LA PRÁCTICA CONVENCIONAL DE ESPAÑA Y FILIPINAS RELATIVA
A LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE RESERVAS[*]

The Conventional Practice of Spain and The Philippines concerning reservations to Human Rights Treaties

Alicia María Pastor-García

Universidad de Málaga

ampastor@uma.es

doi: http://dx.doi.org/10.18543/ed-66(1)-2018pp303-316

Recibido: 12.04.2018

Aceptado: 25.06.2018

Resumen

El presente artículo se centra en el análisis de las reservas de España y Filipinas a distintas convenciones internacionales que tienen como finalidad la protección efectiva de los Derechos Humanos. De esta manera, hemos considerado que el estudio de las reservas hechas a un elevado número de convenciones multilaterales destinadas a la protección de los Derechos Humanos, así como las objeciones formuladas a las mismas, representa una forma idónea de constatar la práctica de España y Filipinas en la salvaguardia de estos derechos.

Palabras clave

Reservas, Derechos Humanos, Convenciones, España. Filipinas.

Abstract

The present study focuses on analyzing the reservations of Spain and the Philippines to different international conventions that aim to effectively protect Human Rights. In this sense, we have considered that the analysis of the reservations, as well as the objections made to them, made to a large number of multilateral conventions destined to the protection of Human Rights represents a suitable way to verify the practice of Spain and the Philippines towards safeguarding these rights.

Keywords

Reservations, Human Rights, conventions, Spain, the Philippines.

Sumario: I. Consideraciones generales. II. Práctica convencional de españa y filipinas. 1. Práctica relativa a los tratados sobre Derechos Humanos. 2. Práctica relativa a los protocolos facultativos. III. Reflexiones finales.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

La protección de los Derechos Humanos representa en la actualidad una de las funciones principales del Derecho Internacional, cuyo desarrollo se lleva a cabo esencialmente a través de instrumentos convencionales de carácter multilateral. No obstante, no resulta extraño en la práctica que estos convenios vean limitado su alcance por medio de las reservas[1] manifestadas por los Estados Partes a los mismos, aunque esto facilite su ámbito espacial de aplicación. Esta práctica da lugar a las tensiones surgidas en torno al binomio universalidad-integridad de los convenios cuyo objeto es la protección de Derechos Humanos.

En este sentido cabe señalar que, mientras que algunos Estados optan por no ratificar aquellos tratados cuyo objeto es la protección de los Derechos Humanos, otros Estados deciden ser partes de los mismos haciendo uso del mecanismo jurídico de las reservas[2]. Una práctica que podría limitar el ámbito de aplicación material del tratado, en la medida en que el consentimiento de un Estado en obligarse por una convención de estas características se encontraría condicionado por el establecimiento de ciertas reservas, las cuales podrían, llegado el caso, comprometer el principio de integridad del convenio y su alcance jurídico.

El presente estudio se centra en el análisis de las reservas de España y Filipinas a distintas convenciones internacionales que tienen como finalidad la protección efectiva de los Derechos Humanos. De esta manera, hemos considerado que el análisis de las reservas hechas a un elevado número de convenciones multilaterales destinadas a la protección de los Derechos Humanos representa una forma idónea de constatar la posición de España y Filipinas hacia la salvaguardia de estos derechos, así como el examen de las objeciones formuladas a reservas de otros países.

Por lo que se refiere al ámbito espacial de estos tratados hemos de destacar que cuentan, en su mayoría, con una amplia ratificación. No obstante, también se han formulado un considerable número de reservas, algunas de las cuales podrían considerarse contrarias al objeto y fin del tratado, con el perjuicio resultante para la debida protección de los Derechos Humanos contenidos en estos instrumentos convencionales. Por este motivo, entendemos que la práctica de España y Filipinas en este contexto representa un buen elemento para valorar el compromiso de ambos Estados respecto de la protección de los Derechos Humanos.

Así, dentro de los tratados con un mayor número de ratificaciones, destaca la Convención sobre los Derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, con un total de 196 Estados partes[3]. Igualmente, encontramos otros muchos convenios con un alcance significativo, como es el caso de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, de la que actualmente son partes 189 Estados; del Convenio Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, de 1966, con un total de 178; o de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2006[4], con 174 Estados partes. Pues bien, todos estos convenios[5] cuentan con un elevado número de reservas y declaraciones interpretativas[6].

Igualmente, dentro de los tratados a los que se han formulado un mayor número de reservas también figuran: el Pacto internacional de derechos civiles y políticos[7]; el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales[8] y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[9].

Por su parte, entre los tratados internacionales con un menor número de ratificaciones se encuentran: la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares[10], la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad[11], la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas[12], y la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid[13]. En efecto, todas ellas con un número de reservas bastante inferior al de aquellas convenciones que cuentan con un mayor alcance espacial. Si bien cabe hacer especial referencia en este contexto al Convenio constitutivo del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe[14] y a la Convención internacional contra el apartheid en los deportes[15], a las que se ha formulado apenas una declaración, respectivamente[16].

A la luz de estos datos cabe afirmar que el mayor alcance de los tratados puede traer aparejado un mayor número de reservas. Tanto es así, que los tratados enumerados con carácter previo cuentan con más reservas y declaraciones interpretativas que aquellos tratados que tienen un menor alcance internacional. Unos datos que evidencian la relación directamente proporcional existente entre el número de reservas y la universalidad de los convenios multilaterales.

II. PRÁCTICA CONVENCIONAL DE ESPAÑA Y FILIPINAS

1. Práctica relativa a los tratados sobre derechos humanos

Con el objetivo de constatar la posición de España y Filipinas hacia la protección de los Derechos Humanos, nuestra atención se ha dirigido a la práctica convencional que han generado ambos Estados tanto sobre las reservas como las objeciones a las mismas. En este sentido, la práctica convencional de Filipinas es bastante uniforme, ya que este Estado es parte de la práctica totalidad de los tratados que han sido analizados. No obstante, a pesar de su alta participación en los convenios internacionales cuyo objeto es la protección de Derechos Humanos, hemos de decir que la formulación de reservas por parte de este Estado es muy escasa.

Efectivamente, en el estudio llevado a cabo sólo se ha observado una reserva formulada por parte de este país, en concreto al artículo IV del Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio[17], relativo al castigo del delito de genocidio cometido por cualquier persona, incluidos los gobernantes. En este caso, el Gobierno de Filipinas establece que no puede sancionar ninguna acción que someta a su Jefe de Estado, de manera que queden anuladas ciertas inmunidades garantizadas por la Constitución de Filipinas. Asimismo, esta reserva hace referencia al artículo VII, cuyo efecto queda subordinado a que la legislación de este Estado establezca la definición y sanción del delito de genocidio, así como a los artículos VI y IX del citado convenio, con el objetivo de no privar de su competencia a los juzgados y tribunales de Filipinas para aquellos casos de genocidio cometidos en su territorio:

«1. With reference to article IV of the Convention, the Philippine Government cannot sanction any situation which would subject its Head of State, who is not a ruler, to conditions less favorable than those accorded other Heads of State, whether constitutionally responsible rulers or not.  The Philippine Government does not consider said article, therefore, as overriding the existing immunities from judicial processes guaranteed certain public officials by the Constitution of the Philippines.

2. With reference to article VII of the Convention, the Philippine Government does not undertake to give effect to said article until the Congress of the Philippines has enacted the necessary legislation defining and punishing the crime of genocide, which legislation, under the Constitution of the Philippines, cannot have any retroactive effect.

3. With reference to articles VI and IX of the Convention, the Philippine Government takes the position that nothing contained in said articles shall be construed as depriving Philippine courts of jurisdiction over all cases of genocide committed within Philippine territory save only in those cases where the Philippine Government consents to have the decision of the Philippine courts reviewed by either of the international tribunals referred to in said articles. With further reference to article IX of the Convention, the Philippine Government does not consider said article to extend the concept of State responsibility beyond that recognized by the generally accepted principles of international law» [18].

Por lo que respecta a España, también es parte de un número significativo de tratados multilaterales cuyo objeto es la protección de Derechos Humanos. De hecho, este Estado ha formulado determinadas reservas y declaraciones a algunos de ellos[19], aunque las mismas no representan un número muy elevado. En concreto, España formuló la siguiente reserva a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer:

«La ratificación de la Convención por España no afectará a las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona española»[20].

Además hizo las siguientes declaraciones a la Convención sobre los Derechos del niño:

«1. Con respecto al párrafo d) del artículo 21 de la Convención, España entiende que de la interpretación del mismo nunca podrán deducirse beneficios financieros distintos de aquellos que fueran precisos para cubrir los gastos estrictamente necesarios que puedan derivarse de la adopción en el supuesto de niños y niñas que residan en otro país.

2. España, deseando hacerse solidaria con aquellos Estados y organizaciones humanitarias que han manifestado su disconformidad con el contenido de los párrafos 2 y 3 del artículo 38 de la Convención, quiere expresar asimismo su disconformidad con el límite de edad fijado en ellos y manifestar que el mismo le parece insuficiente, al permitir el reclutamiento y participación en conflictos armados de niños y niñas a partir de los quince años»[21].

Por otro lado, resulta igualmente interesante tratar de evaluar la posición de España y Filipinas en lo que se refiere a la formulación de objeciones a aquellas reservas que consideran incompatibles con el objeto y finalidad del convenio. No obstante, cabe decir que es habitual que las objeciones establezcan que las mismas no impiden la entrada en vigor del tratado entre el país que formula la reserva y el que formula la objeción. Una posición que no siempre puede llevar a la solución de la controversia surgida al respecto, salvo en aquellos casos en los que el Estado que formula la reserva opta por retirarla como resultado de las presiones ejercidas por parte de la comunidad internacional[22].

En este sentido, cabe destacar que la práctica convencional de Filipinas en relación con las objeciones es bastante escasa. Tanto es así, que en el desarrollo de este estudio no se ha observado objeción alguna por parte de Filipinas. Sin embargo en el caso de España sí es muy significativo el número de objeciones formuladas a aquellas reservas que considera incompatibles con el objeto y fin del tratado, una tendencia acorde con la de otros países europeos[23].

Es más, España ha formulado objeciones a multitud de reservas de otros países en aquellos tratados de Derechos Humanos de los que este país es parte. De hecho, existe alguna objeción por parte de España en la práctica totalidad de los convenios que han sido analizados.

En algún caso se ha llegado a observar la elevada cifra de siete objeciones de España en un mismo tratado multilateral, concretamente a reservas formuladas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En otros casos el número de objeciones formuladas ha sido algo inferior, como en el caso del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, respecto del cual se han formulado cuatro objeciones, o la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que consta de tres objeciones por parte de España a algunas de las reservas que han sido formuladas. Así pues, en este estudio se han analizado un total de 19 objeciones por parte de este Estado[24], formuladas principalmente a reservas de países de Oriente Medio[25], aunque no son las únicas reservas que han recibido objeciones por parte de España[26].

Sin embargo, resulta llamativo sobre el particular el hecho de que una convención con un alcance internacional tan amplio como es la Convención sobre derechos del niño, y por consiguiente con un elevado número de reservas, no ha recibido objeción alguna por parte de España. Asimismo, este país tampoco ha formulado ninguna objeción a las reservas o declaraciones formuladas a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas ni al Convenio constitutivo del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Aunque no sorprende en estos casos la ausencia de objeciones por parte de España ya que, como ya se puso de manifiesto en páginas precedentes de este estudio, se trata de dos convenios con un reducido alcance internacional y que, por consiguiente, cuentan con un mínimo número de reservas[27].

No obstante, llegados a este punto cabe preguntarse la importancia de las relaciones bilaterales de los Estados en el contexto de la protección de los Derechos Humanos[28], máxime teniendo en cuenta que una objeción por parte de un Estado a una reserva no impide la entrada en vigor del tratado entre el Estado objetante y el Estado autor de la reserva, salvo que así se estipule expresamente.

Finalmente cabe hacer referencia a aquellas disposiciones contenidas en el propio texto convencional de determinados tratados internacionales, destinadas a asumir la competencia de un Comité, previa declaración de reconocimiento. Una disposición de estas características se encuentra contenida en el texto de los siguientes tratados: la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas[29], en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el Convenio Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Todos estos Comités han sido reconocidos por España, mientras que Filipinas sólo ha reconocido la competencia del Comité del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, si bien hemos de decir que la declaración por la que un país decide someterse a la supervisión de un Comité se puede hacer en cualquier momento. No obstante, cabe destacar que en la mayoría de los casos estudiados la competencia de estos Comités no viene determinada en el texto de los tratados, sino en los denominados protocolos facultativos[30] a los que a continuación nos referimos.

2. Práctica relativa a los protocolos facultativos

Por último, se ha considerado conveniente ocuparse del análisis de los protocolos facultativos de estas convenciones, en los que se establece la creación de Comités como órganos de control en la aplicación de estos convenios[31]. En este caso la tendencia apunta a un menor número de Estados partes, en comparación con el número de países que han ratificado el correspondiente tratado multilateral del que emana cada uno de estos instrumentos internacionales. Por consiguiente, las declaraciones y las reservas en este caso no serían tan abundantes, aunque seguimos encontrando importantes objeciones a algunas de ellas[32].

En este sentido, podemos destacar algunos protocolos que cuentan con un elevado número de ratificaciones, como es el caso del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, del que son partes 116 Estados. Sin embargo, el otro protocolo derivado de este convenio: el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos destinado a abolir la pena de muerte, tiene en la actualidad un número de Estados partes sensiblemente menor que el anterior, en concreto 84 países. Además, el menor número de ratificaciones de este protocolo ha dado lugar sólo a cinco reservas[33] y dos declaraciones, frente a la multitud de reservas y de declaraciones interpretativas formuladas al primer protocolo[34].

Por otro lado, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también tiene un gran alcance internacional, específicamente son 109 sus Estados partes, a pesar de lo cual sólo se han formulado seis declaraciones, ninguna de las cuales ha recibido objeción alguna por parte de otro Estado. En este caso las cifras contrastan con los datos correspondientes a la convención internacional de la que deriva este protocolo facultativo, puesto que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer cuenta con un elevadísimo número de reservas y declaraciones interpretativas, así como de objeciones a las mismas.

Algo similar sucede con el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, del que son partes 92 Estados, entre los que no se encuentra Filipinas. Sin embargo, sólo se han formulado tres declaraciones, por parte de: Azerbaiyán, la República Árabe Siria y Turquía[35].

Por lo que respecta a los protocolos facultativos derivados de la Convención sobre los Derechos del niño, en concreto: sobre la participación de niños en conflictos armados[36] y el Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; el número de Estados partes es muy superior al de otros protocolos, en concreto 166 y 173 partes respectivamente[37]. No obstante, los datos obtenidos en este sentido no resultan especialmente sorprendentes teniendo en cuenta que se trata de protocolos cuyo objeto no es la creación de un Comité como órgano de control, sino de ámbitos de protección concretos derivados de una convención con un gran alcance internacional[38]. Sin embargo, el número de Estados partes de estos protocolos contrasta con los escasos 34 países[39] que son partes del tercer protocolo facultativo que deriva de esta convención, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, cuyo objeto es reconocer la competencia del Comité de los derechos del niño así como establecer un sistema de comunicaciones y un procedimiento de investigación.

Por su parte, entre los protocolos que cuentan con un menor número de ratificaciones a la fecha de redacción de este artículo, se encuentran el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el escaso número de 22 Estados partes[40], y el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con 83 Estados partes. En este último caso, Filipinas hizo la siguiente declaración:

«In accordance with Part V, Article 24 of the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, the Republic of the Philippines hereby declares the postponement of the implementation of its obligations under Part III of the Optional Protocol, specifically Article 11 (1)(a) on the visitations by the Subcommittee on Prevention to places referred to in Article 4 and for them to make recommendations to States Parties concerning the protection of persons deprived of their liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.»[41]

Como se puede observar, la práctica de Filipinas y España en lo que respecta al número de reservas o declaraciones formuladas a estos Protocolos facultativos guarda similitud con la práctica de estos Estados relativa a los textos convencionales. Del mismo modo, el número de objeciones se puede equiparar en ambos casos puesto que, si bien seguimos sin encontrar objeciones por parte de Filipinas a ninguna reserva formulada a estos protocolos por parte de otro Estado, en el caso de España encontramos un total de cuatro objeciones: un descenso lógico en el número de objeciones si tenemos en cuenta que el número de reservas formuladas a los protocolos facultativos es inferior que en el caso de las convenciones.

III. REFLEXIONES FINALES

De todo lo expuesto se deduce que la práctica convencional de Filipinas en lo que respecta a los tratados destinados a la protección de Derechos Humanos es muy homogénea: prácticamente todos los convenios analizados en el desarrollo de este estudio han sido ratificados por Filipinas y apenas se han encontrado reservas por parte de este Estado, lo que representa una práctica conforme a la salvaguardia de los Derechos Humanos contenidos en estos tratados multilaterales de carácter universal. Sin embargo, no se han observado objeciones a reservas formuladas por otros Estados partes, lo que deja entrever una actitud pasiva por parte de este país hacia la protección de la integridad del texto convencional.

Por otro lado, en cuanto a los Comités como organismos de control y supervisión del tratado, hemos de decir que Filipinas no reconoce la competencia de muchos de ellos, lo que contrasta con el elevado número de tratados internacionales del que este Estado es parte.

En el caso de España, su práctica convencional es algo más variada. España es parte de diez de los catorce tratados que han sido analizados, aunque no se caracteriza por formular reservas o declaraciones interpretativas a estos instrumentos convencionales. No obstante, sí destaca el número de objeciones formuladas a aquellas reservas que este Estado considera incompatibles con el objeto y fin del tratado, en aras de preservar el principio de integridad de estos convenios. Asimismo, cabe destacar que España ha aceptado la competencia de los Comités de todos aquellos convenios que han sido objeto de estudio, lo que representa una práctica acorde con la debida protección de los Derechos Humanos contenidos en los tratados de los que este país es parte.

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