial ahora entre el Estado y las Comunidades Autónomas en relación al juego y su fiscalidad (p.e., originariamente, las Sentencias del Tribunal Constitucional 163 y 164/1994, de 26 de mayo)[59], además de su proyección desde el ámbito supranacional; y así que, más allá de la delimitación territorial de la actividad (como criterio competencial fundamental), que se plantee luego la eficacia real de la normativa competente al respecto de prestadores foráneos (de fuera del territorio), como la propia dificultad tecnológica para que coincida el ámbito del juego con la estrictamente competencial[60].

VI. LA INFORMÁTICA COMO CAUSA DE CONFLICTOS CONSTITUCIONALES

Con todo, se ha de admitir que donde la informática sigue en mayor contacto con el Derecho constitucional es con ocasión de la aparición de conflictos entre aquélla y otros ámbitos reconocidos y garantizados constitucionalmente, como así acontece en relación con la intimidad o las comunicaciones (según se acaba de señalar), pero no solamente. De este modo, una cuestión todavía abierta a nivel europeo, y al respecto de la protección de la dignidad de la persona (en particular, a partir del caso Omega)[61], es la referida a la censura y prohibiciones de ciertos videojuegos (o contenidos de los mismos) ante roles violentos y actitudes máximo sexistas (más allá de la mera limitación de acceso a ellos según la edad)[62]. O también recientemente, y en Estados Unidos, el requerimiento del F.B.I. a los de Cupertino del código del iPhone a fin de desbloquear el terminal del asaltante de San Bernardino (de diciembre de 2015), mientras que éstos, accediendo siempre a colaborar con sus propios ingenieros, se negaban sin embargo a tal entrega aduciendo su obligación (en cuanto que compromiso) de proteger la seguridad e intimidad de sus clientes; con todo, y finalmente, el F.B.I. consiguió desbloquear dicho aparato (ya, a finales de marzo de 2016)[63].

Pero también el propio progreso constitucional termina por incidir con la informática y otros contenidos constitucionales en la búsqueda de un mejor gobierno[64], como así sucede con ocasión del reciente reconocimiento del principio de transparencia de la actuación de los poderes públicos y de sus titulares, de un lado, y la puesta a disposición informática de la ciudadanía de múltiples datos de éstos (Portal de la Transparencia) a fin del consiguiente y efectivo control político de aquéllos (art. 105.b CE y L 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno)[65]; y por otra parte, y sin embargo, la necesaria guardia de la intimidad de tales sujetos frente a los ciudadanos, de manera que ciertos datos personales no se hagan públicos (art. 15 L 19/2013, y el propio 105.b, in fine, CE)[66].

Además, entroncando con recientes desarrollos del principio democrático, y a tenor del peso de internet y de las redes sociales al respecto de nuevas formas de participación de la ciudadanía en el espacio público[67], un conflicto ya clásico entre la sociedad civil y los poderes públicos en cuanto al internet viene siendo el planteado a partir del siguiente trinomio: de una parte los usuarios de internet, reclamando un especio independiente y virtual frente a los poderes públicos, y demandando de esta forma, y desde cierta subsidiariedad horizontal, el autogobierno y la autorregulación de internet[68]; de otra los poderes públicos, invocando un interés general sobre internet en tanto que red de comunicación no sólo social, sino económica y política, de manera que aquéllos no pueden quedar al margen del gobierno y la regulación de internet[69]; y desde una dimensión intermedia (en la que confluyen diversos intereses y realidades)[70], la garantía de una efectiva neutralidad política de éste y de las redes dada su cualificada consideración de autopista de comunicación y de zona de puesta en común hoy para la ciudadanía y a modo de nuevo espacio público virtual[71], llegándose a hablar de auténtica agora moderna[72].

VII. DE VUELTA A LA INFORMÁTICA COMO OBJETO CONSTITUCIONAL: DE LA PREVISIÓN DE NUEVOS LÍMITES CONSTITUCIONALES EN RELACIÓN CON LA INFORMÁTICA, A LA PROMOCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA INFORMÁTICA

Los anteriores supuestos, y la necesaria resolución de los conflictos que a nivel constitucional origina (o a los que contribuye) la informática, acaba por desencadenar nuevas prohibiciones y limitaciones de concretas actuaciones informáticas en razón al daño originado o esperado (potencial) para bienes de la máxima relevancia constitucional; y en tal sentido, incluso, el impulso desde los poderes públicos de una función de custodia e investigación al respecto del uso de la informática y de internet y las redes por terceros que puedan poner en peligro la garantía de la seguridad del tráfico social, económico y político. En tal sentido, no ya la mera acción de los hackers, sino ciertas actos, como es la elaboración y puesta en circulación de malware para el espionaje de la actividad informática de sujetos, o la sustracción de datos, o simplemente la mera destrucción de sistemas y/o computadoras, es que resulten genérica y abstractamente prohibidos[73], sin perjuicio de que singulares acciones puedan resultar justificadas por el sistema en tanto que al servicio de bienes de especial relevancia constitucional[74]. Y por otra parte, además, los riesgos de la conocida como Deep web, dado que más de 90  % de todo internet y espacio de tráfico oculto a los buscadores y al margen, en gran medida, del control público[75].

También, pero a la inversa, el planteamiento de limitaciones y prohibiciones de actuaciones informáticas (tanto a nivel de software, como de hardware) en cuanto que potencialmente (supuesta o manifiestamente) destinadas al servicio de conductas prohibidas por el ordenamiento, como precisamente se ha planteado al respecto de determinados programas que son utilizados para el pirateo informático, por más que en abstracto destinados a usos asimismo lícitos (p.e. programas P2P y el intercambio de ficheros), o de tarjetas de memoria que permiten, entre otros usos legales, el evidente pirateo ahora de consolas de juego (flashcard R4).

Sin embargo la informática no sólo supone nuevos problemas para el Derecho constitucional (según se acaba de mostrar), sino que asimismo conllevan posibilidades que se abren para el progreso democrático, económico, cultural y social; no en vano, la referida neutralidad de la red responde a cómo internet y las redes sociales han configurado un nuevo espacio público virtual que abre novedosas formas de participación y reivindicación ciudadana. De ahí, entonces, que desde el Derecho constitucional quepa promoverse, por ejemplo, la articulación informática de relaciones entre los poderes públicos y las personas (y los ciudadanos), la teleadministración o administración on line, de modo que éstas (y éstos) puedan entrar directamente en contacto con la Administración, y facilitando así las relaciones de unos y otros (sin perjuicio, eso sí, de las necesarias garantías al respecto)[76]; mas con ello, también, la necesidad de rediseñar, a tales efectos, cauces de comunicación y notificación lo suficientemente seguros como para garantizar la fehaciencia de las consiguientes actuaciones ante y de la Administración (así, y en España, las novedosas Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público –Tít. preliminar, Cap. V–, como la anterior 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos)[77]. E incluso, diversas propuestas de teledemocracia (mediante voto electrónico), de manera que se facilite y agilice la participación democrática de los ciudadanos tanto en consultas populares, como en procesos electorales[78].

Cuestión afecta, pero redimensionada, es cómo a través de la informática la Administración puede mejorar no sólo sus relaciones con las personas (y los ciudadanos), sino incluso facilitar el acceso de aquéllas que se encuentren en situaciones de mayor dificultad a la hora de entrar en contacto con sujetos públicos y/o privados (ya sea por razones personales, o del medio en el que se hallen…), de forma que la informática se convierte hoy en una herramienta esencial al respecto del Estado social y la prestación de servicios públicos (p.e. teleasistencia, o programas de enseñanza o formación on line).

Desde tal perspectiva, por tanto, es que el progreso y el desarrollo informático quepa verse además desde una particular y positiva dimensión por el Derecho constitucional, en atención con la contribución de la informática en objetos y bienes de la máxima relevancia constitucional (y más allá, así, del mero progreso que en abstracto supone aquélla al respecto del desarrollo económico, cultural y social), de manera que la informática alcance una particular extensión de fomento por y para los poderes públicos en sus diversas manifestaciones en relación con la ciudadanía (los referidos arts. –al inicio de estas páginas– 16.2 y 17.2 Constitución de la República de Ecuador, 63 Constitución de la República Dominicana, o 6 Constitución Mexicana)[79]. Una dimensión que, a su vez, justifica que algunos espacios propios de la informática, como sucede con el acceso a internet, se integren incluso en la moderna categoría del servicio universal[80]: así, artículo 52 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, relativo a la inclusión, como parte integrante del servicio universal, de una conexión que permitiera comunicaciones de datos de banda ancha a una velocidad de 1 Mbit por segundo[81].

Desde tal dimensión positiva de la informática y de las redes ahora, es que destaquemos: de un lado, el progresivo reconocimiento normativo de ésta (al más alto nivel); y de otro, el desarrollo de políticas dirigidas a fomentar determinadas proyecciones de la informática, e integradas a la postre en amplias agendas públicas, como acontece tanto a nivel europeo, como nacional. En cuanto a lo primero, y al amparo de los muy genéricos artículos 179 y 180 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[82] y del más concreto marco establecido por La estrategia europea de crecimiento 2020[83], es que ésta haya aprobado la Agenda digital (Estrategia i2010) para Europa[84], previendo como acciones: la alfabetización mediática en el entorno digital[85]; el acceso de las regiones rurales a las TIC[86]; i2010 y las bibliotecas digitales[87]; iniciativas sobre integración numérica[88]; el «envejecimiento mejor» en la sociedad de la información (Plan de acción sobre tecnologías de la información y la comunicación y envejecimiento)[89]; el programa eContentplus (2005-2008)[90]; la administración electrónica eGovernment[91]; y la anterior iniciativa eEurope (Una sociedad de la información para todos)[92]. También, de interés, el diseño por la Comisión de una estrategia para crear un mercado único digital en Europa (en base a tres pilares: mejorando el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa; creando las condiciones adecuadas y garantizar la igualdad de condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan prosperar; y maximizando el potencial de crecimiento de la economía digital)[93], y al hilo de ello el reciente planteamiento de la digitalización de la industria europea[94] mediante: dicha digitalización de la industria, aprovechando todas las ventajas de un mercado único digital[95]; una Iniciativa Europea de Computación en Nube, y en relación a una economía competitiva de los datos y del conocimiento[96]; un Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la Unión para el 2016-2020, acelerando la transformación digital de la Administración[97]; y la fijación de prioridades sobre la normalización de las TIC para el mercado único digital[98].

Y ya en España, a la luz del más sencillo y discreto artículo 44.2 de la Constitución[99] e implementando la Agenda digital europea a nivel nacional, está la Agenda Digital para España (febrero de 2013)[100], en la que se recogen como objetivos: fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital (eliminando barreras para el despliegue de redes y promover así la unidad de mercado; impulsando el despliegue de redes ultrarrápidas; buscando conseguir un uso más eficiente del espectro radioeléctrico; y mejorando la experiencia de usuario de los servicios de banda ancha); desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española (incentivando el uso transformador de las TIC en las empresas; impulsando el comercio electrónico y la producción y distribución a través de Internet de contenidos digitales; potenciando las oportunidades para la industria electrónica; favoreciendo la internacionalización de las empresas tecnológicas; potenciando las industrias de futuro; y fortaleciendo la industria TIC, mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos en servicios públicos); mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los servicios públicos (avanzando hacia una Administración integrada en la sociedad con servicios públicos de calidad y centrados en los ciudadanos y en las empresas; incrementando el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de los ciudadanos y las empresas; racionalizando y optimizando el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas; promoviendo la cooperación y la colaboración con organizaciones, empresas y agentes sociales en materia de Administración electrónica; y el empleo de la tecnología para eliminar la brecha digital); reforzar la confianza en el ámbito digital (impulsando el mercado de los servicios de confianza; reforzando las capacidades para la confianza digital; impulsando, nuevamente, la excelencia de las organizaciones en materia de confianza digital); impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (incrementando la eficiencia de la inversión pública en I+D+i en TIC; fomentando la inversión privada en I+D+i en TIC; fomentando, otra vez, el I+D+i en TIC en pequeñas y medianas empresas; y ampliando la participación española en I+D+i en TIC en el ámbito internacional); y promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC.

Pero es en el ámbito autonómico, y en concreto tras las últimas reformas estatutarias de la década pasada, donde la informática ha pasado a tener un papel propio en la actividad pública, positivizándose expresamente (y más allá, por tanto, del mero progreso tecnológico); y es que, al margen de cuál sea el alcance jurídico de las normas estatutarias referentes a la informática (en sus diversas proyecciones), lo cierto es que los últimos Estatutos de Autonomía reformados (los llamados de segunda generación) han asumido los nuevos cambios acaecidos en la sociedad española en estos últimos años (en especial, ante la falta de reformas constitucionales), como así acontece en el vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007, de 19 de marzo). De este modo, y a modo de objetivo básico de la Comunidad, el Estatuto andaluz prevé «la incorporación del pueblo andaluz a la sociedad del conocimiento» (art. 10.3.12.º EAA)[101]; como derecho estatutario (incluso), y al margen de la protección de datos (art. 32 EAA)[102], «se reconoce el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación, mediante los medios y recursos que la ley establezca» (art. 34 EAA)[103]; y como principio rector de las políticas públicas (ahora), «el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas» (art. 37.1.15.º EAA)[104].

VIII. EL DERECHO CONSTITUCIONAL EN LOS TIEMPOS DEL GOOGLE SELF-DRIVING CAR

Redactando ya estas páginas, saltaba la noticia de que los de Microsoft habían puesto en contacto un ordenador (Tay) con el público a través de las redes sociales, para ser desconectado en menos de 24 horas tras advertir que éste ¡se había vuelto nazi![105]. Resulta obvio, así, que no estamos en la Era de Ultrón, pues todavía está activo el botón de desconexión; pero lo que también resulta obvio es que el experimento pone en evidencia la búsqueda de la capacidad de las máquinas para que alcancen cierta facultad no sólo de aprendizaje autónomo, sino de decisión, actuación y comunicación propia. Por supuesto que tal experimento no es el único sobre la inteligencia artificial; sin entrar en una dinámica de presentar todas (o buena parte de) las investigaciones que hoy giran en torno a la inteligencia artificial (pues sobrepasaría con creces los modestos propósitos de estas páginas)[106], lo que sí podemos es identificar algún supuesto (como el señalado) al respecto (y que consideremos de particular interés). Es así que destaquemos el Google Self-Driving Car como prototipo de máquina expresa y específicamente diseñada para tomar decisiones en tiempo real y a tenor de las circunstancias cambiantes del momento[107]; una auténtica muestra, por tanto, de inteligencia artificial[108], al servicio de un transporte eficiente, seguro y autónomo de personas[109]. Mas con ello, también, la propuesta de drones con los que repartir mercancías, y consecuentemente la ampliación de las vías terrestres de transporte a la más abierta, cambiante y delicada y compleja zona aérea[110]; e incluso, la propia navegación espacial, al respecto de viajes muy prolongados en el tiempo (cómo no, Marte –como primer paso–)[111]. Es de este modo que, al día de hoy, al menos podamos hablar de que estemos ya en los tiempos del Google Self-Driving Car (pues decir «era» nos resulta excesivo…), al buscar ya la tecnología desarrollar sistemas informáticos inteligentes capaces de aprender y de garantizar la guía autónoma y segura de vehículos (y con ellos, de personas y mercancías); sistemas, en consecuencia, que han de tomar decisiones propias y autónomas conforme a una información cambiante en tanto que sujeta a las peculiaridades variables del instante en relación al medio y a otros vehículos y terceros; y sistemas, obviamente, que ya son objeto de programación de acuerdo a determinados parámetros tanto técnicos, como de otro tipo. Precisamente, de interés, es el estudio abierto en torno a quién y cómo debería decidir/se los parámetros en virtud del cual un vehículo inteligente habría de resolver entre diversas opciones de resultado lesivo en caso de accidente (si los poderes públicos, la propia industria o simplemente los específicos usuarios-propietarios de tales vehículos), además de la naturaleza y enunciados de dichos criterios[112].

Es al hilo de dicha programación que nos planteemos qué parámetros (de los no técnicos) habrían de marcar el alcance de la inteligencia artificial desde el Derecho constitucional (y de cómo éste ha venido ya adsorbiendo el progreso informático). En tal sentido, y al margen del clásico de las tres leyes de la robótica de Asimov, conforme a las cuales los robots no pueden hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño (además de: los robots deben obedecer las órdenes de los humanos, salvo si ello entre en conflicto con la primera ley; y los robots deben proteger su existencia siempre que esto no entre en conflicto con la primera o la segunda ley)[113], el respeto y la garantía de la dignidad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE)[114] debería ser un eje esencial de la programación de cualquier manifestación de la inteligencia artificial; no es sólo que las máquinas inteligentes no puedan/deban dañar a los humanos (otra cosa son, claro, los meros accidentes y cuál sea, entonces, el régimen de responsabilidad correspondiente), sino que éstas, y desde una dimensión más abierta y plural a lo humano (y por tanto, superando también la idea misma de humanidad, en cuanto que ley cero de la robótica)[115], evite resultados que, abrazando cualquier tipo de integrismo, protejan a los humanos (a la humanidad) más allá de ellos mismos, y desencadenando así limitaciones para éstos y sus derechos (no sólo la vida y la integridad física, claro, sino otros derechos como la libertad física, la intimidad personal, el secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, etc.). Naturalmente, la creación de sistemas inteligentes directamente dirigidos contra las personas deberían quedar prohibidos (tal como ya se plantea, por cierto, al respecto de drones autónomos con fines militares)[116].

También, y para poder garantizarse un control externo y humano sobre la máquina inteligente, está el que ella integre sistemas tanto de control o monitorización de su actividad, como su propia desconexión o apagado (definitivo y provisional)[117], permitiendo entonces, además, que la responsabilidad última de la acción de aquélla recaiga sobre personas: sistemas inteligentes y autónomos, pero no independientes. No en vano, y al margen de la referida dimensión activa del principio de responsabilidad (en cuanto que criterio de actuación), la responsabilidad tanto jurídica como política sigue siendo fundamentalmente a posteriori, mediante mecanismos jurídicos y políticos que buscan, si no restablecer la situación (pues puede resultar imposible), sí al menos respuestas (jurídicas y políticas) ante el daño potencial o acaecido. Y es que a lo que la inteligencia artificial no debe dar lugar, en el marco de un régimen constitucional-normativo (democrático y de Derecho), es a espacios exentos de responsabilidad jurídica[118] y política. Otra cosa es, sin embrago, el déficit que de ambas responsabilidades padecemos en la actualidad respecto a la tecnología en general, dada la reducción que sobre la responsabilidad jurídico-objetiva suponen ya los llamados «riesgos desconocidos», a fin de evitar un pretendido freno material (económico) a la investigación y al progreso (en especial: a nivel privado y en relación a defectos de productos y servicios, art. 140 RDLeg. 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; y a nivel público y en relación con la responsabilidad de la Administración, art. 34 L 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público)[119]; ¿cómo entonces admitir la incertidumbre de un riesgo potencial al respecto de la informática y la inteligencia artificial?

Lo anterior, a su vez, nos lleva nuevamente a la toma de decisiones relativas a la investigación y a la puesta en funcionamiento de máquinas y sistemas inteligentes (tanto a priori, como coetáneamente); y con esto, no sólo a la clásica cuestión de la mayor o menor participación de científicos e ingenieros en tales decisiones[120], sino, e incluso, si una máquina inteligente podría participar en decisiones que afecten a la propia inteligencia artificial de ella misma o de otras. En cuanto a esto último, la informática y la inteligencia artificial pueden desarrollar (entendemos) un papel muy interesante en el futuro a la hora de evaluar técnicamente cuestiones tecnológicas, sobre todo a la vista del grado de incerteza (incertidumbre) con el que hoy la ciencia y la tecnología se mueven de ordinario al respecto (según se ha advertido más arriba); otra cosa es, sin embargo, dejar que una máquina inteligente pueda decidir sobre ella u otras, salvo que mantengamos el control sobre ésta (conforme también se ha señalado) a fin de poder, no sólo abortar decisiones potencial o efectivamente peligrosas, sino imputar a las personas la responsabilidad inicial y ulterior de la decisión. Lo que desde luego no cabe, entendemos, es utilizar la informática, y en su caso la inteligencia artificial, para extraer de la política (e incluso del Derecho) la toma de decisiones dada una supuesta toxicidad de ésta en relación con la materia a resolver (tal como precisamente se ha planteado en relación con la distribución de refugiados en Europa, según se ha señalado); ello sería un intento de obviar la responsabilidad (política), lo que no compartimos desde una perspectiva constitucional (según venimos advirtiendo).

Respecto a la toma de decisiones relativas a la informática y a la inteligencia artificial, la referida limitación que de la responsabilidad jurídica hoy se predica nos llevaría consecuentemente a reforzar aquélla tanto a priori, como de manera coetánea o paralela. A priori, procedimentalmente (de un lado), procurándose una intervención plural y participativa de sujetos públicos, privados y expertos (en una variabilidad, claro, dependiente del tipo de decisión a adoptar); y sustantivamente (de otro), en atención al respeto hacia los demás (principio de responsabilidad), la funcionalidad y la finalidad social y general (incluso)[121], junto a los defectos o problemas detectados (conocidos) o cognoscibles en potencia o bajo sospecha (en especial, con ocasión de versiones beta puestas a disposición de múltiples sujetos antes de su definitiva comercialización o apertura al público en general). Y paralela y cautelarmente cuando luego, tras la decisión inicial, se desvelan nuevos problemas o riesgos potenciales, debiéndose resolver lo más pronto posible, e incluso llegándose excepcionalmente a suspender la actividad (en atención al tipo y grado del daño o riesgo detectado), en su caso (a modo de adaptación blanda del principio de precaución, ahora), y en tanto se resuelve definitivamente la materialización o no del riesgo.

IX. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL

Insistimos, no estamos en la Era de Ultrón, pero sí que puede que estemos ante ella, en cuanto que potencial riesgo a evitar; somos, finalmente, conscientes de su posibilidad (aunque hipotética), y nuestra responsabilidad, constitucional, es impedirlo. Ahora bien, lo anterior no ha de llevarnos, sin más, a negar desde el Derecho constitucional la inteligencia artificial, sino a, siendo conscientes de los riesgos a los que ella puede dar lugar, colaborar a encauzar su desarrollo de modo que ésta quede dentro de lo constitucionalmente posible y lo postulado o promovido por unos y otros (siempre principio democrático, y en particular en su dimensión pluralista); gestión del riesgo, al fin y al cabo[122], desde el marco constitucional. Y todo esto (y conforme lo planteado antes):

– Procurando un concepto propio de la inteligencia artificial desde el Derecho público, pues no es positivo (según hemos advertido en anteriores trabajos) que el Derecho (y por tanto el Derecho constitucional) se limite a actuar siempre a rebufo del progreso tecnológico, ya que en tal caso la tecnología (la informática y la inteligencia artificial, para estas páginas) resulta en una posición de predominio sobre el pulso existente entre ella y el Derecho público (y la Constitución), a la par que el Derecho pierde su dimensión racional-normativa. La única forma de romper esa dinámica es, dentro de los márgenes técnicos que supone siempre abarcar jurídicamente conceptos inicialmente tecnológicos y mutables (a tenor de su evolución), alcanzar cierta concepción jurídica (no sólo tecnológica) de la informática y de la inteligencia artificial desde el Derecho público, aunque sea provisional, genérica y apriorística[123].

– Desde la anterior idea, planteándonos entonces quiénes y cómo se deba decidir sobre cuestiones que afecten a la inteligencia artificial; y ello, buscando abarcar tanto el elemento técnico del objeto, como el principio democrático y la garantía del pluralismo y las minorías. Y al hilo de esto, y al tiempo, la articulación además de instrumentos de exigencia de efectiva responsabilidad a posteriori, incluyendo su dimensión más política.

– Hablando de responsabilidad no se ha de olvidar, por otra parte, su dimensión previa, en cuanto que principio jurídico desde el que orientar el progreso tecnológico, y por tanto el informático y la misma inteligencia artificial; recuperar así el deber actuar neokantiano tanto al respecto del desarrollo de la investigación, como luego en relación con los parámetros que han de integrar la programación base de una inteligencia artificial.

– Previendo los conflictos constitucionales que al tiempo pueda ir suponiendo la inteligencia artificial, a fin de resolverlos y encauzarlos constitucionalmente. Desde la dimensión apriorística antes señalada, se ha de mantener el pulso de la tensión entre el Derecho y la informática (de un lado), de manera que podamos reabsorber el conflicto con el menor daño posible (tanto en relación con los bienes jurídico-constitucionales, como al propio progreso informático); e incluso, diseñando mecanismos de resolución de dichos conflictos lo más efectivos posible (de otro lado).

– Advirtiendo también la prohibición y limitación de manifestaciones de la inteligencia artificial contrarias a principios y bienes de la máxima relevancia constitucional; y de esta manera potenciando la dimensión político-normativa del Derecho constitucional, frente a la meramente judicial y conflictual que hoy tiende a prevalecer en el contexto de la globalización[124].

– Al amparo de tal contexto globalizado (precisamente), extender el objeto jurídico «informática e inteligencia artificial» a ámbitos supraestatales, de manera que las respuestas constitucionales alcanzadas sean capaces de regular y resolver de manera cierta una realidad esencialmente virtual y que escapa de la acción física y clásica de los Estados; y en tal sentido, efectivamente, la propia configuración de internet (red, además, en la que conectar sistemas inteligentes), como paradigma de la necesidad de regulación supraestatal[125].

– Advertida asimismo la dimensión positiva de la informática para el Derecho constitucional (al respecto de las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos, y especialmente en cuanto a políticas sociales), abriendo la Constitución, en su caso (pero desde luego el más genérico Derecho público), a potenciales efectos positivos de la inteligencia artificial sobre la misma, más allá del por sí relevante valor constitucional que supone el mero progreso social, económico y cultural que pueda impulsar la inteligencia artificial.

– Y finalmente, claro, contribuir a proyectar tal fomento de la informática y de la inteligencia artificial conforme a la dignidad de la persona (y de los demás principios y derechos y libertades que de ella se derivan), y en post del más genérico progreso humano[126].

Title: Constitutional law in the age of Ultron: information technology and artificial intelligence as a constitutional object

Resumen: Este trabajo tiene como objeto los retos del Derecho constitucional al respecto de la informática, en general, y de la inteligencia artificial, en especial. Los riesgos que para la humanidad ya se predican en relación con la inteligencia artificial exigen de los constitucionalistas que afronten tal cuestión. Siguiendo la estela de la ciencia ficción, nos planteamos cómo abordar constitucionalmente evitar los riesgos que para la humanidad puede suponer la inteligencia artificial, pero ello sin obviar su potencial dimensión positiva para el progreso humano. En este sentido, se parte de la experiencia constitucional existente sobre la tecnología y la informática, para luego concretar en la inteligencia artificial.

Palabras clave: Derecho constitucional, progreso informático, inteligencia artificial.

Abstract: This paper aims the Constitutional law challenges on the grounds of computing, and especially about artificial intelligence. The risks for humanity predicted in relation to artificial intelligence demand constitutional science to deal with this question. Following science fiction, we consider how to avoid possible risks for humanity from artificial intelligence from a constitutional point of view, keeping in mind its potential positive dimension to human progress. In this sense, this paper considers the constitutional experience on technology and computers in order to focus on artificial intelligence.

Key words: Constitutional Law, computing progress, artificial intelligence.

Recibido 07.10.2016

Aceptado: 19.12.2016