Estudios de Deusto
Revista de Derecho Público
ISSN 0423-4847 (Print)
ISSN 2386-9062 (Online)
DOI: http://dx.doi.org/10.18543/ed
Vol. 74/2, julio-diciembre 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.18543/ed7422026
Estudios
ENTRE LA NORMA Y LA REALIDAD: LA APLICACIÓN DE LOS MASC COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN DISTINTOS PROCESOS JUDICIALES[1]
Between the Law and Reality: The Application of MASC as a Procedural Prerequisite in Different Judicial Proceedings
Federico Adan Domènech[2]
Catedrático de Derecho Procesal
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. España
https://orcid.org/0000-0002-8382-8094
https://doi.org/10.18543/ed.3745
Fecha de recepción: 19.06.2026
Fecha de aceptación: 31.08.2026
Fecha de publicación anticipada en línea: noviembre 2026
Resumen
La introducción de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad por la Ley Orgánica 1/2025 constituye una de las reformas más transformadoras del proceso civil. Su objetivo es promover la resolución consensuada de conflictos y reducir la carga de trabajo de los tribunales. Sin embargo, el artículo pone de manifiesto que esta profunda modificación no ha ido acompañada de una adaptación coherente del resto de instituciones procesales, generando importantes lagunas, contradicciones e incertidumbres interpretativas. El estudio examina diversos ámbitos conflictivos y pone de manifiesto las contradicciones, lagunas normativas y problemas de encaje que genera la aplicación de los MASC en instituciones procesales diseñadas con anterioridad a la reforma. A partir de este análisis, no solo se identifican las principales dificultades interpretativas derivadas de la nueva regulación, sino que también se proponen soluciones orientadas a armonizar el requisito de procedibilidad con la estructura y finalidad de cada procedimiento e institución.
Palabras clave
Requisito de procedibilidad, circulación, familia, seguro, comunidad propietarios.
Abstract
The introduction of Appropriate Dispute Resolution Methods (ADRMs) as a procedural admissibility requirement by Organic Law 1/2025 constitutes one of the most transformative reforms of Spanish civil procedure. Its primary objective is to promote consensual dispute resolution and reduce the workload of the courts. However, the article demonstrates that this far-reaching reform has not been accompanied by a coherent adaptation of the existing procedural framework, giving rise to significant legal gaps, inconsistencies, and interpretative uncertainties. The study examines several problematic areas and highlights the contradictions, regulatory shortcomings, and compatibility issues arising from the application of ADRMs to procedural institutions designed prior to the reform. Based on this analysis, it not only identifies the main interpretative difficulties generated by the new regulation but also proposes solutions aimed at harmonising the admissibility requirement with the structure, purpose, and specific characteristics of each procedural mechanism and institution
Keywords
Admissibility requirement, road traffic accidents. family law, insurance, homeowners’ associations.
Sumario: I. Introducción. II. Punto de partida: la delimitación del ámbito de aplicación de los MASC. III. De La Delimitación Normativa A La Identificación De Lagunas: Implementación De Los MASC a procesos incluidos en su ámbito de aplicación. 1. Demanda de separación, divorcio y, en su caso, de medidas definitivas tras la adopción de las medidas provisionales previas. 1.1. Planteamiento del problema. 1.2. Incompatibilidad estructural entre el plazo preclusivo y la negociación previa. 2. Juicio de desahucio y enervación. 2.1. Planteamiento del problema. 2.2. Diferencias estructurales y funcionales. 3. Reclamaciones individuales de consumidores y MASC. 3.1. Planteamiento del problema. 3.2. Cumplimiento del requisito de procedibilidad mediante reclamación extrajudicial. 3.3. Cuestiones problemáticas. 3.3.1. Validez de las reclamaciones extrajudiciales anteriores a la entrada en vigor de la LO 1/25. 3.3.2. Acciones de usura y acumulación con acciones de consumo. 3.3.3. Inaplicación del plazo del artículo 7.3 LO 1/25 a las reclamaciones del artículo 439 bis LEC. 4. Proceso monitorio y MASC. 4.1. Planteamiento del problema. 4.2. Aplicación del MASC al proceso monitorio de propiedad horizontal. 4.3. Procesos declarativos derivados de la oposición al monitorio. 5. Procesos derivados de accidentes de circulación y MASC. 5.1. Planteamiento del problema. 5.2. Suficiencia de la reclamación previa como equivalente funcional del MASC. 5.3. Límites. 5.3.1. Límites subjetivos. 5.3.2. Límites temporales. V. Conclusiones. IV. Bibliografía. V. Jurisprudencia.
I. INTRODUCCIÓN
La obligatoriedad del requisito de procedibilidad consistente en el intento previo de un medio adecuado de solución de controversias, en adelante, MASC, efectuada por la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, medidas de eficiencia del servicio público de justicia, en adelante LO 1/25[3], constituye una de las transformaciones más relevantes del derecho procesal civil, transformación que parte de la doctrina ha calificado de cambio de paradigma (Castresana, 2025: 2 y Corella, 2025: 7). Sin embargo, dicha reforma no ha venido acompañada de una adaptación del conjunto de procedimientos e instituciones previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que ha generado contradicciones y lagunas (Linares, 2025: 153) que se intentan solucionar con la buena voluntad de los diferentes operadores jurídicos (Santos 2025: 4). La falta de coordinación de la nueva normativa con procesos judiciales ya existentes evidencia una técnica legislativa fragmentaria que dificulta la aplicación uniforme del nuevo modelo.
Aceptando esta premisa, el presente trabajo tiene por objeto poner de relieve las omisiones y desajustes en los que incurre el legislador, al configurar el ámbito de aplicación del requisito de procedibilidad basado en los MASC, así como analizar las consecuencias prácticas que de ello se derivan. Ante esta situación, el trabajo no se limita a una mera descripción de las disfunciones detectadas, sino que propondremos soluciones para las controversias interpretativas que inevitablemente se plantean. En este sentido, partimos de la idea de que la resolución de estos conflictos no puede basarse exclusivamente en una interpretación literal de los preceptos, sino que requiere de una aproximación finalista, conforme al artículo 3 del Código civil, que tenga en cuenta, la función específica de cada tipo de procedimiento dentro del sistema procesal, la compatibilidad del requisito de negociación previa con la estructura y finalidad de dichos procedimientos, y, en última instancia, la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva en condiciones de seguridad jurídica (Mateos, 2026: 3).
De este modo, el análisis que se propone pretende contribuir a la construcción de un marco interpretativo coherente que permita integrar el requisito de procedibilidad de los MASC en el texto procesal sin desnaturalizar las instituciones preexistentes.
II. PUNTO DE PARTIDA: LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS MASC
Uno de los aspectos problemáticos de la regulación introducida por la LO 1/25 reside en la delimitación de su ámbito de aplicación. El legislador ha optado por una técnica normativa mixta, por un lado, una definición amplia y genérica en los artículos 3 y 4, y, por otro lado, una concreción casuística mediante excepciones a la aplicación de los MASC en la norma 5, especialmente en su apartado segundo.
En primer lugar, los preceptos 3, 4 y 5 LO 1/25 configuran el ámbito de aplicación de los medios adecuados de solución de controversias en términos amplios. La norma parte de la idea de que los MASC deben operar con carácter general en el ámbito civil y mercantil, siempre que el objeto del litigio recaiga sobre materias disponibles. Este planteamiento responde a la finalidad declarada de la ley, que no es otra que la de fomentar la solución consensuada de los conflictos y reducir la litigiosidad (Linares, 2025: 150). A efectos de delimitar qué procesos del orden jurisdiccional civil y mercantil se encuentran afectados por el requisito de procedibilidad, la regla 5 del texto normativo los concreta en todos los procesos declarativos del Libro II y en los procesos especiales del Libro IV LEC.
No obstante, esta previsión amplia se ve inmediatamente matizada por el artículo 3.2 LO 1/25, que excluye, en todo caso, determinadas materias, en concreto las de carácter laboral, penal y concursal, así como aquellos asuntos en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público, con independencia de su naturaleza. Por su parte, el artículo 4 del mismo cuerpo legal introduce un límite adicional desde la perspectiva material, al vincular la utilización de los MASC al principio de autonomía privada, de modo que únicamente pueden emplearse respecto de derechos e intereses sobre los que las partes puedan disponer. De este modo, quedan excluidos los conflictos que versen sobre materias no disponibles conforme a la legislación aplicable, con una salvedad, las medidas provisionales previstas en los preceptos 102 y 103 del Código Civil, a efectos de regular la situación previa matrimonial. La combinación de estas normas permite delimitar con mayor precisión el alcance de los MASC, admitiendo su aplicación en los efectos patrimoniales y organizativos de las crisis matrimoniales, pero excluyéndolos en aquellos aspectos en los que prevalece el carácter indisponible del derecho o la protección de intereses superiores. Asimismo, la norma 4.2 LO 1/25 excluye los conflictos civiles relativos a materias no susceptibles de mediación conforme al artículo 89.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativos a la violencia sobre la mujer.
Finalmente, la limitación de la exigencia de la aplicación de los MASC se complementa con el apartado segundo del precepto 5 LO 1/25, el cual, si bien, en un primer momento declara la aplicación de los MASC a la totalidad de procesos declarativos del Libro II y procesos especiales del Libro IV LEC, a continuación, enuncia las excepciones a la regla general, concretándose las mismas en los procesos siguientes: a) la tutela judicial civil de derechos fundamentales; b) la adopción de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil; c) la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad; d) la filiación, paternidad y maternidad; e) la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute; f) la pretensión de que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande; g) el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos, la entrada en domicilios y restantes lugares para la ejecución forzosa de medidas de protección de menores o la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional; h) el juicio cambiario.
El resultado es un modelo de delimitación del ámbito de aplicación que combina una regla general excesivamente amplia con una serie de excepciones insuficientemente sistematizadas. La delimitación del ámbito de aplicación de la LO 1/25 no puede considerarse cerrada ni autosuficiente. Antes bien, requiere de una labor interpretativa que tenga en cuenta no solo el tenor literal de los preceptos, sino también la función de los distintos procedimientos dentro del sistema procesal.
III. DE LA DELIMITACIÓN NORMATIVA A LA IDENTIFICACIÓN DE LAGUNAS: IMPLEMENTACIÓN DE LOS MASC A PROCESOS INCLUIDOS EN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN
Una vez expuesto el modo en que el legislador ha articulado el ámbito de aplicación de los medios adecuados de solución de controversias, resulta necesario avanzar en el análisis, centrando la atención en los problemas que se suscitan en relación con los procesos que, aun estando formalmente incluidos dentro de dicho ámbito de aplicación, presentan dificultades específicas de aplicación del requisito de procedibilidad.
1. Demanda de separación, divorcio y, en su caso, de medidas definitivas tras la adopción de las medidas provisionales previas
1.1. Planteamiento del problema
Uno de los ámbitos en los que con mayor claridad se evidencian las insuficiencias del sistema introducido por la LO 1/25 es el relativo a los procesos de familia (Banacloche, 2025: 1), y en concreto, a la interposición de la demanda de separación, divorcio y, en su caso, de medidas definitivas tras la adopción de medidas provisionales previas, en los términos previstos por el artículo 771.5 LEC. En estos supuestos, el ordenamiento procesal establece un plazo de treinta días desde la adopción de las medidas previas para la presentación de la correspondiente demanda, configurando dicho plazo como elemento esencial para la continuidad y eficacia del procedimiento (Villa, 2025: 72).
La introducción del requisito de procedibilidad consistente en el intento previo de un medio adecuado de solución de controversias plantea, en este contexto, un problema de compatibilidad de plazos. La cuestión radica en determinar si resulta exigible el cumplimiento de dicho requisito en un marco temporal tan restringido, en el que la Ley procesal no ha previsto mecanismo alguno de coordinación entre la actividad negociadora previa y el respeto del plazo legalmente establecido para la presentación de la demanda.
1.2. Incompatibilidad estructural entre el plazo preclusivo y la negociación previa
El legislador, al configurar los MASC como presupuesto general de acceso a la jurisdicción, no ha contemplado, de manera expresa, su interacción con los plazos preclusivos propios de determinados procedimientos, lo que genera una situación de fricción normativa difícilmente resoluble mediante los criterios interpretativos ordinarios.
La incompatibilidad entre ambas exigencias resulta evidente si se tiene en cuenta que el ordenamiento no prevé mecanismos de suspensión ni interrupción del plazo de treinta días por la realización de un MASC. Es por ello, que el tiempo invertido en la negociación previa afecta necesariamente al plazo indisponible para interponer la demanda[4] (Lorca, 2026: 263), reduciendo de forma significativa su margen temporal. Ante esta incompatibilidad tanto las resoluciones judiciales como los acuerdos emitidos por los órganos judiciales se pronuncian en contra de exigir la realización de un MASC, de forma previa, a la presentación de la demanda de separación, divorcio y, en su caso, de medidas definitivas[5] (Valiño, 2026: 3). Argumentación que podemos sostener con base en los siguientes motivos.
En primer lugar, por una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. La exigencia del MASC en este contexto puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE, al imponer un requisito de procedibilidad que no puede cumplirse materialmente dentro del plazo legal (Lorca, 2026: págs. 273 y 276). El carácter preclusivo del plazo de treinta días, unido a la necesidad de desarrollar una negociación previa real (Linares, 2025: 153 y Simó, 2026: 6), genera un conflicto insalvable entre ambas exigencias, agravado por la ausencia de mecanismos de suspensión o interrupción. De esta forma, el justiciable se ve obligado a optar entre cumplir el requisito de procedibilidad o respetar el plazo de presentación de la demanda, lo que se traduce en la pérdida del acceso a una resolución sobre el fondo[6].
En segundo lugar, por convertir los requisitos formales en obstáculos al acceso a la jurisdicción. En conexión con lo anterior, la exigencia del MASC supondría una aplicación excesivamente rigorista de un requisito formal, que termina convirtiéndose en un obstáculo al acceso a la jurisdicción. En este caso, el MASC deja de cumplir su función de favorecer la solución extrajudicial y pasa a operar como un impedimento técnico, debido a su incompatibilidad con el plazo preclusivo. Así, se desnaturaliza su finalidad y se vulneraría el principio pro actione (Mateos, 2026: 3), al primar el formalismo sobre la efectividad del derecho de acción[7].
En tercer lugar, por desnaturalizar la urgencia y la finalidad de las medidas provisionales previas. La exigencia de un MASC resulta incompatible con la propia naturaleza del procedimiento de medidas provisionales previas, caracterizado por su urgencia y por la necesidad de ofrecer una respuesta inmediata a situaciones que no admiten demora, en relación con la convivencia marital, y, en especial, en relación con la protección de los menores[8]. La introducción de una fase obligatoria de negociación previa supone añadir un elemento de dilación que desvirtúa la finalidad del procedimiento, retrasando injustificadamente la obtención de una respuesta judicial definitiva, poniendo en peligro la conservación de estas medidas que deberán alzarse si no se presenta la demanda en el plazo establecido normativamente.
En cuarto lugar, por voluntad del legislador. Finalmente, debe destacarse que el legislador no ha previsto expresamente la incidencia de los MASC sobre el cómputo del plazo de treinta días en los procesos de familia. A diferencia de otras instituciones procesales, como ocurre con las medidas cautelares, no se establece ningún mecanismo de suspensión o interrupción del plazo que permita compatibilizar ambas exigencias (Marcos, 2026: 4 y Valiño, 2026: 3). Ello permite presumir que no ha sido voluntad del legislador imponer el MASC en este ámbito de forma estricta, ya que, de haber sido así, habría articulado expresamente un sistema de coordinación entre ambos elementos, intento de negociación y presentación de la demanda de separación, divorcio y, en su caso, de medidas definitivas[9].
2. Juicio de desahucio y enervación
2.1. Planteamiento del problema
En relación con los procesos de desahucio, la primera de las cuestiones que pueden ser objeto de controversia se concreta en el hecho de que la necesaria realización del MASC, como requisito de procedibilidad previo, resulta contrario a las características propias de esta modalidad procesal, por ser configurados estos juicios como procesos de naturaleza sumaria que pretenden la rápida restitución de la propiedad por parte del arrendador. Así, la realización de cualquiera de las modalidades de MASC ralentiza la celeridad exigida por el demandante. En la interinidad de estos juicios, la cuestión controvertida radica en determinar si el requerimiento, a través del cual se ofrece la posibilidad de enervar la acción conforme a los postulados del artículo 22.4 LEC, puede considerarse, funcionalmente, equivalente a un MASC y, en consecuencia, si permitiría entender cumplido o incluso sustituido el requisito de procedibilidad exigido por la nueva normativa.
Así, por un lado, existe un grupo de órganos judiciales que defienden que la enervación no equivale al MASC, al tratarse de instituciones con distinta naturaleza y finalidad. Desde esta perspectiva, el requerimiento de pago tiene como función permitir al arrendatario evitar el desahucio mediante el abono de la deuda, pero no implica necesariamente una auténtica actividad negociadora. Conforme a ello, para equiparar ambas instituciones se debería exigir que el arrendador, además del requerimiento de pago, ofrezca expresamente acudir a un MASC[10].
Por otro lado, un segundo grupo de órganos judiciales entiende que el requerimiento de pago en los términos del artículo 22.4 LEC puede considerarse un MASC suficiente, al incorporar un mecanismo legal de solución del conflicto que permite evitar el litigio mediante el cumplimiento de la obligación[11].
2.2. Diferencias estructurales y funcionales
A nuestro entender, no pueden ser equiparables ambas instituciones, por los siguientes motivos:
En primer lugar, por la diferente naturaleza del requerimiento. Los MASC se caracterizan por su actividad negociadora, se basan en la interacción entre las partes y en la búsqueda de una solución consensuada, convirtiéndose en una satisfacción voluntaria y flexible, pactada entre ambas partes en conflicto (Blázquez, 2025: 1-9. Y Simó, 2026: 1). En cambio, el requerimiento previo a la presentación de la demanda de desahucio se articula como un acto unilateral del arrendador[12], consistente en la exigencia del pago de la deuda, sin que exista un verdadero proceso de negociación ni una construcción conjunta de la solución, convirtiéndose en una exigencia estrictamente obligacional, limitada al pago de la deuda reclamada[13] (Cerrato, 2019: 7).
En segundo lugar, por su voluntariedad. Los MASC se configuran como un presupuesto obligatorio previo al proceso en determinados ámbitos, siendo innegociable su incoación
Blázquez, 2026: 2, Marcos, 2026, 1 y Mateos, 2026: 1), y no dependiendo ni de la voluntad de las partes ni del objeto del proceso ni de la existencia de procesos anteriores, y, por tanto, es siempre exigible y su exigencia unifica la tramitación de los juicios de desahucio.
Por el contrario, la enervación es un mecanismo eventual, que depende de la voluntad de las partes y de la actividad desplegada en procesos anteriores. En relación con la voluntad de las partes, la enervación no podrá ser ofrecida en los casos en que el arrendador haya requerido de pago al arrendatario previamente a la presentación de la demanda conforme a la norma 22.4 LEC[14]. En cuanto a la actividad desplegada en procesos anteriores, la enervación tampoco podrá ser ofrecida, en los casos en de que ya hubiese existido una enervación previa en un proceso anterior tal y como enfatiza el mismo precepto[15].
Finalmente, la enervación se erige como una institución no apta para todas modalidades de juicios de desahucio, esto es, solo es posible en los juicios de desahucio por falta de pago no en los procesos por expiración del plazo[16], por lo que, sólo en esa modalidad procedimental existirá el requerimiento de pago previo.
3. Reclamaciones individuales de consumidores y MASC
3.1. Planteamiento del problema
Una vez más, el problema surge de la coexistencia de dos sistemas que, lejos de integrarse de forma armónica, operan en planos parcialmente solapados. Por un lado, la LO 1/25 establece con carácter general la exigencia de una actividad negociadora previa como requisito para la admisión de la demanda en el orden civil. Por otro, el ordenamiento ya contemplaba, en el ámbito de las relaciones de consumo, mecanismos específicos de reclamación extrajudicial dirigida por el consumidor a los profesionales que cumplían una función similar, especialmente a través de los arts. 439.5 y 439 bis LEC.
3.2. Cumplimiento del requisito de procedibilidad mediante reclamación extrajudicial
Una primera cuestión que resolver consiste en determinar si la reclamación extrajudicial regulada, de forma específica, en esta disciplina jurídica y dirigida a la entidad o profesional puede considerarse suficiente para entender cumplido el requisito de procedibilidad.
La posición mayoritaria de la jurisprudencia menor[17] y la doctrina (Aparicio, 2025: 14, Blázquez, 2025: 8, Couso, 2026:.4, Lorca, 2026: 193 y Pérez, 2025: 356), han afirmado que sí, entendiendo que dicha reclamación constituye una manifestación válida de actividad preprocesal dirigida a la solución del conflicto. Este criterio se apoya en la disposición adicional séptima de la LO 1/25[18], así como en los arts. 439.5 y 439 bis LEC[19], que reconocen la relevancia de la reclamación previa en el ámbito de consumo y la integran en la lógica procesal de estos litigios.
En esta línea, parte de la doctrina ha destacado el carácter abierto de los MASC, configurados legalmente mediante una definición no cerrada o de numerus apertus, (Duplá, 2025: 4 y Rodríguez, 2026: 2), lo que permite integrar en su ámbito, distintos mecanismos de negociación preexistentes, la finalidad de la norma no es imponer un modelo formalista de negociación, sino garantizar un intento real de solución extrajudicial, por lo que cualquier mecanismo que cumpla dicha finalidad debe reputarse suficiente, siempre y cuando, se encuentre regulado, de forma específica en nuestro ordenamiento jurídico (Riba, 2025: 318).
3.3. Cuestiones problemáticas
Sin embargo, en esta modalidad procedimental no todas las cuestiones son pacíficas, planteándose tres interrogantes. En primer lugar, la validez de las reclamaciones extrajudiciales formuladas con anterioridad a la entrada en vigor de la LO 1/25 a efectos de cumplir el requisito de procedibilidad. En segundo lugar, la determinación del régimen aplicable en los supuestos en que se ejercitan acciones de nulidad por usura, especialmente cuando estas se acumulan a acciones propias del Derecho de consumo. Finalmente, la incidencia del límite temporal previsto en el artículo 7.3 de la LO 1/25 sobre las reclamaciones extrajudiciales formuladas al amparo del artículo 439 bis LEC o la disposición adicional séptima LO 1/25.
La ausencia de una regulación expresa que articule de manera sistemática estas cuestiones ha obligado a la jurisprudencia menor a construir soluciones interpretativas no siempre uniformes, poniendo de relieve la falta de coherencia interna del modelo.
3.3.1. Validez de las reclamaciones extrajudiciales anteriores a la entrada en vigor de la LO 1/25
Desde una perspectiva estrictamente normativa, debe partirse del hecho de que la LO 1/25 no establece limitación temporal alguna en relación con la validez de dichas reclamaciones. En particular, no exige que la actividad negociadora previa haya tenido lugar con posterioridad a su entrada en vigor, ni condiciona su eficacia a dicho elemento temporal. Partiendo de ello, excluir las reclamaciones anteriores supondría introducir un requisito no previsto expresamente por el legislador, en contra de la doctrina constitucional consistente en afirmar que los requisitos formales deben ser interpretados de modo restrictivo si dificultan el acceso a la jurisdicción (Damián, 2024: 152-156, López Menudo, 2002, 75-83). En esta línea, la jurisprudencia menor ha adoptado una posición favorable en relación con la validez de las reclamaciones extrajudiciales efectuadas por el interesado con anterioridad a la entrada en vigor de la LO 1/25[20], entendiendo que lo relevante no es el momento en que se formula la reclamación, sino su aptitud material para cumplir la finalidad perseguida por la norma, esto es, ofrecer a la parte demandada la posibilidad de resolver el conflicto de forma extrajudicial.
3.3.2. Acciones de usura y acumulación con acciones de consumo
Una segunda cuestión de especial complejidad se plantea en relación con las acciones basadas en la normativa sobre usura y, en particular, en los supuestos en que estas se ejercitan de forma acumulada junto a acciones propias del Derecho de consumo.
En los casos en que la acción de usura se ejercita de forma autónoma, determinados órganos judiciales han entendido que no nos encontramos ante una acción de consumo en sentido estricto, sino ante una acción fundada en la Ley de Represión de la Usura de 1908, ajena al sistema de protección específico del consumidor (Carrasco, 2019: 3). Desde esta perspectiva, no resultaría suficiente la reclamación extrajudicial previa, prevista en el ámbito del derecho de consumo, siendo exigible el cumplimiento del requisito general de procedibilidad mediante un MASC en sentido propio[21].
Sin embargo, la problemática se presenta en los supuestos de acumulación de acciones, en los que se ejercitan conjuntamente acciones de nulidad por usura y acciones basadas en la nulidad de condiciones generales de la contratación o en la falta de transparencia. En estos casos, a nivel judicial existe una doble interpretación. Por un lado, los órganos judiciales que defienden la necesaria realización del MASC[22]. Por otro lado, un segundo grupo de Tribunales que sostienen la innecesaridad de la formalización del MASC, aun con independencia de la acumulación de acciones, conforme a la disposición adicional 7 LO 1/25[23] o el artículo 439 bis LEC[24]. Postura esta segunda que defendemos por los siguientes motivos.
En primer lugar, por la especial protección del consumidor[25]. En el ámbito de consumo, el requisito de procedibilidad debe interpretarse de manera favorable a la efectividad de los derechos del consumidor, de acuerdo con el artículo 51 CE[26] y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional[27], que exige evitar formalismos que dificulten la protección real del consumidor. Ello comporta una flexibilización de las exigencias formales en la reclamación previa. Así, una interpretación restrictiva que niegue eficacia a la reclamación extrajudicial por la mera concurrencia de la acción de usura supondría penalizar indebidamente al consumidor que ejercita de forma acumulada sus derechos, imponiéndole cargas formales adicionales que se erigen como obstáculos en cuanto al acceso al proceso (Mateos, 2026: 3).
En segundo lugar, por el carácter de orden público de la protección al consumidor[28]. A diferencia de la Ley de Usura, que opera como una norma de control de precios de carácter nacional, el Derecho de Consumo emana de un mandato imperativo de la Unión Europea, motivo por el cual, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha otorgado a las normas de protección de los consumidores carácter de orden público. Esta jerarquía normativa implica que la acción de consumo no es una pretensión más dentro del proceso, sino que es la que activa las garantías constitucionales y comunitarias de tutela efectiva.
En tercer lugar, debe destacarse la vis atractiva del derecho de consumo, que opera como un verdadero principio de atracción normativa y procesal en aquellos supuestos en los que interviene un consumidor (Rojano, 2020: 50 e Isler, 2019: 54 y ss). La nulidad de un contrato de crédito constituye una pretensión sustancialmente unitaria que puede articularse a través de distintos fundamentos jurídicos. Sin embargo, cuando uno de ellos se incardina en el ámbito del derecho de consumo, este despliega una fuerza expansiva que atrae hacia sí la totalidad del litigio. De este modo, el derecho de consumo proyecta su régimen sobre el conjunto de la controversia, atrayendo también la acción de usura a sus reglas de admisibilidad, evitando interpretaciones fragmentarias.
3.3.3. Inaplicación del plazo del artículo 7.3 LO 1/25 a las reclamaciones del artículo 439 bis LEC
Finalmente, debe analizarse la incidencia del límite temporal de un año previsto en el artículo 7.3 de la LO 1/25 para presentar la demanda tras la realización del MASC sobre las reclamaciones extrajudiciales formuladas en el ámbito del artículo 439 bis LEC. La cuestión radica en determinar si dichas reclamaciones quedan sujetas al plazo de caducidad establecido para presentar la demanda tras el intento de negociación previa o si, por el contrario, constituyen un mecanismo autónomo no sometido a dicha limitación temporal. Una vez más, no existe una posición unánime. Un primer grupo de resoluciones judiciales defienden la aplicación del plazo de un año para interponer la demanda tras la reclamación extrajudicial[29]. Un segundo grupo de órganos judiciales sostiene que el plazo de un año regulado en el artículo 7.3 LO 1/25 no resulta de aplicación en esta modalidad procedimental[30]. La práctica judicial mayoritaria ha optado por esta segunda solución, considerando que las reclamaciones extrajudiciales en materia de consumo no se rigen por el plazo de un año establecido en el artículo 7.3 LO 1/25.
Sin embargo, a nuestro entender sí debe aplicarse el plazo de un año, por los siguientes motivos.
En primer lugar, las reclamaciones extrajudiciales de los artículos 439.5 y 439 bis LEC y la disposición adicional séptima de la LO 1/25 cumplen una función sustancialmente equivalente a los MASC, en tanto constituyen un mecanismo previo de solución del conflicto orientado a evitar la vía judicial. Precisamente por esta identidad funcional, debe entenderse que les resulta aplicable el mismo régimen temporal previsto para aquellos, en particular el plazo de un año del artículo 7.3 LO 1/25 para la interposición de la demanda. De lo contrario, se produciría una diferenciación artificiosa entre instrumentos que responden a una misma finalidad, generando una fragmentación injustificada del sistema. De este modo, la aplicación del plazo anual permite integrar coherentemente ambas figuras dentro de un mismo marco procesal, evitando soluciones dispares y asegurando una aplicación uniforme del derecho.
En segundo lugar, desde la perspectiva de la integración de lagunas, la ausencia de una previsión específica sobre el plazo para interponer la demanda tras la reclamación extrajudicial obliga a acudir al régimen general del artículo 7.3 LO 1/25, conforme a los criterios de supletoriedad y plenitud del ordenamiento jurídico (Cerdeira, 2012: 1011), más y cuando, es en este propio texto normativo donde se concede cobertura legal a la reclamación extrajudicial reconocida en la disposición adicional séptima.
En tercer lugar, la aplicación de dicho plazo responde a exigencias de seguridad jurídica, evitando que la eficacia de la reclamación extrajudicial quede indefinidamente abierta en el tiempo y garantizando un marco temporal cierto para el ejercicio de la acción. Asimismo, una interpretación contraria permitiría al demandante eludir el régimen general mediante la elección del cauce del artículo 439 bis LEC, lo que supondría una quiebra del principio de igualdad en la aplicación de la ley y del propio diseño normativo de los mecanismos previos de resolución de conflictos.
4. Proceso monitorio y MASC
4.1. Planteamiento del problema
El proceso monitorio, regulado en los artículos 812 y ss. LEC, se configura como un instrumento procesal dirigido a la reclamación rápida de deudas dinerarias, caracterizado por su simplicidad y por la existencia de un requerimiento de pago inicial al deudor. Esta estructura se intensifica en el ámbito de la propiedad horizontal, donde el art. 21.3 LPH impone, como presupuesto previo, la certificación de la deuda y su notificación al deudor (Simó, 2026: 8).
En este contexto, la implantación del requisito de procedibilidad suscita dos problemas jurídicos diferenciados, pero estrechamente conectados. En primer lugar, si el requisito de procedibilidad del MASC es exigible en los procesos monitorios de propiedad horizontal, o si, por el contrario, el requerimiento previo legalmente establecido en la norma 21.3 LPH puede considerarse suficiente a efectos de cumplir la finalidad de los MASC. En segundo lugar, si, en caso de oposición del deudor y transformación del juicio monitorio en un proceso declarativo, conforme a los postulados del artículo 818 LEC, resulta exigible la previa actividad negociadora como presupuesto para la tramitación del juicio ordinario o verbal.
Ambas cuestiones han generado una notable disparidad interpretativa en la práctica judicial, evidenciando la falta de coordinación entre el régimen del proceso monitorio y el nuevo modelo de procedibilidad.
4.2. Aplicación del MASC al proceso monitorio de propiedad horizontal
En relación con la primera cuestión, la regla general que se desprende del artículo 5 de la LO 1/25 es la exigibilidad del intento previo de un MASC como requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil, sin establecer una exclusión expresa para el proceso monitorio. Desde esta perspectiva, un sector relevante tanto de la jurisprudencia menor[31] como de la doctrina (Magro Servet, 2025: 2-3 y Lorca, 2026: 188-189) sostiene que el requisito de procedibilidad es plenamente aplicable a todos los procesos monitorios, incluidos los de propiedad horizontal. Esta posición se fundamenta en una interpretación literal y sistemática de la norma, conforme al principio lex non distinguit, entendiendo que la ausencia de excepción expresa impide excluir estos procedimientos de su ámbito de aplicación, y, por tanto, debe exigirse la acreditación de una actividad negociadora previa, cuya omisión determina la inadmisión de la petición inicial[32].
Frente a este posicionamiento, se ha desarrollado una línea interpretativa alternativa, especialmente en relación con el monitorio de propiedad horizontal, que cuestiona la exigencia del cumplimiento del MASC. Esta segunda corriente doctrinal y jurisprudencial pone el acento en la existencia de un requerimiento previo legalmente impuesto, consistente en la certificación de la deuda por la comunidad, y su notificación al deudor[33], equiparándose tal requerimiento a la negociación previa.
Ante esta dicotomía, debemos analizar si puede equipararse o no el MASC al requerimiento previo previsto en la ley de propiedad horizontal, en la medida en que cumple una función que, en términos materiales, presenta cierta proximidad con la finalidad perseguida por aquellos. En efecto, dicho requerimiento permite poner en conocimiento del deudor la existencia de una deuda líquida, vencida y exigible, al tiempo que le ofrece la posibilidad de proceder a su satisfacción voluntaria sin necesidad de acudir al proceso judicial, lo que, en apariencia, podría entenderse como una forma de evitar la litigiosidad. Desde esta óptica, exigir adicionalmente la articulación de un MASC supondría una duplicidad innecesaria de mecanismos preprocesales, contraria a los principios de economía procesal y de eficiencia. Sin embargo, esta tesis presenta importantes objeciones.
El requerimiento previsto en el artículo 21 LPH constituye un acto de naturaleza esencialmente unilateral, que se inserta en un esquema formal y rígido predeterminado por la ley, sin que exista un verdadero margen para la interacción entre las partes. Se trata, en definitiva, de un acto de comunicación de la deuda con efectos jurídicos (Gómez Linacero, 2025: 25-26 y Magro Servet, 2025: 2-3), con un único objetivo el pago de la deuda, cuyo cumplimiento o incumplimiento despliega consecuencias predeterminadas, sin que medie un proceso de negociación en sentido propio. Por el contrario, los MASC se configuran como instrumentos de naturaleza genuinamente negociadora, en los que la solución del conflicto se construye a partir de la participación de ambas partes, en un marco de diálogo estructurado que permite la modulación de las posiciones iniciales. La esencia de estos mecanismos radica, precisamente, en la existencia de una actividad negociadora real, orientada a la consecución de un acuerdo consensuado, lo que los sitúa en un plano cualitativamente distinto al del requerimiento previo propio del proceso monitorio.
Desde esta perspectiva, la diferencia no es meramente formal, sino sustancial. Mientras que el requerimiento previo se limita a ofrecer al deudor la posibilidad de cumplir la obligación en los términos estrictos en que ha sido configurada por el acreedor, los MASC introducen un espacio de flexibilidad en el que el conflicto puede ser redefinido y resuelto en términos distintos a los inicialmente planteados.
De este modo, aunque el requerimiento previo del artículo 21 LPH cumple una función práctica que puede resultar parcialmente coincidente con la de los MASC, en cuanto permite evitar el proceso mediante el pago voluntario, carece de los elementos estructurales que definen a estos mecanismos (Simó, 2026: 3).
4.3. Procesos declarativos derivados de la oposición al monitorio
La segunda cuestión problemática se plantea cuando el deudor formula oposición en el seno del proceso monitorio y este se transforma en un proceso ordinario o verbal, conforme a lo dispuesto en el precepto 818 LEC. En este contexto, surge la duda de si, para la tramitación del proceso ordinario subsiguiente, resulta exigible el cumplimiento del requisito de procedibilidad mediante el intento previo de un MASC.
Un sector de la práctica judicial sostiene que el proceso ordinario resultante posee autonomía propia, lo que determina su plena sujeción al régimen general establecido por la LO 1/25. Bajo esta concepción, el juicio ordinario o verbal que se inicia tras la oposición del deudor constituye un nuevo proceso, distinto del monitorio, en el que se ventila por primera vez el fondo del asunto con plenitud de cognición[34]. En coherencia con esta idea, se afirma que no exigir el cumplimiento del requisito de procedibilidad en este momento supondría vaciar de contenido una de las piezas centrales de la reforma procesal, permitiendo que un amplio conjunto de litigios acceda a la jurisdicción sin haber formalizado el previo intento de solución extrajudicial que la ley pretende generalizar. Desde esta óptica, la transformación del monitorio en ordinario no puede operar como una vía indirecta de exclusión del MASC, so pena de desnaturalizar el modelo instaurado por la LO1/25.
Frente a esta posición, se ha consolidado una segunda corriente interpretativa que niega la exigibilidad del MASC en estos supuestos[35]. Esta tesis parte de una comprensión funcional del proceso monitorio y del ordinario posterior, entendiendo que ambos no constituyen procedimientos autónomos, sino fases sucesivas de un mismo itinerario procesal, no exigiéndose el MASC por los siguientes extremos, que, a continuación, defendemos.
En primer lugar, por su finalidad. Los MASC se configuran como mecanismos de naturaleza preprocesal, cuyo objetivo es evitar la apertura del proceso mediante la instauración de un espacio de negociación entre las partes. Operan, por tanto, en una fase anterior a la jurisdiccional y su función es precisamente impedir la judicialización del conflicto, promoviendo soluciones consensuadas que reduzcan la litigiosidad. En este sentido, actúan ex ante y condicionan el acceso mismo al proceso, configurándose como un presupuesto de admisibilidad. Por el contrario, el proceso ordinario derivado de la oposición al monitorio se inserta en una fase ya plenamente jurisdiccional. La controversia ha accedido a los tribunales mediante la petición inicial de monitorio, de modo que la ulterior transformación en juicio ordinario o verbal no responde a una nueva iniciativa procesal autónoma, sino a la continuación del mismo conflicto en un cauce procedimental distinto. En este contexto, la finalidad ya no es evitar el proceso, sino resolverlo, por lo que la lógica propia del MASC pierde su fundamento. Nos encontramos, por tanto, ante una actuación que opera ex post y que incide en el desarrollo del proceso, no en su acceso.
En segundo lugar, por su naturaleza. Los MASC se caracterizan por la existencia de una verdadera actividad negociadora, basada en la interacción entre las partes y en la posibilidad de construir una solución consensuada del conflicto. Por el contrario, la situación generada tras la oposición al monitorio no abre un espacio de negociación estructurada, sino que activa un mecanismo de cognición plena en sede judicial. La controversia pasa a resolverse mediante un proceso ordinario en el que las posiciones de las partes se formalizan en términos contradictorios, sin que exista un marco institucionalizado para la negociación previa.
En tercer lugar, por su operatividad y exigibilidad. La exigencia de un MASC en el momento posterior a la oposición al monitorio se enfrenta a importantes límites estructurales. En particular, el plazo de un mes previsto en el artículo 818.2 LEC para la interposición de la demanda del juicio ordinario resulta difícilmente compatible con los tiempos propios de la actividad negociadora, lo que evidencia una imposibilidad material de cumplimiento[36] (Gómez Linacero, 2025: 4).
5. Procesos derivados de accidentes de circulación y MASC
5.1. Planteamiento del problema
La aplicación del requisito de procedibilidad basado en el intento previo de un medio adecuado de solución de controversias presenta una singularidad especialmente relevante en el ámbito de los procesos derivados de accidentes de circulación. Ello se debe a la existencia de un mecanismo legal específico, la reclamación extrajudicial regulada en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que introduce un cauce estructurado de comunicación y eventual negociación entre perjudicado y aseguradora (Couso, 2026: 2).
En este contexto, surgen dos cuestiones controvertidas fundamentales. De un lado, determinar si dicho mecanismo puede considerarse equivalente a un MASC, de modo que permita entender cumplido el requisito de procedibilidad sin necesidad de acudir a un medio adicional. De otro, precisar su alcance subjetivo, esto es, si la reclamación previa despliega efectos únicamente frente a la entidad aseguradora, como sujeto directamente obligado en el sistema, o si puede extenderse también a otros posibles demandados, como el conductor o el propietario del vehículo.
5.2. Suficiencia de la reclamación previa como equivalente funcional del MASC
En relación con esta cuestión, la posición mayoritaria de la jurisprudencia menor ha entendido que la reclamación previa prevista en la norma 7 LRCSCVM constituye un mecanismo suficiente para cumplir el requisito de procedibilidad, sin necesidad de acudir a un MASC adicional[37].
Esta interpretación encuentra su fundamento en la propia configuración abierta del artículo 5.1 de la LO 1/25, que admite como suficiente cualquier actividad negociadora reconocida en esta u otras leyes (Duplá, 2025: 4, Linares, 2025: 152, Lorca, 2026:173 y Riba, 2025: 318). Esta norma, de forma literal, sostiene que Se considerará cumplido este requisito si se acude a cualquier otro tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, pero que cumpla lo previsto en las secciones 1.ª y 2 ª, de este capítulo o en una ley sectorial, siendo la LRCSCVM una ley sectorial. Desde esta perspectiva, el sistema de reclamación previa y oferta motivada, regulada en la LRCSCVM no se limita a una mera comunicación unilateral, sino que articula un auténtico proceso de interacción entre el perjudicado y la entidad aseguradora, orientado a la resolución extrajudicial del conflicto[38] (Gómez Linacero, 2026: 189 y Rodríguez, 2026: 2), equiparable a una oferta motivada (Peña, 2025: 53 y ss).
5.3. Límites
No obstante, la suficiencia de la reclamación previa no es absoluta, sino que presenta límites tanto de carácter subjetivo como temporal que deben ser tomados en consideración.
5.3.1. Límites subjetivos
Desde una perspectiva subjetiva, el mecanismo previsto en el artículo 7 LRCSCVM se circunscribe a la relación entre el perjudicado y la entidad aseguradora. En consecuencia, cuando la acción se dirige también frente a otros sujetos, como el conductor o el propietario del vehículo, se plantea la duda de si la actividad negociadora previa puede entenderse cumplida respecto de estos terceros.
En este punto, la práctica judicial no ha sido uniforme. Una primera línea interpretativa sostiene que, al no haber existido negociación previa con dichos sujetos, debe exigirse el cumplimiento del requisito de procedibilidad en los términos generales. Desde esta perspectiva, la reclamación frente a la aseguradora no puede desplegar efectos respecto de terceros ajenos al proceso negociador[39]. Frente a ello, otra corriente jurisprudencial adopta una interpretación más flexible, entendiendo que la existencia de un proceso negociador previo en el marco de la norma 7 LRCSCVM puede resultar suficiente cuando la responsabilidad de los distintos sujetos aparece estrechamente vinculada[40].
Por nuestra parte, defendemos la postura rígida en el sentido de exigir el MASC respecto de los codemandados que no sean la aseguradora por los siguientes razonamientos.
En primer lugar, con base en un ámbito subjetivo limitado, carácter individualizado y prohibición de interpretación extensiva. El artículo 7 LRCSCVM configura un mecanismo de reclamación previa dirigido específicamente frente a la entidad aseguradora, en el marco de la acción directa del perjudicado. Su tenor literal no contempla su extensión a otros sujetos responsables, por lo que no cabe una aplicación automática a conductor o propietario (Peña, 2025: 49). Asimismo, el requisito de procedibilidad presenta una naturaleza esencialmente individualizada, en cuanto exige una actividad negociadora previa dirigida frente a cada sujeto contra el que se pretende accionar.
En segundo lugar, por la finalidad de la norma y derecho de defensa. El artículo 7 LRCSCVM persigue evitar la litigiosidad innecesaria mediante un proceso real y efectivo de negociación previa, no meramente formal. Se trata de un mecanismo orientado a favorecer la solución extrajudicial del conflicto, permitiendo a las partes conocer con antelación la pretensión, valorar su viabilidad y, en su caso, alcanzar un acuerdo que evite el proceso. Ahora bien, esta finalidad únicamente puede entenderse cumplida si todos los posibles responsables han tenido la oportunidad efectiva de conocer la reclamación y de pronunciarse sobre ella (Linares, 2025: 153). La negociación previa exige, por su propia naturaleza, una interacción directa entre quien reclama y quien puede resultar obligado a responder, de modo que la ausencia de reclamación frente a alguno de los sujetos potencialmente responsables impide que dicho mecanismo despliegue plenamente sus efectos respecto de estos. Desde la perspectiva del derecho de defensa, la cuestión adquiere una especial relevancia, pues eximir del requisito a conductor o propietario implicaría su incorporación directa al proceso judicial sin haber tenido ocasión de participar en la fase preprocesal, lo que les priva de una oportunidad relevante de defensa, consistente en conocer anticipadamente la reclamación, aportar su versión de los hechos o incluso propiciar una solución extrajudicial[41].
En tercer lugar, por la diferente naturaleza de la responsabilidad exigida a los codemandados. La posición jurídica de la entidad aseguradora difiere sustancialmente de la del conductor o el propietario del vehículo, tanto en su fundamento como en su régimen jurídico. La aseguradora responde en virtud del contrato de seguro y a través de la acción directa del perjudicado, conforme al artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, lo que configura una obligación de carácter contractual con particularidades propias derivadas del sistema de aseguramiento obligatorio en materia de circulación. Por el contrario, el conductor y, en su caso, el propietario responde sobre la base de la responsabilidad civil extracontractual prevista en el artículo 1902 del Código Civil, cuyo fundamento radica en la causación de un daño por acción u omisión negligente. Se trata, por tanto, de títulos de imputación distintos, con presupuestos, alcance y posibles causas de exoneración diferenciados[42]. Esta diversidad de fundamentos jurídicos implica que la posición de cada uno de los sujetos no es homogénea ni intercambiable, lo que impide considerar que una reclamación dirigida frente a uno de ellos pueda producir efectos respecto de los demás. La eventual existencia de vínculos entre las responsabilidades, como sucede en el ámbito del seguro obligatorio, no elimina la autonomía de cada relación jurídica ni justifica la extensión automática de actos realizados frente a un sujeto a otros distintos.
5.3.2. Límites temporales
En segundo lugar, desde un punto de vista temporal, la existencia de la reclamación previa no puede considerarse indefinida. Así, es cierto que la reclamación previa regulada, de forma específica para los accidentes de circulación, en la norma 7 LRCSCVM no establece ningún plazo para la interposición de la demanda. Pero si bien, como hemos manifestado, cumple función análoga a los MASC, tal equiparación debe conllevar implícito que, en todo aquello que no se regule de manera especial debe considerarse de aplicación las reglas generales, por compartir la reclamación previa y los MASC la misma función. Hacemos extensible, en este punto, las reflexiones efectuadas en el apartado Inaplicación del plazo del artículo 7.3 LO 1/25 a las reclamaciones del artículo 439 bis LEC del trabajo. De este modo, el transcurso de un plazo superior a un año sin interposición de la demanda determina la pérdida de eficacia de la reclamación previa como instrumento de negociación, al quedar desvirtuada su finalidad de evitar el proceso mediante una actividad negociadora actual y efectiva[43] (Aparicio, 2025: 22-23).
IV. CONCLUSIONES
Primera. La configuración del ámbito de aplicación de los MASC por la Ley Orgánica 1/2025 evidencia una insuficiente coordinación con numerosas instituciones y procedimientos judiciales preexistentes. Esta incorrecta articulación normativa ha generado lagunas, contradicciones y dificultades interpretativas en la aplicación del requisito de procedibilidad, obligando a la jurisprudencia y a la doctrina a desarrollar soluciones correctoras que garanticen la coherencia del sistema procesal.
Segunda. En este contexto, una de las manifestaciones más evidentes de dicha falta de coordinación se aprecia en los procedimientos de separación, divorcio y de adopción de medidas definitivas tras las medidas provisionales previas. En estos supuestos, la exigencia del requisito de procedibilidad resulta incompatible con el plazo preclusivo de treinta días previsto en el artículo 771.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues la inexistencia de mecanismos legales de suspensión o interrupción de dicho plazo impide una aplicación efectiva de los MASC sin comprometer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Tercera. Una problemática similar se plantea en los juicios de desahucio, donde el requerimiento de pago vinculado a la enervación no puede ser equiparado a un MASC. Aunque ambas instituciones persiguen evitar la continuación del proceso judicial, presentan diferencias sustanciales en cuanto a su naturaleza, estructura y régimen jurídico, ya que la enervación constituye un mecanismo unilateral de satisfacción de la deuda y no un verdadero procedimiento de negociación entre las partes.
Cuarta. Por el contrario, en el ámbito del Derecho de consumo la solución debe ser distinta. En este ámbito, la reclamación extrajudicial previa dirigida al empresario o profesional constituye un mecanismo suficiente para entender cumplido el requisito de procedibilidad. Esta interpretación encuentra fundamento tanto en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 1/2025 como en la necesidad de garantizar una protección efectiva del consumidor conforme a los principios del Derecho de la Unión Europea.
Quinta. Desde esta misma perspectiva, las acciones de nulidad por usura acumuladas a acciones propias del Derecho de consumo deben quedar sometidas al régimen procesal específico previsto para la tutela de los consumidores. La especial intensidad protectora de esta disciplina y su carácter de orden público justifican la aplicación de las reglas de procedibilidad establecidas para esta categoría de litigios.
Sexta. Del mismo modo, las reclamaciones extrajudiciales formuladas en materia de consumo deben quedar sujetas al plazo de un año previsto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/2025. La identidad funcional existente entre estas reclamaciones y los MASC exige una aplicación uniforme de sus efectos temporales, garantizando así la coherencia y la seguridad jurídica del ordenamiento procesal.
Séptima. Las dificultades interpretativas derivadas de la implantación del requisito de procedibilidad también se proyectan sobre los procesos monitorios en materia de propiedad horizontal. En este ámbito, el requerimiento previo regulado en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal no puede considerarse equivalente a un MASC, puesto que su carácter unilateral y la ausencia de una auténtica actividad negociadora impiden atribuirle la condición de mecanismo consensuado de resolución del conflicto.
Octava. Ahora bien, cuando el proceso monitorio se transforma en un juicio declarativo como consecuencia de la oposición del deudor, no resulta exigible la realización de un nuevo MASC. El procedimiento declarativo constituye una continuación funcional del monitorio previamente iniciado y no un proceso autónomo que deba quedar nuevamente sometido al requisito de procedibilidad.
Novena. Una solución distinta debe adoptarse en los litigios derivados de accidentes de circulación. En estos supuestos, la reclamación previa prevista en el artículo 7 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor constituye un equivalente funcional del MASC y permite considerar cumplido el requisito de procedibilidad respecto de la entidad aseguradora. No obstante, dicha eficacia no puede extenderse automáticamente a otros posibles responsables frente a los que no haya existido una actividad negociadora previa, como pueden ser el conductor o el propietario del vehículo.
Décima. Finalmente, la coherencia del sistema exige que las reclamaciones previas formuladas al amparo del artículo 7 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor queden igualmente sometidas al límite temporal de un año establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/2025. La coincidencia de finalidad entre dichas reclamaciones y los MASC, orientadas ambas a favorecer una solución extrajudicial actual y efectiva del conflicto, justifica plenamente la aplicación uniforme de sus efectos temporales.
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AAP Jaén, 1, de 6 de noviembre de 2025, ECLI:ES:APJ:2025:45
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AAP Barcelona, 14ª, de 27 de octubre de 2025, ECLI:ES:APB:2025:13617
AAP Zaragoza, 4ª, de 6 de octubre de 2025, ECLI:ES:APZ:2025:2121
AAP Huesca, 1ª, de 25 de septiembre de 2025, ECLI:ES:APHU:2025:489
AAP Navarra, 3, de 24 de septiembre de 2025, ECLI:ES:APNA:2025:1320
AAP Málaga, 6ª, de 6 de junio de 2025, ECLI:ES:APMA:2025:535
SAP Barcelona, 13ª de 18 de junio de 2008, ECLI:ES:APB:2008:7619
SAP Madrid, 18ª, de 17 de junio de 2008, ECLI:ES:APM:2008:9740
AAP Bizkaia, 5ª, de 27 de septiembre de 2007, ECLI:ES:APBI:2007:1067
SAP Barcelona, 13ª, de 19 de octubre de 2006, ECLI:ES:APB:2006:11040
[1] El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación: Análisis de la experiencia de los métodos adecuados de solución de controversias (MASC): diagnóstico y propuestas de mejora. Entidad financiadora: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Referencia de la concesión: JUS/3388/2025
[2] Email: federico.adan@urv.cat
[3] BOE núm. 3, de 03/01/2025.
[4] AAP Tarragona, 1ª, de 26 de noviembre de 2025, ECLI:ES:APT:2025:1411.
[5] En contra de exigir la realización de un MASC previo a la presentación de la demanda de medidas definitivas se pronuncian tanto resoluciones judiciales concretas: AAP Navarra, 3, de 20 de enero de 2026, ECLI:ES:APNA:2026:98, AAP Zaragoza, 2, de 19 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APZ:2025:2712, AAP Tarragona, 1, de 26 de noviembre de 2025, ECLI:ES:APT:2025:1411A, AAP Navarra, 3, de 24 de septiembre de 2025, ECLI:ES:APNA:2025:1320, AAP Jaén, 1, de 6 de noviembre de 2025, ECLI:ES:APJ:2025:45, como los acuerdos adoptados por diferentes órganos judiciales: Acuerdos adoptados en Junta Sectorial de Magistrados de las secciones de familia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la aplicación de los MASC y mismo objeto, de 6 de noviembre de 2025, Acuerdos de unificación criterios de las secciones de Familia (12ª y 18ª) de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 4 de noviembre de 2025, y Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 23 de enero de 2026.
[6] AAP Zaragoza, 2ª, de 19 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APZ:2025:2712.
[7] AAP Navarra, 3ª, de 20 de enero de 2026, ECLI:ES:APNA:2026:98. Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, el principio pro actione impone una interpretación flexible de los requisitos procesales, de modo que no pueden aplicarse con rigorismo ni formalismo excesivo cuando ello suponga un obstáculo desproporcionado al acceso a la jurisdicción. En este sentido, se afirma que las decisiones basadas en interpretaciones excesivamente formalistas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE. SSTC 140/2021, de 8 de julio de 2021, ECLI:ES:TC:2021:140, 67/2011, de 16 de mayo de 2011, ECLI:ES:TC:2011:67 y 55/2025, de 10 de marzo de 2025, ECLI:ES:TC:2025:55.
[8] AAP Jaén, 1ª, de 6 de noviembre de 2025, ECLI:ES:APJ:2025:45.
[9] AAP Navarra, 3ª, de 24 de septiembre de 2025, ECLI:ES:APNA:2025:1320.
[10] Este criterio ha sido recogido en los siguientes acuerdos judiciales: Acuerdos unificación criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de octubre de 2025 y Criterios orientadores aprobados por los Magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/ 2025, de 19 de noviembre de 2025.
[11] Postura defendida por los Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Valencia, de 27 de noviembre de 2025, Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 23 de enero de 2026 y Criterios orientadores de los Magistrados/as de Primera Instancia y de los Juzgados Hipotecarios de Madrid con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 26 de septiembre de 2025.
[12] SAP Barcelona, 13ª, de 19 de octubre de 2006, ECLI:ES:APB:2006:11040.
[13] SAP Barcelona, 13ª de 18 de junio de 2008, ECLI:ES:APB:2008:7619.
[14] AAP Madrid, 25ª, de 9 de marzo de 2026, ECLI:ES:APM:2026:3290.
[15] SAP Madrid, 18ª, de 17 de junio de 2008, ECLI:ES:APM:2008:9740.
[16] AAP Bizkaia, 5ª, de 27 de septiembre de 2007, ECLI:ES:APBI:2007:1067.
[17] AAP Barcelona, 15, de 18 de febrero de 2026, ECLI:ES:APB:2026:394, AAP A Coruña,6, de 9 de febrero de 2026, ECLI:ES:APC:2026:167, AAP Vizcaya, 5ª, de 26 de enero de 2026, ECLI:ES:APBI:2026:4ª, AAP Guipúzcoa, 2ª, de 23 de enero de 2026, ECLI:ES:APSS:2026:1, AAP Álava, 1ª, de 22 de enero de 2026, ECLI:ES:APVI:2026:4, AAP Burgos, 2ª, de 16 de enero de 2026, ECLI:ES:APBU:2026:117, AAP Tarragona, 3ª, de 15 de enero de 2026, ECLI:ES:APT:2026:9, AAP Lleida, 2ª, de 14 de enero de 2026, ECLI:ES:APL:2026:10, AAP Asturias, 6ª, de 23 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APO:2025:1106, AAP Barcelona, 16ª, de 19 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APB:2025:13609, AAP Valencia, 6ª, de 19 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APV:2025:1553, AAP Huesca, 1ª, de 18 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APHU:2025:636, AAP Asturias, 6ª, de 10 de diciembre de 20/25, ECLI:ES:APO:2025:1170 y AAP Huesca, 1ª, de 25 de septiembre de 2025, ECLI:ES:APHU:2025:489.
De la misma forma, se pronuncian los acuerdos de unificación adoptados por distintos órganos judiciales. Entre otros, vid. Unificación de criterios sobre medios alternativos de solución de conflictos (MASC) tras la Ley Orgánica 1/25 (especificidades del ámbito mercantil), de los Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, de 4 de junio de 2025, Anexo al Acta de la Junta Sectorial Civil de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre unificación de criterios relativos a los MASC, de 24 de septiembre de 2025, Acuerdo del Presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Almería de unificación de criterios sobre el requisito de procedibilidad establecido en la Ley Orgánica 1/2025, de 28 de octubre de 2025, Acuerdos unificación criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de octubre de 2025, Acta del Pleno jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Valladolid, secciones civiles, de 5 de noviembre de 2025, Criterios orientadores aprobados por los Magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/ 2025, de 19 de noviembre de 2025., Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 23 de enero de 2026, y Criterios orientadores de los Magistrados/as de Primera Instancia y de los Juzgados Hipotecarios de Madrid con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 26 de septiembre de 2025 y Acuerdos de unificación de criterios de la Junta Sectorial civil de la Audiencia Provincial de Girona de 1 de octubre de 2025.
[18] AAP Valencia, 6, de 19 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APV:2025:1553.
Disposición adicional séptima. Litigios en materia de consumo. En los litigios en que se ejerciten acciones individuales promovidas por consumidores o usuarios, se entenderá cumplido el requisito de procedibilidad por la reclamación extrajudicial previa a la empresa o profesional con el que hubieran contratado, sin haber obtenido una respuesta en el plazo establecido por la legislación especial aplicable, o cuando la misma no sea satisfactoria, y sin perjuicio de que puedan acudir a cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias, tanto los previstos en legislación especial en materia de consumo, como los generales previstos en la presente ley.
[19] AAP Burgos, 2, de 16 de enero de 2025, ECLI:ES:APBU:2026:117.
Artículo 439.5 LEC. Inadmisión de la demanda en casos especiales. No se admitirán las demandas que tengan por objeto las acciones de reclamación de devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor en aplicación de determinadas cláusulas suelo o de cualesquiera otras cláusulas que se consideren abusivas contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuando no se acompañe a la demanda documento que justifique haber practicado el consumidor una reclamación previa extrajudicial a la persona física o jurídica que realice la actividad de concesión de préstamos o créditos de manera profesional, con el fin de que reconozca expresamente el carácter abusivo de dichas cláusulas, con la consiguiente devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor.
Artículo 439 bis. Reclamación previa relativa a la actividad de concesión de préstamos o créditos de manera oficial. A los fines previstos en el apartado 5 del artículo 439, el consumidor remitirá la reclamación previa a la persona física o jurídica que realice la actividad de concesión de préstamos o créditos de manera profesional, que deberá admitir o denegar la reclamación.
[20] AAP Burgos, 2, de 16 de enero de 2025, ECLI:ES:APBU:2026:117 y AAP Burgos, 2, de 16 de diciembre de 2026, ECLI:ES:APBU:2026:117.
[21] AAP Tarragona, 3ª, de 18 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APT:2025:1501 y AAP Tarragona, 3ª, de 10 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APT:2025:1495.
[22] AAP Tarragona, 3ª, de 18 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APT:2025:1501.
[23] AAP Valencia, 6ª, de 19 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APV:2025:1553, Acta del Pleno no jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 9 de octubre de 2025 y Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Valencia, de 27 de noviembre de 2025.
[24] AAP Burgos, 2ª, de 16 de enero de 2025, ECLI:ES:APBU:2026:117 y Acuerdos de unificación de criterios de las secciones (1ª y 3ª) de la Audiencia Provincial de Tarragona de 23 de octubre de 2025.
[25] Asunto C-154/15, Gutiérrez Naranjo, Sentencia TJ 21 de diciembre de 2016, EUR-Lex-62015CA0154.
[26] STC 156/2021, de 16 de septiembre de 2021, ECLI:ES:TC:2021:156.
[27] STC 163/2016, de 3 de octubre de 2016, ECLI:ES:TC:2016:163.
[28] Asunto C-482/13. Hidalgo Vega, Sentencia TJ 21 enero de 2015, EUR-Lex-62013CJ0482.
[29] Acta del Pleno jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Valladolid, secciones civiles, de 5 de noviembre de 2025.
[30] Unificación de criterios sobre medios alternativos de solución de conflictos (MASC) tras la Ley Orgánica 1/25 (especificidades del ámbito mercantil), de los Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, de 4 de junio de 2025, Anexo al Acta de la Junta Sectorial Civil de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre unificación de criterios relativos a los MASC, de 24 de septiembre de 2025, Acuerdos unificación criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de octubre de 2025, Criterios orientadores aprobados por los Magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/ 2025, de 19 de noviembre de 2025 y Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 23 de enero de 2026.
[31] Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 23 de enero de 2026 y Criterios orientadores aprobados por los Magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/ 2025, de 19 de noviembre de 2025.
[32] AAP Málaga, 6ª, de 6 de junio de 2025, ECLI:ES:APMA:2025:535 y AAP Navarra, 3ª, de 12 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APNA:2025:1732.
[33] AAP Zaragoza, 4ª, de 6 de octubre de 2025, ECLI:ES:APZ:2025:2121.
[34] AAP A Coruña, 4ª, de 5 de noviembre de 2025, ECLI:ES:APC:2025:1849.
[35] Acta del Pleno jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Valladolid, secciones civiles, de 5 de noviembre de 2025, Criterios orientadores aprobados por los Magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/ 2025, de 19 de noviembre de 2025, Criterios orientadores de los Magistrados/as de Primera Instancia y de los Juzgados Hipotecarios de Madrid con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 26 de septiembre de 2025 y Unificación de criterios de los MASC de los Letrados/as de la Administración de Justicia de los Juzgados de Instancia del partido judicial de Bilbao, de 28 de abril de 2025.
[36] AAP Zaragoza, 5ª, de 10 de diciembre de 2025, ECLI:ES:APZ:2025:2822.
[37] AAP Barcelona, 14ª, de 27 de octubre de 2025, ECLI:ES:APB:2025:13617,, AAP Ourense, 1, de 20 de enero de 2026, ECLI:ES:APOU:2026:22, AAP A Coruña, 4, de 14 de enero de 2025, ECLI:ES:APC:2026:46, AAP Segovia, 1ª, de 5 de enero de 2026, ECLI:ES:APSG:2026:1 y AAP Ourense, 1ª, de 10 de octubre de 2025, ECLI:ES:APOU:2025:723. De la misma forma, se pronuncian, entre otros acuerdos de órganos judiciales, el Pleno Jurisdiccional de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Ourense para unificar criterios y coordinar prácticas procesales ante las reformas operadas en la LEC por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre y la Ley orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, de 4 de julio de 2025, Anexo al Acta de la Junta Sectorial Civil de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre unificación de criterios relativos a los MASC, de 24 de septiembre de 2025, Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Girona, de 1 de octubre de 2025, Acuerdos de unificación de criterios de las secciones (1ª y 3ª) de la Audiencia Provincial de Tarragona de 23 de octubre de 2025, Acuerdo del presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Almería de unificación de criterios sobre el requisito de procedibilidad establecido en la Ley Orgánica 1/2025, de 28 de octubre de 2025 y Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Valencia, de 27 de noviembre de 2025.
[38] SAP Madrid, 20ª, de 16 de julio de 2020, ECLI:ES:APM:2020:8246
[39] AAP Ourense, 1, de 20 de enero de 2026, ECLI:ES:APOU:2026:22, Acuerdos de unificación de criterios de las secciones (1ª y 3ª) de la Audiencia Provincial de Tarragona de 23 de octubre de 2025, Criterios orientadores aprobados por los Magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/ 2025, de 19 de noviembre de 2025, Acuerdos de unificación de criterios de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 23 de enero de 2026, Unificación de criterios del requisito de procedibilidad de los MASC del Decanato de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, de 3 de abril de 2025, Acuerdo de unificación de criterios de la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Granada, de 28 de marzo de 2025 y Unificación de criterios Junta Sectorial de jueces de Primera Instancia de Bilbao de 31 de marzo y 7 de abril de 2025.
[40] AAP Segovia, 1, de 5 de enero de 2026, ECLI:ES:APSG:2026:1.
[41] STC 40/2002, de 14 de febrero de 2002, ECLI:ES:TC:2002:40.
[42] SAP Valladolid, 3ª, 24 de enero de 2020, ECLI:ES:APVA:2020:154.
[43] AAP Ourense, 1ª, de 20 de enero de 2026, ECLI:ES:APOU:2026:22.
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