Estudios de Deusto

Revista de Derecho Público

ISSN 0423-4847 (Print)

ISSN 2386-9062 (Online)

DOI: http://dx.doi.org/10.18543/ed

Vol. 74/2, julio-diciembre 2026

DOI: http://dx.doi.org/10.18543/ed7422026

Estudios

LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICO-PÚBLICA DE LA PERSONA CONSUMIDORA

The public-law construction of the consumer

Mercedes Daza García[1]

Profesora doctora de Derecho

Facultad de Empresa Digital, Tecnología y Derecho

Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED), Málaga, España

https://orcid.org/0009-0006-1242-2691

https://doi.org/10.18543/ed.3750

Fecha de recepción: 30.07.2026

Fecha de aceptación: 19.09.2026

Fecha de publicación anticipada en línea: noviembre 2026

Resumen

El presente trabajo analiza la construcción jurídico-pública de la persona consumidora desde una perspectiva constitucional, tomando como eje el artículo 51 de la Constitución Española. A partir de un estudio sistemático de la evolución del concepto de persona consumidora, de la configuración de sus derechos y del desarrollo legislativo experimentado desde 1978, se examina el intenso proceso de expansión normativa que ha configurado un verdadero enjambre normativo en el ámbito nacional y europeo. El trabajo sostiene que el artículo 51 CE ha superado su tradicional consideración como principio rector de la política social y económica para proyectarse como una auténtica metanorma constitucional, capaz de informar e irradiar el conjunto del ordenamiento jurídico en la protección de la persona consumidora.

Palabras clave

Consumidor y usuario, artículo 51 CE, protección constitucional, Derecho de consumo, pro consumatore.

Abstract

This paper examines the public-law construction of the consumer from a constitutional perspective, taking Article 51 of the Spanish Constitution as its central point of reference. Through a systematic analysis of the evolution of the concept of the consumer, the configuration of consumer rights, and the legislative developments that have taken place since 1978, it explores the extensive regulatory framework that has emerged at both the national and European levels. The paper argues that Article 51 of the Spanish Constitution has evolved beyond its traditional status as a guiding principle of social and economic policy to operate as a genuine constitutional meta-norm, capable of informing and shaping the legal system as a whole in the protection of consumers.

Keywords

Consumer and user, Article 51 of the Spanish Constitution, Constitutional protection, Consumer law, pro consumatore.

Sumario: I. Introducción. II. La construcción jurídica de la persona consumidora. III. La persona consumidora en la relación de consumo: delimitación de la contraparte empresarial. IV. Los derechos de la persona consumidora como categoría jurídico-pública. V. La constitucionalización de la protección de la persona consumidora en España. 1. El artículo 51 de la Constitución Española como fundamento de la protección constitucional de la persona consumidora. 2. Antecedentes legislativos de protección de la persona consumidora. 3. Desarrollo legislativo de la protección de la persona consumidora tras la Constitución Española de 1978. VI. Conclusiones. VII. Referencias bibliográficas.

I. INTRODUCCIÓN

La transición del capitalismo mercantil al capitalismo industrial, caracterizada por la producción en serie, la estandarización de bienes y la expansión del comercio a gran escala, transformó radicalmente la morfología de las relaciones jurídicas. La industrialización masiva permitió una disponibilidad de productos sin precedentes, pero trajo consigo la despersonalización del vínculo contractual. La aparición de técnicas publicitarias y de marketing, destinadas a estimular una demanda perpetua, consolidó el consumismo como eje de la cultura moderna, pero simultáneamente erosionó la capacidad negociadora del individuo. De este modo surgieron las sociedades de consumo, fenómeno que comenzó a cristalizar a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Tras la consolidación de estas sociedades de consumo, diseñadas estructuralmente para favorecer los intereses del empresariado y la acumulación de capital, el ordenamiento jurídico se vio forzado a reconocer por primera vez la existencia de una "parte débil" en el contrato: la persona consumidora. Este sujeto se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y jurídica que hace inoperante el principio liberal de la autonomía de la voluntad si no se acompaña de mecanismos correctores.

En este trabajo se pretende realizar una labor de desarrollo de la protección constitucional de la persona consumidora ante los conflictos generales de mercado, iniciando por los aspectos de carácter general como se trata del propio concepto de consumidor y nacimiento de esta figura, así como la evolución sufrida. Sin duda, esta labor exige una relectura profunda de los principios clásicos del derecho privado a la luz de los mandatos constitucionales y también de las directrices imperativas del Derecho de la Unión Europea, ámbito en el que este trabajo no entrará.

Conviene subrayar desde el inicio que, pese a que la legislación nacional y el propio Derecho de la Unión Europea emplean de forma mayoritaria las expresiones “consumidor y usuario”, incluso en normas recientes, este trabajo adopta de manera consciente y argumentada la denominación “la persona consumidora”. Esta elección terminológica no constituye un mero artificio estilístico ni una concesión a la corrección política; responde a la necesidad dogmática de emplear un lenguaje inclusivo que abarque la totalidad de los sujetos pasivos de la relación de consumo.

Con ello se pretende superar la rigidez del género gramatical y centrar la protección jurídica en la vulnerabilidad estructural del sujeto, con independencia de su identidad de género, reconociendo que la indefensión en el mercado es un fenómeno transversal que afecta al conjunto de la ciudadanía. Se podría haber usado alternativas como “personas usuarias” o los desdoblamientos, pero se ha estimado que “persona consumidora” refleja de forma más precisa la dimensión humana y la dignidad del sujeto que el artículo 10 de la Constitución Española sitúa como fundamento del orden político y de la paz social.

La protección constitucional de la persona consumidora se ha convertido en uno de los ámbitos jurídicos más significativos de la evolución del Derecho español contemporáneo, un espacio en el que confluyen principios fundamentales del Estado social y democrático de Derecho, la creciente complejidad del mercado y la progresiva transformación de las relaciones contractuales.

En un entorno en el que la contratación masiva se ha consolidado como la forma habitual de perfeccionamiento de los negocios jurídicos, la persona consumidora ha pasado de ser un sujeto aparentemente libre en la esfera negocial a ocupar una posición de vulnerabilidad estructural frente a profesionales y entidades financieras que diseñan, predisponen y controlan prácticamente todos los elementos esenciales del contrato.

Esta constatación social y jurídica, lejos de ser una mera apreciación doctrinal, encuentra su raíz en la propia Constitución, que en su artículo 51 formula un mandato contundente, la defensa de los consumidores es una obligación constitucional de primer nivel que debe orientar toda la actuación de los poderes públicos.

La comprensión de este mandato ha ido evolucionando desde la promulgación de la Constitución de 1978. Si en sus primeros años de vigencia el artículo 51 CE fue interpretado con prudencia, concebido como un principio rector de carácter programático, el desarrollo normativo y jurisprudencial posterior ha permitido consolidar su naturaleza como auténtica metanorma constitucional, con capacidad para informar, limitar y transformar el conjunto del ordenamiento jurídico.

La defensa, información y seguridad de los consumidores, expresamente mencionadas en el precepto, no pueden interpretarse como objetivos difusos; al contrario, constituyen obligaciones jurídicas que condicionan la interpretación de la legislación ordinaria, orientan la actividad de supervisión administrativa y, especialmente, delimitan el modo en que los tribunales deben resolver los conflictos derivados de la contratación masiva.

La persona consumidora se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y jurídica que hace inoperante el principio liberal de la autonomía de la voluntad si no se acompaña de mecanismos correctores. En este trabajo se ha realizado una labor de desarrollo de la protección constitucional de la persona consumidora ante los conflictos generales de mercado, iniciando por los aspectos de carácter general como se trata del propio concepto de consumidor y nacimiento de esta figura, así como la evolución sufrida.   

La relevancia del artículo 51 CE no puede separarse del artículo 24 CE, que garantiza la tutela judicial efectiva. Ambos preceptos forman un binomio inseparable: el primero define el objetivo material de proteger al consumidor como sujeto vulnerable; el segundo asegura que dicha protección pueda hacerse valer ante un tribunal independiente, mediante un proceso justo, accesible y eficaz.

En realidad, la efectividad del artículo 51 CE depende, en última instancia, del artículo 24 CE: sin un sistema de tutela judicial fuerte, ágil y sensible a las desigualdades estructurales, la protección del consumidor quedaría reducida a una mera formulación declarativa. No es casual que el Tribunal Constitucional haya reconocido que los principios rectores no pueden quedar desvinculados de la garantía procesal, pues es el proceso judicial el que convierte el principio constitucional en un derecho efectivamente realizable.

Este trabajo aborda la construcción constitucional de la persona consumidora desde una triple perspectiva. En primer lugar, mediante la delimitación normativa del concepto de consumidor y de su contraparte, el comerciante o empresario, analizando su evolución desde una noción restringida vinculada a la compra de alimentos hasta la actual definición armonizada con el acervo comunitario. En segundo término, a través del análisis de los derechos subjetivos que integran su estatuto jurídico, los cuales, aunque encuentran fundamento en la Constitución, requieren de desarrollo legislativo para su ejercicio efectivo. Finalmente, mediante el examen de la protección que se despliega en las distintas fases de la contratación: precontractual, contractual y postcontractual. En este ámbito, se presta especial atención a los deberes de información previa, el control de la publicidad, la buena fe y el necesario equilibrio entre la autonomía de la voluntad y la tutela del consumidor frente a cláusulas abusivas.

Partiendo de este marco constitucional, el capítulo ofrece una visión sistemática de la evolución legislativa y jurisprudencial que ha configurado el actual Derecho de consumo. Este recorrido destaca su naturaleza transversal y la creciente influencia del Derecho de la Unión Europea, examinando hitos normativos clave como la Ley 26/1984, el Texto Refundido de 2007 y las reformas más recientes, incluida la Ley 4/2022 que introduce la figura del "consumidor vulnerable". Este enfoque permite comprender el proceso de consolidación de un verdadero estatuto constitucional de la persona consumidora, cuya protección responde no sólo a exigencias jurídicas, sino también a realidades económicas y sociales propias de las sociedades contemporáneas.

II. LA CONSTRUCCIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA CONSUMIDORA

La expresión “derecho de los consumidores y usuarios”, términos utilizados tanto en la Constitución como en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, debe analizarse desde un punto de vista subjetivo, empleando el concepto en forma conjunta, siendo dicha designación obtenida a partir de la noción de “consumidor” (Lasarte Alvarez, 2022; 54-72); denominación que surgió después de que se estableciera una definición inicial de consumidor limitada únicamente a aquellos que dentro del mercado compraban productos alimentarios y farmacéuticos.

Con posterioridad, evoluciona el término hasta abarcar un entendimiento más amplio de “consumidor” como cualquier individuo involucrado en el tráfico económico con empresas organizadas, y más allá de los meros compradores de productos de uso ordinario y privado. Comienza a vislumbrarse la idea de consumidor final de bienes y servicios para su propio beneficio o uso personal, tanto adquirentes de bienes de consumo como usuarios de servicios públicos y privados. Se incluye al usuario de servicios de cualquier índole, aunque especialmente de aquellos que suelen englobarse bajo los denominados servicios públicos, es decir, de aquellos ofrecidos por el Estado por empresas reguladas que tienen como objetivo satisfacer necesidades básicas de la sociedad. En estos casos, el consumidor final viene a ser el ciudadano ordinario que utiliza estos servicios en su vida cotidiana.

La noción de consumidor, entendida como la persona destinataria de bienes o servicios, es la que adoptan las organizaciones internacionales y supranacionales al abordar esta problemática. A modo de ejemplo, la Carta de Protección de los Consumidores de 1973 define al consumidor como “aquella persona a la que se le suministran bienes o servicios para su consumo privado” (Gómez Calero, 1994; 41)[2].

Es por ello, que la doctrina ha realizado un esfuerzo en esta materia con la intención de obtener una amplia protección del consumidor, no sólo en la fase contractual, sino también en la fase previa. Incluso si el consumidor se confundía como hemos apreciado en un origen con la figura del comprador, en la actualidad abarca a cualquier individuo que celebre contratos con el fin de satisfacer sus necesidades, independientemente del tipo de bienes o servicios que adquiera. En definitiva, cualquier persona que intervenga en relaciones jurídicas, situada en la posición contraria al titular de la oferta, es considerada en la actualidad como “consumidor”.

Desde la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley 26/1984, de 19 de julio, en adelante LGDCU, ley actualmente derogada, se desprendía del concepto de usuario una serie de características a tener en cuenta:

1. Los consumidores y usuarios pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Por lo tanto, no solo se refiere a individuos particulares, entendiendo por tales a personas físicas, ciudadanos o sujetos concretos, sino también a empresas u organizaciones que adquieren bienes o utilizan servicios para uso propio. 2. Son objeto de uso o consumo tanto los bienes muebles como inmuebles, incluidos los servicios, actividades, entre otros. 3. Los consumidores y usuarios son aquellos que adquieren, disfrutan, utilizan... del objeto de consumo. No cierra el ámbito material, ampliando el concepto a aquellos que no intervienen de manera directa en el contrato, pero disfrutan o utilizan el servicio o producto. 4. Los consumidores y usuarios deben ser destinatarios finales, pero no para un consumo de mero uso personal o familiar, sino que incluso puede abarcar el consumo de terceras personas y extenderse tanto a bienes muebles, inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, con independencia de la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden (Rodríguez Cano, 1984; 132). 5. En defensa del término consumidor, se considera también a aquellos que se proponen llevar a cabo el acto de consumo y que todavía no se ha materializado, protegiendo en definitiva a quien aún no ha adquirido la condición de consumidor. 6. No puede considerarse consumidor al miembro o socio de una sociedad mercantil que suministra el producto.

Viendo estas características, debemos afirmar que el concepto de consumidor resulta impreciso en cuanto nos plantea una serie de interrogantes (Caballero García, 2012; 46) tales como: ¿Son merecedores los pequeños y medianos empresarios de la misma protección?, ¿Se incluye en el término consumidor a aquél sin ánimo de lucro?, ¿Debe obtener la misma protección el inversor consumidor? (Martínez de Aguirre, 1992; 75). A la postre, se trata de dudas que no resuelve el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en adelante TRLGDCU, que refleja al consumidor desde un punto de vista económico antes que jurídico, resultando deficiente en su redacción técnica jurídica a la hora de concretar el complejo término.

Ulteriormente, el intento de definir el concepto jurídico en formación fue encomendado a los legisladores del TRLGDCU y a otras leyes complementarias, así como al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, consiguiendo aproximar la legislación nacional a la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores y usuarios a través de su terminología. Se opta por la utilización de los términos consumidor y usuario y empresario, adaptándose a la terminología comunitaria a la par que respeta las peculiaridades del ordenamiento jurídico español en relación con las denominadas “personas jurídicas” (Bercovitz Rodríguez-Cano, 1992; 9-37).

El propio artículo 3 del Real Decreto define esta vez al consumidor y usuario como “la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”. Tal y como expresa el preámbulo de la misma “es aquel que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros” (Cavanillas Múgica, 2008; y Vela Torres, 2022; 3).

Y como novedad a su ley antecesora, incorpora las definiciones de empresario, productor, producto y proveedor, al objeto de unificar la terminología utilizada en el texto. El artículo 4 dispone a sensu contrario “se considera empresario a toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada”.

El concepto legal otorgado por el TRLGDCU hace referencia a un sentido estricto del concepto (Caballero García, 2012; 27), puesto que se refiere a aquellas personas que en el mercado no ejercen ninguna “actividad empresarial o profesional”. La concepción estricta se caracteriza porque a la contraparte, el empresario, se le otorga un carácter contractual, mientras que el destinatario, el consumidor, se circunscribe al ámbito de la prestación de servicios para uso personal, familiar o doméstico. Inspirándose en este concepto el acervo comunitario sobre consumo, así como los Estados miembros.

El artículo 3 TRLGDCU recibió críticas (Carrasco Perera, 2008; 2215-2225) porque la fórmula utilizada resultaba oscura, reiterativa y problemática por equiparar al consumidor y destinatario final sin proteger de manera eficaz los intereses de los consumidores, incluso llegando a obtener implícitamente una mayor protección al que podríamos denominar “gran empresario”, desfavoreciendo al mediano y pequeño empresario y al consumidor que raramente y por desconocimiento acude a la vía judicial en reclamación de sus derechos.

A partir de esta conceptualización se podía desprender la existencia de dos tipos de consumidores: el consumidor jurídico, que es aquél que contrata bienes o servicios pudiendo en base a la prestación contratada ejercitar sus derechos y las garantías que le son inherentes; y el consumidor material, que es aquél que recibe el bien o servicio, aunque no lo haya contratado. Este puede ser consumidor jurídico o no.

Por otro lado, en el Derecho comunitario, la Resolución del Consejo de la CEE, de 14 de abril de 1975, sobre un programa preliminar en la Comunidad Económica Europea para una política de protección y de información de los consumidores, establecía que «en lo sucesivo el consumidor no es considerado ya solamente como un comprador o un usuario de los bienes o servicios para su uso personal, familiar o colectivo, sino como una persona a la que conciernen los diferentes aspectos de la vida social que puedan afectarle directa o indirectamente como consumidor.”

Esta Resolución consideraba a todos los ciudadanos consumidores, utilizando una concepción amplia del término a diferencia de lo expuesto con anterioridad, con el inconveniente de una seguridad jurídica cuestionada. En parte esta noción amplia se desprende del artículo 51 de la Constitución española al dirigirse a los poderes públicos en pro de la defensa de la seguridad, de la salud, y del derecho de información de los consumidores.

Es destacable el concepto de “consumidor vulnerable” (Pérez Gurrea, 2023) que acuña la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Esta ley surge tras la pandemia del COVID-19, entrando en vigor el día 1 de junio de 2022. El término refleja a “aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad”. La Ley 4/22 pretende garantizar un mayor grado de protección a la persona consumidora que se ve afectada por una especial situación de vulnerabilidad. Lo que a menudo acarrea la aceptación de condiciones abusivas y no favorables, en caso contrario, no hubiese aceptado.

En suma, tras las diversas acepciones del concepto de “consumidor y usuario”, concluimos que mientras que la noción estricta permite atribuir derechos subjetivos a cada uno de los consumidores, y que estos puedan ejercer individualmente; la noción amplia permite situar a estos como destinatarios de diversas políticas públicas y, en alguna ocasión, servir como centro de imputación de derechos que no pueden ser ejercidos de forma individual.

III. LA PERSONA CONSUMIDORA EN LA RELACIÓN DE CONSUMO: DELIMITACIÓN DE LA CONTRAPARTE EMPRESARIAL

Una vez que se ha procedido a fijar el concepto de consumidor desde diversas perspectivas, es necesario situar a la contraparte, máxime cuando la diversidad legislativa no facilita esta labor.

A nivel comunitario, la Comisión Europea ha optado por un tratamiento basado en la armonización sectorial. Fruto de ello fue la Directiva 2005/29 CE sobre prácticas comerciales desleales[3]. En su artículo segundo define al “comerciante” como “cualquier persona física o jurídica que actúe con un propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión, así como cualquiera que actúe en nombre del comerciante o por cuenta de éste”.

Por otro lado, define al comerciante, encuadrado como comerciante medio (González Vaqué, 2004; 47-73), como cualquier persona física o jurídica que actúe con propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión (Cámara Lapuente, 2011; 84-117). Igualmente, la Directiva 2011/83/UE, se inclina por un enfoque horizontal y de armonización de todos los aspectos de los contratos. Asume las definiciones de consumidor y comerciantes de la Directiva 2005/29 CE y precisa el término comerciante como aquella persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.

El TRLGDCU intenta aproximar la legislación nacional a la comunitaria. El artículo 4 recoge la definición de “empresario” como toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada. Y como adelanta en su Exposición de Motivos intenta sintonizarla con el acervo comunitario sobre comunitario.

Se desprende un término amplio que no distingue entre formas jurídicas, carácter público o privado, siendo indiferente si el empresario actúa de manera directa o a través de apoderados o personal contratado.

En el caso del empresario que actúa de manera híbrida, adquiriendo a su vez bienes y servicios utilizados de manera parcial en el mercado, habrá que estar a la finalidad principal y en el caso de que no se pueda determinar, será considerado como consumidor; aunque el Texto refundido amplía también los términos a productor, proveedor, así como define que ha de considerarse por producto.

Otra cuestión relevante consiste en determinar si las personas jurídicas pueden quedar comprendidas dentro del concepto de consumidores y usuarios. La respuesta es afirmativa, aunque sujeta a determinados matices. En concreto, la persona jurídica no debe desarrollar en el mercado una actividad empresarial o profesional, y ha de adquirir bienes o servicios para un uso o consumo directo o colectivo, actuando como destinataria final, a fin de poder ser asimilada a la persona consumidora persona física.

Esta categoría singular de personas jurídicas consumidoras es admitida por el ordenamiento, si bien su concurrencia en la práctica resulta poco frecuente, constituyendo un ejemplo las comunidades de propietarios constituidas en régimen de propiedad horizontal.

Aun de este modo no resulta un tema con un pronunciamiento unitario, muestra de ello es la Sentencia del Tribunal Supremo 891/2004, de 21 de septiembre de 2004[4] que recoge que el concepto de consumidor solo puede ser atribuido a las personas físicas.

IV. LOS DERECHOS DE LA PERSONA CONSUMIDORA COMO CATEGORÍA JURÍDICO-PÚBLICA

Como hemos señalado, cuando nos referimos al consumidor y usuario, nos enfocamos al derecho que tienen los mismos en dicha calidad actuante. Como bien sabemos, el derecho puede ser apreciado desde un punto de vista subjetivo y un punto de vista objetivo. El Derecho viene a significar aquellas facultades que se conceden como a su vez las limitaciones que el mismo impone. El Derecho debe proteger los intereses de los más desfavorecidos, tanto desde una tutela jurídica otorgada al propio perjudicado como a los poderes públicos a través del ejercicio de la acción que corresponda según el caso. La capacidad de ejercer una acción en beneficio del titular de un interés es precisamente lo que se conoce como el derecho subjetivo (Gómez Calero, 1994; 41).

Dentro de dicha capacidad, puede ocurrir que el sujeto no pueda exigir la acción, pero se les faculta a los poderes públicos por venir impuesto por ley, lo cual conlleva una ventaja o beneficio en el ciudadano. Ser titular de un derecho subjetivo, desde un punto de vista abstracto, comporta una serie de facultades y deberes.

Quien ejercita un derecho debe obrar dentro de una serie de límites para no sobrepasar la frontera de lo correcto y amparado por ley. Para ello se debe tener voluntad; voluntad que puede ser propia o en caso de carecer, ser suplida por la figura de la representación, actuar conforme a lo permitido por el ordenamiento jurídico, siendo conscientes que existen unos medios coercitivos en caso de incumplimiento, sin perder de vista el interés que realmente se persigue, ya sea económico o moral.

El derecho subjetivo se configura como aquel que el titular puede ejercer de forma individual y cuyo contenido incluye el acceso a una tutela judicial efectiva para la defensa de sus intereses, siempre dentro del marco de la legalidad vigente. Los derechos de las personas consumidoras y usuarias encuentran reconocimiento en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, con la protección propia de los principios rectores de la política social y económica.

Este derecho ha sido desarrollado desde sus orígenes por la legislación de consumo, en particular por la LGDCU y el resto del entramado normativo español, garantizando la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria en busca de amparo, lo que satisface el denominado elemento normativo. El reconocimiento subjetivo se proyecta de forma amplia, pues no solo alcanza a quienes ostentan plena capacidad de obrar, sino también a aquellos que actúan a través de representantes legales o voluntarios, cumpliéndose así el elemento de sustrato. Asimismo, la protección se extiende a un conjunto de intereses legítimos, tanto directos como instrumentales, que integran el elemento teleológico del derecho.

Por todo ello, los derechos de los consumidores y usuarios podemos afirmar que se encuadran en los derechos subjetivos, pero comprenden una categoría especial al derecho subjetivo tradicionalmente conocido, dado que no nacen habitualmente de una relación jurídica privada donde la figura del deudor venga expresamente determinada. Al encuadrarse el sujeto pasivo en la terminología de los consumidores y usuarios, a veces resulta compleja la identificación del titular del derecho.

Como hemos señalado con anterioridad, los derechos de las personas consumidoras pueden ser tanto de carácter privado como público. Abarcan un derecho de carácter complejo puesto que engloba una materia que se despliega en un ámbito de la actividad económica muy amplio, derechos que pueden ser tanto individuales como colectivos, y es precisamente, en este último caso, cuando adquiere el verdadero sentido el concepto de “intereses legítimos” que protege jurídicamente tanto la Constitución española en su artículo 51.1 como el artículo 2.1 de la referida LGDCU (Fernández Pacheco, 1993; y Rodríguez Cano, 1984; 133).

La protección jurídica conferida por nuestro ordenamiento jurídico plantea una duda, la de si se debe otorgar validez a la renuncia conferida por el artículo 6.2 del Código Civil, que sin embargo parece contradecir el artículo 2.3 de la antigua LGDCU. Sin embargo, el artículo matiza ser nula la renuncia previa de los derechos que la ley reconoce a los consumidores y usuarios en la adquisición o utilización de bienes o servicios.

Por lo tanto, no se admite la renuncia a aquellos derechos que aún no han sido incorporados al patrimonio del individuo. A partir de esta premisa, la ley califica como abusivas las condiciones o cláusulas, particularmente las condiciones generales de la contratación, que impongan al consumidor o usuario la pérdida anticipada de tales derechos. Todo ello sin perjuicio de que, una vez adquirido el bien o utilizado el servicio, el consumidor pueda válidamente disponer de los derechos ya integrados en su esfera jurídica.

Por todo lo expuesto, se concluye que los derechos de los consumidores y usuarios constituyen derechos subjetivos con particularidades al derecho de uso común.

V. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA CONSUMIDORA EN ESPAÑA

En el marco social, podemos afirmar que el origen de las primeras medidas adoptadas en pro de una política en defensa de los consumidores podemos datarla en la década de los años setenta. Y tiene su lógica, puesto que se desprende un desarrollo de la economía al surgir las sociedades post-industriales hacia un camino abierto favorecedor respecto de los intereses de los empresarios y del capital. Nacen las sociedades de consumo. Las sociedades de consumo no solo se caracterizan por un factor de despersonalización, sino especialmente porque los consumidores y usuarios quedan en una situación de vulnerabilidad económica y jurídica[5], que afecta tanto a sus derechos e intereses individuales como colectivos.

El sistema capitalista genera la necesidad de producción debido a la necesidad de consumo del cliente. Se promocionan las ventas y se aumenta la publicidad. El cambio se produce respecto al primer capitalismo comercial en que es la producción que antecede a la demanda, la impulsa e incentiva. El problema se plantea en el lado opuesto, en el ciudadano que consume, que se va a encontrar ante una situación de desprotección económica, jurídica e informativa.

Como bien es sabido, en los mercados confrontan por un lado los intereses de los empresarios en su papel de oferentes de bienes y servicios, y por otro lado, los demandantes finales en calidad de consumidores. Dicho de otro modo, la producción, venta de bienes y servicios, en definitiva, la comercialización de los mismos se enfrenta a la demanda y el consumo como objeto último en la ecuación de comercio de la oferta y la demanda. Esto puede provocar una serie de fraudes al someterse el consumidor en una posición de desprotección.

Ante la inseguridad jurídica creada lo cierto es que la tutela que ofrece el Derecho civil, código que entró en vigor en 1889, basado en un pensamiento político liberal que daba respuesta a los problemas de la época en una economía de carácter agrícola y artesanal, así como el Código de comercio de 1885 con una visión preindustrial, resultan insuficientes ante un crecimiento inabarcable del comercio, especialmente desde la entrada de España en 1986 en la que ahora es la Unión Europea, incorporándose España a la libre circulación de bienes y servicios entre los países miembros de la misma (Gómez Calero, 1994; 44).

A mayor crecimiento, mayores son las dificultades que se presentan al sujeto que ocupa la última posición de la escala. Se hace patente la necesidad de un nuevo modelo regulador de mercado que estudie y ponga solución real a los problemas generados en la práctica y ejercicio del comercio. Comienza a configurarse un deber de información orientado a que la parte en situación de inferioridad negocial pueda elegir bienes y servicios con verdadera libertad, no solo en un plano formal, sino también material. A partir de estas primeras líneas se perfila un Derecho especial dirigido específicamente a quienes ocupan esa posición contractual de desventaja.

Todo derecho especial se caracteriza por los sujetos a los que protege, en este caso el consumidor con fines de “no mercado”; y por los instrumentos normativos utilizados, normas jurídicas pluridisciplinares enfocadas en equilibrar las fuerzas que compiten, empresarios y destinatarios finales en un mercado económico, velando por la tutela de los derechos fundamentales en un esfuerzo de aplicar una justicia material. El derecho especial de los consumidores y usuarios es un derecho en germinación, dada la importancia del mercado actual cobra vida y más relevancia, con autonomía propia, con un considerable avance desde que se iniciase a legislar en la década de los ochenta sobre esta materia. En síntesis, un derecho en formación que crece conforme la Unión Europea elabora un mercado interior común.

El Derecho de los consumidores se particulariza por estar compuesto por una normativa heterogénea y una complejidad significativa debido a diversos factores, tales como la contratación masiva y despersonalizada, el desequilibrio económico y jurídico entre las partes involucradas, la variedad de derechos que busca proteger. Se contemplan especialmente dos supuestos de hecho: los contratos de consumo, es decir, los contratos celebrados entre los consumidores finales y los empresarios y la responsabilidad civil por los daños ocasionados por los empresarios que ofertan bienes y servicios a los destinatarios finales en los mercados.

Además, la regulación normativa de este campo puede incluir normas de carácter imperativo, dispositivas e incluso indicativas, lo que complica más su tratamiento.

No es de extrañar, que en la STC 71/1982[6], el Tribunal Constitucional, en un fallo histórico estableciera algunos criterios importantes sobre la protección de los derechos de los consumidores, entre ellos se destaca la naturaleza pluridisciplinaria del conjunto normativo encargado de proteger los derechos de los consumidores. En consecuencia, la Sentencia 71/1982 es importante porque destaca la complejidad y amplitud de este campo normativo, lo que puede requerir un enfoque interdisciplinario y una coordinación adecuada entre diferentes áreas del Derecho y entre diferentes niveles de gobierno, especialmente a la hora de determinar las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Además, este fallo sienta algunas bases para la regulación y protección de los derechos de los consumidores en España, y ha sido referenciado y citado en otros fallos y decisiones judiciales relacionadas con este ámbito normativo.

El maremágnum legislativo se aprecia igualmente en el Derecho comunitario, desde las directivas (enfoque vertical), como en normas comunes para el acervo comunitario (enfoque horizontal); en todo caso con una posición prioritaria del Derecho comunitario, que deberán acatar los Estados miembros.

Es decir, nos hallaríamos con tres niveles normativos, empezando por la cúspide de la pirámide normativa, el Derecho comunitario, seguido por el Derecho estatal y ocupando la última posición el Derecho autonómico.

1. El artículo 51 de la Constitución Española como fundamento de la protección constitucional de la persona consumidora

Esta protección nace con la promulgación de la Constitución Española de 1978. El artículo 51 ubicado dentro del capítulo III del Título I, establece: “1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

El artículo 51 de la Constitución Española, el que fuese el artículo 44 en el Anteproyecto, experimentó una modificación significativa durante el informe de la ponencia del Congreso. La Comisión Constitucional del Senado planteó un debate sobre el fondo del precepto, en relación a una enmienda presentada por el grupo parlamentario Agrupación Independiente. Esta enmienda se centró en el significado de la protección de los consumidores a través del reconocimiento de sus derechos básicos, según se expresan en los textos internacionales europeos (de la CEE, del Consejo de Europa y de la OCDE), así como en la inclusión de una serie de derechos instrumentales en relación con los derechos enunciados como básicos.

En virtud de una protección del mercado, el apoyo específico de los consumidores se convierte en un refuerzo del modelo económico, considerado como pilar básico. La inclusión de la protección de los consumidores en el capítulo III, del Título I de la Constitución, constituyendo el artículo 51 un principio rector de la política social y económica, dispone de un contenido informador y programático, que los poderes públicos deben promocionar y fomentar sin condicionar ni limitar la forma de obtener una protección de los derechos e intereses, tanto individuales como colectivos, de los consumidores.

Podemos destacar de la STC 71/1982 (García Martínez, 2023), la naturaleza pluridisciplinaria del conjunto normativo encargado de proteger los derechos de los consumidores. Este precepto, sin precedentes en nuestro ordenamiento constitucional, sienta los pilares que deben inspirar la normativa y la actuación de los poderes públicos en orden a garantizar la protección de los intereses de los consumidores.

El artículo parece ir más allá de lo que formalmente le correspondería como un derecho social que requiere la promoción y aseguramiento por parte de los poderes públicos, tratando de equilibrar y evitar una posible indefensión en la relación generada entre consumidor con las grandes sociedades productoras de bienes y prestadoras de servicios. Convirtiéndose, sin embargo, en un verdadero principio del modelo económico basado en la economía de mercado.

El derecho de los consumidores y la administración pública están estrechamente relacionados, ya que los consumidores son protegidos por las leyes y regulaciones establecidas por la administración pública en materia de protección al consumidor bajo los pilares de un Estado social y democrático (Gómez Calero, 1994; 43). La administración pública tiene la responsabilidad de garantizar que las empresas cumplan con las normativas y leyes que protegen los derechos de los consumidores, y en caso de que no lo hagan, tomar medidas correctivas y sancionatorias correspondientes en el marco del mandato constitucional del artículo 9.2.

Además, la administración pública puede actuar como mediadora entre los consumidores y las empresas en caso de conflictos, a través de organismos como la Oficina de Atención al Consumidor o las autoridades de protección al consumidor. También puede establecer políticas y campañas de información para promover el consumo responsable y la protección de los derechos de los consumidores.

El artículo 51 de la Constitución española[7], que se enmarca dentro del Título I, titulado “De los derechos y deberes fundamentales”, capítulo tercero “de los principios rectores de la política social y económica”, alude a la protección de la salud, a recibir libremente información veraz, al derecho a la educación o a la audiencia; derechos reconocidos en los artículos 43.1, 20.1.d, 27.1, y 105.a, respectivamente. La diferencia la constituye que estos artículos velan por la protección del ciudadano en su concepto más genérico mientras que el artículo 51 se refiere en exclusividad al consumidor.

El artículo 51 viene a constituir una metanorma en el sentido de que garantiza la aplicación de las normas jurídicas y una correcta interpretación de las mismas, que deben ceder ante la Carta Magna y en este caso ante el amparo del principio pro consumatore. No emana del artículo 51 ningún derecho subjetivo con base directa en la Constitución, sino que necesita un posterior desarrollo legislativo.

El Tribunal Constitucional ha manifestado en reiteradas ocasiones que el artículo analizado no constituye una norma que atribuya competencias. El artículo 149.1 de la Constitución Española no menciona la materia estudiada, por lo que las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos lo han asumido como competencia exclusiva, en virtud del artículo 149.3. De hecho, la mayoría de las Comunidades Autónomas han asumido competencias en la materia, promulgando su propia regulación.

No es sino a partir de la Constitución actual cuando “los derechos de los consumidores y usuarios” nacen en España como una categoría autónoma de derechos subjetivos, institucionalmente protegidos en el marco de la ley.

2. Antecedentes legislativos de protección de la persona consumidora

Sin embargo, no podemos obviar manifestaciones anteriores de nuestra legislación al artículo 51 CE donde se intuye la protección a los adquirentes de bienes o servicios. En el campo del derecho privado, los códigos decimonónicos, Código de Comercio y Código civil, desde un prisma de liberalismo político y económico (Bercovitz Rodríguez-Cano, 1978; 9-37) se basan en criterios de buena fe, moral, orden público, prohibición del abuso del derecho... con el fin de defender al contratante desfavorecido y la seguridad del tráfico económico. Manifestaciones que hallamos en el artículo 59, 85, 333, 336, 342, 345, 361, 362 del Código de Comercio, entre otros. El artículo 59 del mencionado código estipula si se originaren dudas que no puedan resolverse con arreglo a lo establecido en el artículo 2, se decidirá la cuestión a favor del deudor. Se consagra de esta manera el principio favor debitoris, norma que debe ceder ante el artículo 1289 del Código Civil. El deudor obtiene de esta manera la condición de lo que en un futuro se considerará un consumidor o usuario.

El Código civil español del año 1889 tampoco nos deja indiferentes en esta materia, se puede comprobar a través del análisis de los artículos 1288, 1474 a 1499 y 1967.4, que quienes ocupan la posición de destinatarios finales de bienes o servicios encuentran una posición de favorecimiento, una protección especial por considerarse la posición débil de la relación jurídica.

Una norma claramente tutelar para los usuarios del crédito es la ley de represión de la usura de 23 de julio de 1908, conocida como “Ley Azcárate”[8], que estableció límites a los intereses que podían cobrar los prestamistas y penalizó la usura. Su principal objetivo fue proteger a los prestatarios de aquellos prestamistas que imponían intereses excesivos y abusivos. Ha sido relevante en el marco de la protección de los consumidores y usuarios dado que sentó las bases para posteriores regulaciones en materia de crédito protección al consumidor.

Su precepto más representativo es el artículo 1, complementado con el artículo 9, que vienen a establecer la nulidad de actos como contratos de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa o de lo limitado de sus facultades mentales, así como los contratos en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente fue entregada y la renuncia por el deudor de condiciones que resulten beneficiosas o ventajosas para sus intereses.

Del mismo modo, pueden mencionarse diversas leyes especiales que, de forma fragmentaria, anticipan una preocupación por la protección del consumidor y del usuario. Así, el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1930 utilizaba ya el término “consumidor” en su artículo 250; la Ley de 22 de diciembre de 1955 y la Ley de Arrendamientos Urbanos de 11 de junio de 1964 introdujeron la prórroga forzosa del contrato en favor del arrendatario; los artículos 116 a 120 de la Ley 48/1960, reguladora de la navegación aérea, priorizaron la protección del viajero incluso frente a la actuación diligente del porteador aéreo; la derogada Ley 110/1963, de 20 de julio, sobre represión de prácticas restrictivas de la competencia, reconoció expresamente a los “consumidores y usuarios” como titulares de intereses legítimos dignos de tutela jurídica; el Estatuto de la Publicidad, aprobado por la Ley 61/1964, reforzó la libertad de elección y la protección frente a prácticas engañosas (Rubí i Puig, 2008); la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre ventas de bienes muebles a plazos, instauró el derecho de desistimiento del comprador; y, finalmente, la Ley 57/1968, de 27 de julio, relativa a las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, se orientó a la protección de los adquirentes de vivienda.

Este conjunto normativo constituye un antecedente legislativo relevante en el que se reconocen derechos específicos a la parte en posición de inferioridad contractual, con el objetivo de evitar que la situación de ventaja del empresario sea explotada de forma injustificada en perjuicio de los intereses de los consumidores.

3. Desarrollo legislativo de la protección de la persona consumidora tras la Constitución Española de 1978

Siguiendo un orden cronológico y con posterioridad a la Constitución Española, se han dictado un conjunto heterogéneo de normas tanto en el ámbito del Derecho privado como Derecho público, regulaciones que han incidido en el campo del Derecho civil, mercantil, penal, administrativo y procesal, aunque han tenido su desarrollo especialmente en materia de contratos y responsabilidad civil extracontractual (Lasarte Alvarez, 2022; 54-72).

A continuación, procederemos a destacar las principales aportaciones de las leyes de mayor relevancia en cuanto a la protección del consumidor y usuario.

a.  Ley 50/1980, de 8 de octubre, reguladora del contrato de seguro.

De las primeras leyes que harían un guiño a la protección del consumidor tras la entrada en vigor de la Constitución española sería la Ley 50/1980, de 8 de octubre, reguladora del contrato de seguro (Isern Salvat, 2014). Esta ley asume la protección al asegurado, quien viene a ser el consumidor o usuario de los seguros, velando porque al asegurado se le aplique la norma, convencional o legal, que más le favorezca. La ley declara nulas aquellas cláusulas perjudiciales para el asegurado o que sean de carácter lesivo para el mismo y obliga a los aseguradores a modificar en las pólizas concertadas las cláusulas que el Tribunal Supremo haya declarado nulas. La trascendencia de la ley reguladora del contrato de seguro es que instaura una protección erga omnes, dado que aquella cláusula declarada nula por nuestra más alta instancia debe transcender a cualquier contratación de seguro realizada, sin que el asegurado en particular tenga que acudir a la vía judicial, anulando directamente la cláusula abusiva el asegurador. Incluso llega más lejos, concediendo una protección de carácter indemnizatorio, imponiendo a los aseguradores el pago de intereses al 20 por 100 como cláusula penal en caso de incurrir en responsabilidad.

b.  Ley 26/84, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios Viene a constituir un derecho propio específico y subjetivo al consumidor y usuario. La ley nace para dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Española; es por ello, que el artículo 1.1 establece “en desarrollo del artículo 51 (1 y 2) de la Constitución Española, esta ley tiene por objeto la defensa de los consumidores y usuarios, lo que, de acuerdo con el artículo 53.3, tiene el carácter del principio general del informador del ordenamiento jurídico: en todo caso, la defensa de los consumidores y usuarios se hará en el marco del sistema económico diseñado en los artículos 38 y 128 de la Constitución y con sujeción a lo establecido en el artículo 139”.Esta ley general fue dictada con cierto apresuramiento como consecuencia de la alarma social que generó el síndrome tóxico producido por el aceite de colza adulterado, verdadero toque de atención sobre la necesidad de garantizar a los ciudadanos un mínimo de seguridad en relación con el consumo. Tuvo como objetivo no sólo el desarrollo del artículo 51 de la Constitución Española, sino también fomentar el movimiento consumerista y constituirse en la base del apoyo legislativo en esta materia específica.

La Ley fue objeto de varias modificaciones, la mayoría para integrar directivas comunitarias sobre la materia. Por ello, y en cumplimiento de la previsión recogida en la disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que habilitaba al Gobierno para que, en el plazo 12 meses, procediese a refundir en un único texto la Ley 26/1984 y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que incidían en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales correspondientes, se dictó el vigente Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La Ley 44/2006 tuvo especial relevancia en el Derecho privado de los consumidores, al introducir en el campo de la protección del consumidor importantes mejoras, así como incrementar la protección del mismo en todos los ámbitos en los que el déficit de protección es patente.

Lo cierto es que la Ley 26/1984 fue objeto de numerosas críticas puesto que pese a tener una regulación muy extensa, técnicamente dejaba mucho que desear, lo que conllevó a múltiples modificaciones legislativas, algunas anteriormente mencionadas, desencadenando en que el texto original actualmente no se halle en vigor.

c.  Ley 7/98, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación[9]

Esta ley tuvo como objetivo principal la protección de los consumidores y usuarios frente a las cláusulas abusivas y desequilibradas en los contratos de adhesión, y se caracterizó por promover la transparencia, el equilibrio contractual y la protección de los derechos de los consumidores.

La ley establece una serie de disposiciones que regulan la inclusión, interpretación y control de las condiciones generales de contratación, que son aquellas cláusulas preestablecidas por una de las partes y que no han sido negociadas individualmente, en un intento de transposición e incorporación de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993. Del mismo modo, la Ley sobre condiciones generales de la contratación no supuso como regla general declarar la abusividad de las condiciones generales de la contratación, es más en su propio preámbulo destaca la intención de distinguir las cláusulas abusivas de las condiciones generales de la contratación. El simple hecho de que una cláusula venga predispuesta e incorporada en una pluralidad de contratos no la convierte ipso facto en cláusula abusiva, sino que debe transgredir las exigencias de la buena fe en detrimento del consumidor, dando un evidente desequilibrio entre las partes.

La Ley 7/98 supuso la introducción de unas reformas relevantes a tener en cuenta respecto de la Ley 26/84, dando lugar a una nueva redacción del artículo 10, incluyendo el nuevo artículo 10.bis sentando las bases que reclamaba la nueva disposición adicional primera en relación a las cláusulas contractuales abusivas e introduciendo un extenso catálogo de condiciones generales de la contratación que debían considerarse abusivas.

Aunque la realidad es que esta ley no quedó exenta de un amplio debate doctrinal, pues para la mayoría la ley debía haberse limitado a incorporar los mandatos de la Directiva europea 93/13 relativos a la supresión y eliminación de las cláusulas abusivas.

d.  Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

Nace con el propósito de incorporar de manera correcta los artículos 5 y 6.2 de la Directiva 93/13/CEE, y en virtud de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sentencia de 9 de septiembre de 2004, en el Asunto C-70/2003.

Su objetivo principal es fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en diversas áreas. Destacando aspectos concretos de la misma donde se persigue la mejora de la información y transparencia, la protección de la contratación, especialmente en contratos de adhesión, prohibiendo las cláusulas abusivas y exigiendo una redacción clara y comprensible de los contratos. Además, regula aspectos como el derecho de desistimiento y las garantías en la venta de bienes de consumo.

Igualmente, introduce la posibilidad de emprender acciones colectivas en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Ofrece protección en los servicios financieros y en contratos de préstamos hipotecarios. Por último, fija un régimen sancionador para reforzar en materia de consumo el establecimiento de multas y sanciones para quienes incurran en prácticas abusivas o infrinjan las disposiciones de protección al consumidor.

e.  Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias[10]

Tal como hemos señalado, fue aprobado con el objetivo de regular y proteger los derechos de los consumidores y usuarios en España, estableciendo un marco legal para regular las relaciones entre consumidores y proveedores de bienes y servicios. El texto refundido procedió a refundir en un único texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que incidían en los aspectos regulados en ella, en cumplimiento de la previsión recogida en la disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios (Lasarte Alvarez, 2022; 54-72).

El ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2007 abarca las relaciones entre los consumidores y usuarios y los profesionales y empresas que ofrecen bienes y servicios en el mercado español. Algunos de los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios por esta normativa son: derecho a la protección de sus intereses económicos y sociales, derecho a la información veraz, completa y comprensible sobre los productos y servicios, derecho a la indemnización por daños y perjuicios causados por productos o servicios defectuosos, derecho a la protección contra prácticas comerciales abusivas o desleales, derecho a la resolución de conflictos mediante procedimientos de mediación, arbitraje o reclamación judicial.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ha abarcado también la regulación de los contratos celebrados fuera de los establecimientos y a distancia, responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, regulación sobre viajes combinados, entre otros...

Incorpora en un único cuerpo normativo diversas leyes que anteriormente regulaban aspectos específicos de la protección de los consumidores y usuarios. Entre estas leyes se encuentran la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación, la Ley de Productos Defectuosos, entre otras.

Para la identificación de las normas que fueron objeto de refundición en el Texto, se consideró el listado del anexo de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, que identifica las disposiciones comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios. La tarea de refundición fue extensa, ya que se incluyeron en el Texto varias leyes adicionales, tales como la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, que regula los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; la regulación en materia de protección de los consumidores y usuarios en la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, que reformó la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Marín López, 1995) para la transposición de la Directiva sobre contratos a distancia al ordenamiento jurídico español; la Ley 23/2003, de 10 de julio[11] que establece garantías en la venta de bienes de consumo; la Ley 22/1994, de 6 de julio, sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos; y la Ley 21/1995, de 6 de julio, que regula los viajes combinados.

f.  Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre

Mediante esta ley se procede a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a fin de transponer al derecho interno la Directiva 2011/83/UE, tal y como expresa su propia Exposición de motivos.

Con fecha 22 de noviembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE de Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y a su vez se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (González Vaqué, 2004). La citada Directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, tal y como expresa la Exposición de motivos de la Ley 3/2014, de 27 marzo.

Por su parte, la Ley 3/2014 introduce una serie de modificaciones y actualizaciones en la legislación de protección de los consumidores y usuarios en España, con el objetivo de fortalecer sus derechos y mejorar la transparencia en las relaciones comerciales. Especialmente, refuerza la obligación de los empresarios de proporcionar a los consumidores una información clara, veraz y completa antes de la celebración de un contrato, incluyendo aspectos como el precio, las características del producto o servicio, y los derechos y obligaciones de las partes. Amplía la protección contra las prácticas comerciales abusivas y desleales, estableciendo prohibiciones específicas y criterios para determinar su carácter abusivo.

Regula con mayor detalle los contratos celebrados a distancia (por ejemplo, por teléfono o internet) y los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial habitual del empresario (a modo de ilustración, en el domicilio del consumidor), con el fin de proteger los derechos de los consumidores en estas situaciones. Determina con criterios más claros la abusividad de las cláusulas contractuales, especialmente en contratos de adhesión, y se facilita la posibilidad de impugnar y anular cláusulas abusivas.

Así como, introduce disposiciones para proteger a los consumidores en situaciones de impago, evitando prácticas abusivas de cobro y estableciendo mecanismos para negociar soluciones extrajudiciales de deudas.

g.  Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Es importante mencionar esta ley porque ha supuesto dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, donde se concluyó que la regulación de los contratos celebrados con consumidores de conformidad con la legislación española no era acorde con el derecho de la Unión Europea.

Con esta reforma el Juez tanto en los procedimientos monitorios, una vez reformado el artículo 815.1 y añadido el nuevo apartado 4 de la Ley de Enjuiciamiento civil, así como en las Ejecuciones, reformado el artículo 552, conlleva que el juez realice un control de oficio de las posibles cláusulas abusivas en los contratos monitorios y ejecuciones celebrados entre empresarios y consumidores y usuarios, y en su caso, tras dar audiencia a ambas partes resolver lo procedente, sin que ello conlleve efecto de cosa juzgada, tal y como exige la normativa europea.

Igualmente, en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2009, se permite el control judicial de cláusulas abusivas en el despacho de ejecución de laudos arbitrales, como ocurre en los títulos no judiciales.

h.  Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

Esta ley tiene como objetivo principal promover y regular los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos entre los consumidores y los proveedores de bienes o servicios.

En su articulado se establecen los requisitos y procedimientos para la creación y funcionamiento de las entidades de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, así como los derechos y obligaciones de los consumidores y proveedores involucrados en estos procesos. Además, establece la obligatoriedad de los proveedores de informar a los consumidores sobre la existencia de estas entidades y su disponibilidad para resolver posibles conflictos. Igualmente, marca los principios de imparcialidad, transparencia, independencia, equidad, eficacia, gratuidad para el consumidor, entre otros, que habrán de materializar las entidades al poner en práctica en la resolución del conflicto.

Por lo que la ley facilita una vía ágil, eficaz y menos costosa para la resolución de conflictos entre consumidores y proveedores, evitando la necesidad de acudir a los tribunales, así se deduce de su artículo 11, en relación al principio de gratuidad para el consumidor. A su vez promueve la mediación, el arbitraje y otros métodos de resolución alternativa de conflictos como medios para lograr soluciones amistosas y satisfactorias para ambas partes.

Hay que advertir que la ley no ha supuesto la derogación de la normativa relativa al procedimiento arbitral de consumo, más bien a la inversa, son los órganos arbitrales los que deben asumir los principios generales consagrados por la Ley 7/2017.

i.  Ley 5/19, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

La ley se aprobó con la finalidad de transponer parcialmente la Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014, con el objetivo de garantizar la seguridad del consumidor frente a determinadas cláusulas abusivas.

En la materia que principalmente nos preocupa, ha supuesto la modificación de la Ley General de Condiciones de la contratación, del Texto refundido 1/2007 y la Ley Hipotecaria, añadiendo un último párrafo al artículo 83 TRLCU que determina que las condiciones incorporadas de modo no transparente en contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho y a su vez da una nueva redacción al artículo 5.5 de la LCGC fijando como requisitos en la redacción de las cláusulas generales la transparencia, claridad, concreción y sencillez e igualmente declarando nulas aquellas condiciones que resulten tener carácter abusivo.

j.  Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica

La Ley 4/2022, ley más reciente en el estudio realizado sobre defensa de consumidores y usuarios, surge para dar cumplimiento al artículo 51.1 de la Constitución Española tras la pandemia del COVID-19, protegiendo a los afectados en el ámbito social y económico, y especialmente a las relaciones de consumo, defendiendo a la parte consumidora vulnerable, que se encuentran en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección en sus relaciones de consumo. En consecuencia, resulta imperativo que la legislación estatal incluya de manera urgente disposiciones que contemplen las circunstancias que requieren una protección reforzada de los derechos de los consumidores.

Podemos concluir tras un análisis de la distinta legislación mencionada, que se ha producido un aumento de la legislación nacional, así como abundantes reformas legislativas en el desarrollo y tomando como base principal el principio rector de la política social y económica recogido en el artículo 51 de la Constitución con el fin de proteger la figura del consumidor. Al igual que se aprecia con claridad que la normativa más vigente se caracteriza por ser más precisa en su regulación con el fin de evitar situaciones adversas y vacíos legales que permitan a la parte dominante en un contrato obtener beneficios injustos.

VI. CONCLUSIONES

Del análisis realizado pueden extraerse las siguientes conclusiones.

Primera. La protección de la persona consumidora ha dejado de constituir un ámbito sectorial del Derecho privado para configurarse como una auténtica categoría jurídico-pública, estrechamente vinculada a los principios que informan el Estado social y democrático de Derecho. La creciente complejidad de las relaciones económicas y la posición estructural de vulnerabilidad que puede ocupar la persona consumidora justifican una intervención pública que trasciende la autonomía de la voluntad y proyecta sobre el mercado exigencias constitucionales de equilibrio, transparencia y justicia material.

Segunda. La evolución del concepto de persona consumidora pone de manifiesto el tránsito desde concepciones estrictamente económicas hacia una noción jurídica de carácter funcional, centrada en la protección del sujeto que actúa al margen de una actividad empresarial o profesional. Esta evolución ha permitido ampliar el ámbito subjetivo de tutela e incorporar nuevas categorías, como la persona consumidora vulnerable, adaptando el ordenamiento jurídico a las nuevas realidades del mercado.

Tercera. El estudio de la normativa estatal evidencia un intenso proceso de expansión legislativa que ha configurado un verdadero sistema de protección de la persona consumidora. Lejos de responder a una acumulación asistemática de disposiciones, dicho desarrollo encuentra su elemento vertebrador en el artículo 51 de la Constitución Española, que dota de coherencia material al conjunto del Derecho de consumo.

Cuarta. La constitucionalización de la protección de la persona consumidora ha supuesto una profunda transformación del Derecho de consumo, elevándolo desde un ámbito tradicionalmente vinculado al Derecho privado hasta convertirlo en una materia de indudable relevancia constitucional. Esta evolución ha reforzado el papel de los poderes públicos en la garantía de una protección efectiva conforme a los principios propios del Estado social y democrático de Derecho.

Quinta. La constitucionalización del Derecho de consumo ha incidido en la reinterpretación de instituciones clásicas del Derecho privado, de modo que principios como la autonomía de la voluntad, la fuerza obligatoria de los contratos o la libertad de empresa deben entenderse hoy en armonía con las exigencias derivadas del artículo 51 CE, favoreciendo soluciones compatibles con la buena fe, la transparencia y el equilibrio entre las partes.

Sexta. El artículo 51 de la Constitución Española ha experimentado una evolución interpretativa que permite atribuirle una eficacia jurídica creciente como criterio de interpretación, orientación y legitimación de la actuación del legislador, de la Administración y de los órganos jurisdiccionales en materia de protección de la persona consumidora. Sin constituir un derecho fundamental directamente invocable, su proyección trasciende la tradicional consideración de los principios rectores como meros mandatos dirigidos al legislador.

En definitiva, la progresiva constitucionalización del Derecho de consumo evidencia que la protección de la persona consumidora ha dejado de responder exclusivamente a criterios de política legislativa para integrarse entre los principios que estructuran el Estado social y democrático de Derecho. Desde esta perspectiva, el artículo 51 de la Constitución Española no solo inspira la actuación de los poderes públicos, sino que proporciona el fundamento constitucional necesario para interpretar y proyectar el conjunto del ordenamiento jurídico hacia una tutela cada vez más efectiva de la persona consumidora.

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[1] Email: mercedesdaza@hotmail.com. Jueza sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

[2] En la misma línea, el Programa preliminar para una política de protección e información de los consumidores de 1975 concibe al consumidor como “el comprador o usuario de bienes o servicios”, partiendo de la premisa de que este sujeto requiere una tutela específica. Dicha necesidad de protección especial se justifica por la posición de inferioridad en la que el consumidor se encuentra con frecuencia en el mercado, circunstancia que puede comprometer el respeto efectivo de sus derechos (Otero Lastres, 1977; y Polo Díez, 1978)

[3] Ver Caballero García, F., Derecho (privado)..., ob. cit., pp. 48-50 y Marcos Fernández, F., y Suñol Lucea, A., “La transposición al derecho español de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales”, en Massaguer Fuentes, J., (Coord.), en Estudios, Boletín n.º 2013, 2013, pp. 1-45.

[4] RJ 2004/5576.

[5] En relación a esta vulnerabilidad, tanto económica como jurídica, que implica el sacrificio individual debido a las consecuencias negativas de las políticas socioeconómicas neoliberales, resulta de gran interés en el trabajo de García Blesa, J. “Neoliberal rationality and the rhetoric of sacrifice in the construction of proportionality discourse: a case-study from the European Court of Human Rights”. The International Journal of Human Rights, 2024, Vol. 28, n.º 6, pp. 969-994.

[6] Véase STC 71/1982, de 30 de noviembre, ECLI:ES:TC:1982:71

[7] Entre otros autores que han desarrollado una labor de estudio del artículo 51 CE, podemos mencionar a Muñoz Arnau, J.A., Algunas cuestiones sobre el desarrollo de la Constitución española, Dykinson, Madrid, 2013; y Lasarte Álvarez, C., Manual sobre..., ob. cit., pp. 30-36.

[8] Véase el Texto Consolidado de la Ley 23 de Julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.

[9] Entre otros autores que se han pronunciado sobre la Ley 7/1998, de 13 de abril podemos mencionar a Alfaro Aguila-Real, J., Comentario de la Ley de condiciones generales de la contratación, Ed. Civitas, Madrid, 2002; ESPIAU ESPIAU, S., Las condiciones generales de la contratación y la Ley 7/1998, de 13 de abril, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 15-35; y Lasarte Álvarez C., Manual sobre..., ob. cit., pp. 132-135.

[10] Sobre este Real Decreto Legislativo es especialmente sugerente Rebollo Puig, M., La defensa de los consumidores y usuarios (comentario sistemático del texto refundido aprobado por real decreto legislativo 1/2007): adaptado a las reformas introducidas por las Leyes 25/2009 y 29/2009, en Izquierdo Carrasco, M., (Dir.), Ed. Iustel, Madrid, 2011, pp. 17-53.

[11] Ver AA.VV., “Consumidores y usuarios: sepamos nuestros derechos cuando adquirimos bienes de naturaleza duradera” [en línea], en Economist & Jurist,<https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/consumidores-y-usuariossepamos-nuestros-derechos-cuando-adquirimos-bienes-de-naturaleza-duradera/>, [Consulta: 22 de abril de 2023].

 

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