Estudios de Deusto
Revista de Derecho Público
ISSN 0423-4847 (Print)
ISSN 2386-9062 (Online)
DOI: http://dx.doi.org/10.18543/ed
Vol. 74/2, julio-diciembre 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.18543/ed7422026
Recensiones
Díaz Revorio, Francisco Javier; Rebato Peño, María Elena (Dirs.); Travé Valls, Adriana (Coord.), Derechos de la naturaleza e interculturalidad. Una visión desde el río Tajo, Aranzadi La Ley, Madrid, 2025, 317 pp. ISBN 978-84-1085-223-5
https://doi.org/10.18543/ed.3756
Fecha de recepción: 28.01.2026
Fecha de aceptación: 01.10.2026
Fecha de publicación anticipada en línea: noviembre 2026
Quienes seguimos con interés la muy fecunda trayectoria del grupo de trabajo que desde su cátedra de Derecho constitucional dirige Javier Díaz Revorio en Toledo, reconocemos en este volumen una coherente continuidad con proyectos anteriores. En ellos, el profesor Díaz Revorio se había adherido (cauteloso, pero no sin cierta audacia) al enérgico movimiento que desde Iberoamérica viene reconociendo derechos a la naturaleza bajo un prisma indigenista (pensemos singularmente en el reconocimiento de derechos a la Pachamama en la Constitución de la República del Ecuador de 2008). Coherente con esa trayectoria, el volumen, del que me complace dar breve noticia aquí, vuelve a terciar sobre la pertinencia de los enfoques biocéntricos de los derechos, esta vez ya a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 142/2024) que avala la Ley 19/2022, de 30 de septiembre que reconoce personalidad jurídica al Mar Menor. El libro insiste en considerar positivamente el servicio a la interculturalidad que tales iniciativas prestan y lo hace con la vista puesta en un motivo nuevo y muy preciso de reflexión: en qué medida pueda beneficiar al movimiento de defensa del río Tajo el auge de esta nueva orientación biocéntrica que viene reconociendo derechos al Mar Menor, como anteriormente hizo lo propio con los humedales de Pittsburg o Spokane en los EE.UU., el río Ganges en la India o espacios naturales como Te Urewera en Nueva Zelanda, por citar sólo algunos de los precedentes más conocidos. Por lo demás, el volumen responde a un cierto clamor popular (muy justificado por lo demás), que reivindica la urgente necesidad de revertir la degradación del Tajo a su paso por Toledo; un clamor canalizado institucionalmente por diversas plataformas e impulsado muy singularmente por la Cátedra del Tajo UCLM-SOLISS, llamada asimismo a colaborar en este libro.
No por casualidad, el bloque central del volumen (que consta de un total de tres) se dedica precisamente a “La naturaleza desde el río Tajo” con dos contribuciones diametralmente distintas. La primera, de carácter más espiritual (dicho sea sin las connotaciones peyorativas que el término soporta en nuestras sociedades “desencantadas”), representa un sutil y bello ejercicio de Derecho y literatura a cargo de Javier Díaz Revorio sobre la sensibilidad por la naturaleza que desprende la poesía de Garcilaso de la Vega, pero también se refiere a los precedentes ecologistas de la tradición occidental en un loable afán conciliador. Más allá de comprobar cómo el amor por la naturaleza no es incompatible con el pensamiento occidental, ni mucho menos; Díaz Revorio parece querer recordarnos muy oportunamente que no es necesario vestir plumas o taparrabos para defender la naturaleza legítimamente ni, conversamente, denigrarla por no compartir planteamientos pachamamistas embutidos en trajes de Brioni o vestidos de Carolina Herrera. Y después de todo, hasta el urbanita más irreductible y occidentalista tiene su corazoncito ecologista y aun sentimientos de “biofilia”, como se los ha llamado alguna vez.
La segunda contribución del bloque central es de tintes jurídico-dogmáticos, mas con un considerable apoyo empírico, y se debe a varios autores encabezados por la directora de la Cátedra del Tajo UCLM-SOLISS, la profesora Beatriz Larraz. En esta rigurosa contribución se nos da cuenta de los graves incumplimientos de la vigente legislación y me parece muy importante subrayar este aspecto. Este artículo central concluye que el deterioro del Tajo es resultado de malas decisiones políticas y también de graves incumplimientos de la legislación vigente y lo hace, por cierto, con cauta neutralidad en torno al tema central del volumen, cuando afirma que pretende ilustrarnos sobre la problemática del Tajo para “conocer los derechos del Tajo, siempre y cuando se considere que ésta es la expresión adecuada” (p. 220, mis cursivas). A su luz cabe preguntarse si no deberíamos tratar de tomar buenas medidas políticas y legislativas para (sobre todo) cumplirlas escrupulosamente, en lugar de enredarnos con “cambios de paradigma”, ensoñaciones pachamamistas o la violentación innecesaria de nuestro sistema de derechos (que, al fin y al cabo, no puede no ser antropocéntrico, salvo para autodestruirse).
Y sin embargo, muchos siguen incurriendo en lo que en otro lugar he llamado la “falacia de la ineficacia”. Ésta tiene lugar cuando se sostiene que el sistemático incumplimiento de las normas opera como fuente de derechos en los objetos de inefectiva protección. Así, incurre típicamente en tal falacia la propia Ley del Mar Menor cuando afirma en su preámbulo que el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor se justificaba por la “insuficiencia [en el sentido de ineficacia] del actual sistema jurídico de protección”. La falacia se comprende mejor con su elemental reducción al absurdo: Si la ineficacia de las normas justificara atribuir personalidad jurídica al objeto de su fallida protección, entonces en España la desprotección de los bienes inmuebles como consecuencia del fenómeno okupa y la ineficacia de las normas que protegen la propiedad privada inmobiliaria justificarían la atribución de personalidad jurídica y derechos a las viviendas (al menos a las vacías) y me parece ocioso hacer más explícito lo poco razonable de esta conclusión. Por lo demás, que el ladrillo resulte mucho menos glamouroso que la Pachamama o un quasi tomista “orden natural o ley ecológica” (art. 2 a) de la Ley) seguramente sea relevante para algunos; pero en nada afecta a la inadmisibilidad de la falacia de la ineficacia.
Además, la experiencia nos dice que, cuando aceptamos una falacia en nuestro razonamiento, nos hacemos rehenes de su irracionalidad hasta el punto de que deberemos ceder a muchas otras por venir de acuerdo con el conocido principio del pseudo Escoto: ex falso quodlibet sequitur. Dicho menos pomposamente: ¿Cómo no aceptar cualquier irracionalidad una vez que haya aceptado una primera sin mayores reparos? De tal manera, cuando nuestro razonamiento se apoya en una falacia por (supongamos) oportunismo político, entonces se multiplicarán exponencialmente las irracionalidades de nuestro discurso, sumiéndonos en la espiral de irracionalidad típicamente posmoderna que soportamos hoy.
A veces, tal huida hacia adelante (o hacia atrás, más propiamente) incurre en una curiosa circularidad. Por ejemplo, numerosos trabajos hoy se muestran ahora preocupados por garantizar la eficacia de la protección de derechos de la naturaleza. De hecho, así lo expresa de manera transparente el proyecto de investigación del que este libro es producto: “Hacia el reconocimiento efectivo de los derechos de la naturaleza y la interculturalidad: implicaciones en Castilla-La Mancha” (cursiva mía). Es decir, resulta que ahora los defensores del pachamamismo y de los modelos biocéntricos se dan cuenta de la ineficacia de los derechos de la naturaleza que han conseguido positivizar; pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Acaso no era el propósito de la biocéntrica atribución de derechos a la naturaleza garantizar (de por sí) una efectiva protección que la legislación tradicional no aseguraba? La circularidad es clara en el pachamamista y el biocentrista: primero sostengo la necesidad de los derechos de la naturaleza con el argumento de que tal reconocimiento sirve para proteger eficazmente la naturaleza y, una vez reconocidos, entonces descubro que la protección del medio ambiente mediante el reconocimiento de derechos y personalidad jurídica a la naturaleza es tan ineficaz como la tradicional. Se trata, en suma, de garantizar la eficacia de lo que iba (de por sí) a garantizar la eficacia de la protección de la naturaleza… ¿No será más bien, cabe sospechar, que el biocentrismo ha sido ab initio una estrategia equivocada en su conjunto que sólo servía para dar cobertura a formas de populismo? Éste es precisamente el diagnóstico de este comentarista.
Desde este punto de vista, interpreto como una confesión de parte de cierto emotivismo por parte de los directores y la coordinadora su declaración de que el volumen expresa “un grito desesperado” (p. 17) para que el Tajo recupere el estado de gracia que hasta los años sesenta del siglo pasado hacía posible nada menos que el baño en sus aguas. Personalmente, creo que, por más indignados y aun desesperados que nos sintamos frente al persistente incumplimiento de la legislación en materia de protección del medio ambiente, no deberíamos ceder ante la irracionalidad y el desbocado emotivismo que late tras tales iniciativas pachamamistas y biocéntricas. Desde mi punto de vista, ello supondría incurrir en formas de ecopopulismo, que a menudo se limitan a instrumentalizar los loables propósitos del ecologismo con fines a menudo espurios y muy alejados de un fin tan noble como la protección de la naturaleza.
Puesto que he tratado de exponerlo en otro lugar (García Figueroa, A. Ecopopulismo, Valencia: Tirant, 2025), no voy a entrar en más detalles sobre esta perniciosa deriva del discurso ecopopulista, ni tampoco voy a abundar en mis reparos frente a las concepciones biocéntricas de los derechos que reconocen personalidad jurídica a, por ejemplo, lagunas como el Mar Menor (o ríos como el Tajo), con el concurso de argumentos interculturalistas (como sucede en el caso del reconocimiento de derechos a la Pachamama en la Constitución ecuatoriana de Montecristi). Por tanto, me limitaré a avanzar que mis reparos frente a estrategias como el reconocimiento de personalidad jurídica a ecosistemas más o menos delimitados permanecen incólumes tras la lectura de este libro; pero eso no significa que mi juicio sobre él sea negativo, ni mucho menos. Muy al contrario, debo dejar bien claro que se trata de una contribución excelente que debe ser tomada muy en consideración por todos los interesados en estas cuestiones, precisamente porque el libro es, cuando se aborda capítulo por capitulo, muy plural como vamos a ver a continuación.
En efecto, el primer bloque del volumen, “Naturaleza y derechos”, recoge posiciones muy heterogéneas al respecto, tanto por su contenido, como por su posición sobre la admisibilidad de un giro biocéntrico en nuestro sistema de derechos. Muy crítico con la Ley del Mar Menor y con la Sentencia del TC que la avala se muestra el profesor Tomás Vidal, quien aporta buenos ejemplos de la ineficacia del reconocimiento de derechos a la naturaleza y denuncia la pésima técnica legislativa que comporta. Mi sintonía con sus planteamientos va más allá de que me honre atendiendo a algunos de mis argumentos como el de la falacia de la ineficacia (pp. 120 ss.). Quizá algo más conciliador se manifiesta, en principio, Alejo Martínez Quiñones; pero pronto se muestra crítico (y no puedo estar más de acuerdo con él por razones que prefiero descubra el propio lector) denunciando problemas como, por ejemplo, la reconfensionalización del Estado que traslucen los movimientos biocentristas con la asunción de posturas ecoteológicas (pp. 99 ss.). Pero quizá hallemos el aspecto más atractivo de la contribución de este investigador valenciano en sus consideraciones a partir del desastre de la DANA en Valencia el 29 de octubre de 2024. Ante lo sobrecogedor de aquella terrible tragedia, ciertos debates teóricos palidecen y, a veces, revelan a las claras su preocupante esterilidad.
En este mismo bloque, el profesor Enrique Belda se concentra oportunamente sobre el concepto de dignidad humana. Y subrayo su oportunidad porque la reorientación biocéntrica del sistema de derechos que avala la mencionada Sentencia del TC acude al argumento (p. 23) de que la dignidad humana no puede verse relativizada por el desplazamiento del sistema antropocéntrico por otro biocéntrico, precisamente porque el ser humano y su dignidad viven en simbiosis con la propia naturaleza. Esto le sirve a Enrique Belda para desarrollar un enjundioso examen del escurridizo concepto de dignidad humana, en el que quizá no sean muy necesarias las referencias a la lexicografía del Diccionario del RAE, cuyo registro de usos lingüísticos apenas puede, en rigor, arrojar luz sobre cuestiones técnico-científicas.
En relación con el reconocimiento de derechos a la naturaleza, el planteamiento de Enrique Belda no parece concluyente, sino que se limita a expresar la vigencia del concepto (indeterminado) de dignidad para “engarzar con derechos consolidados las demandas de nuevas facultades” (p. 40). A mí me parece, en cambio, que la idea de dignidad humana sí es necesariamente relativizada por el biocentrismo. La razón es muy elemental. Si el modelo biocéntrico tiene alguna relevancia, sólo puede ser porque permita ponderar los nuevos derechos de un nuevo titular (un río, cuando no ¡la naturaleza en su conjunto!) con los derechos individuales de los seres humanos. En otras palabras, si el modelo biocéntrico significa algo (algo más allá de una mera pamema simbólica para consumo de masas), entonces sólo puede ser relevante por relativizar en última instancia la idea de dignidad humana.
En la tradición kantiana, la dignidad alude a la insusceptibilidad del ser humano para ser “un mero medio”, nos dice Kant en (quizá) la formulación central del imperativo categórico en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Yo no creo (sea dicho de paso) que ningún derecho (ni siquiera la dignidad) sea absoluto (el propio Kant dice “mero medio” y, por tanto, mantengo mi dignidad cuando soy usado como medio para algo, siempre que no sea usado como “mero medio”, sólo como medio). Sí creo, en cambio, que existen niveles distintos de protección y que todo desplazamiento hacia un modelo biocéntrico supone trivialmente una relativización de la protección de todos los derechos de los seres humanos (dignidad inclusive), porque supone involucrar en la ponderación de derechos unos nuevos titulares no humanos antes ausentes de tales operaciones. Desde este punto de vista, el argumento del TC sobre la presunta preservación de la dignidad humana a partir de su intrínseca vinculación a la existencia del medio ambiente es rebatible y aun susceptible de retorsión. La forma proporcional y razonable de proteger nuestro medio ambiente en armonía con el respeto al ser humano y su dignidad consiste más bien en algo ya inventado desde los tiempos de la Sentencia López Ostra (STEDH 16798/90): La protección de la naturaleza puede implicar la protección de derechos, pero de los derechos fundamentales de los seres humanos, en la medida en que la protección de los derechos fundamentales (e.g. arts. 15; 17.1; 18 y 19 Const.) sólo pueda garantizarse en un medio ambiente adecuado.
En este mismo bloque primero y aunque se muestre conciliador con el reconocimiento de derechos a la naturaleza, el trabajo de Luis García Chico nos ofrece argumentos muy atendibles para rechazarlo. Por ejemplo, el caso de la caza furtiva de elefantes en Zimbabwe (pp. 71 ss.) nos demuestra que la ineficacia en la protección de los elefantes de sus reservas se resolvió óptimamente con un procedimiento (mucho más prosaico que el biocentrismo o el pachamamismo) consistente en apelar a una institución muy del gusto liberal-burgués y sensiblemente capitalista: la propiedad. La atribución de la propiedad comunal de los elefantes a los ciudadanos resolvió el problema del mercado negro de comercio de marfil eficazmente. Probablemente no sea una conclusión del agrado de ciertas posturas anticapitalistas afectas a veces al pachamamismo y al biocentrismo, pero la realidad es tozuda…
El tercer bloque, “Derechos e interculturalidad” cierra el volumen con tres trabajos que pudieran parecer excéntricos en el proyecto en su conjunto; pero que cobran su pleno sentido en la constatación de que “derechos de la naturaleza es un concepto intercultural”, como nos avanza Díaz Revorio algunas páginas atrás (p. 190). En este contexto, Elena Rebato afronta el difícil reto de mostrar la virtualidad de la “interculturalidad”, como principio activo y superador de la fase meramente multicultural, en que la convivencia entre culturas diversas se padece con pasiva resignación, y además detalla cómo tal interculturalidad se impulsa en diversos niveles territoriales que van desde la Unión Europea a Regiones como la propia comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (pp. 247 ss.). Naturalmente, ello supone sumergirse, y así lo hace la autora, en debates tradicionales de la filosofía política como la tensión entre el universalismo (liberal) de los derechos humanos y el particularismo (comunitarista) que requiere su adaptación a cada escenario. El planteamiento de Rebato se inscribe en una posición fundamentalmente liberal, pero que no renuncia a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del “margen de apreciación”, según la cual cada comunidad nacional debe poder administrar el difícil equilibrio entre la preservación del orden público con las especiales costumbres de cada cultura conforme a diversos niveles de flexibilidad según los derechos afectados. En suma, Rebato no duda de la inspiración occidental que originariamente impregna la filosofía de los derechos humanos, pese a su aspiración de universalidad y su necesidad de una interpretación en contextos multiculturales (p. 237).
Desde una posición básicamente liberal atenta a los planteamientos feministas, la profesora María Martín desarrolla su contribución en torno a la religión y al laicismo positivo característico de nuestro sistema constitucional, que ha adoptado una visión positiva del fenómeno religioso en una línea habermasiana y alejada del laicismo negativo francés que expulsa de lo público cualquier atisbo de religiosidad. Particular interés presenta en su análisis la concepción de la religión como un aspecto cultural que marca la identidad de las personas y los pueblos por encima de su aspecto puramente confesional. El célebre caso Lautsi es resuelto en este sentido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando contempla los crucifijos en Italia como una tradición cultural (¡y secular!) por encima de su aspecto estrictamente religioso (pp. 268 ss.). El volumen concluye con un trabajo que, aun cuando pudiera parecer irremisiblemente excéntrico, por concentrarse en los derechos del pueblo gitano, desemboca en el núcleo temático de la obra tras un recorrido por la presencia del pueblo gitano y su reconocimiento jurídico en España, estudiando la viabilidad de la solicitud de la declaración de la “ceremonia del río” del pueblo gitano como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Así concluyen y confluyen los tres bloques en que se articulan armoniosamente una red de argumentos en torno a un río. Desde nuestra formación, se nos acostumbra a los juristas a pensar hidráulicamente en fuentes y lagunas. Hacerlo por una vez en un sentido menos figurado para explorar cómo proteger el más concreto y próximo río Tajo ha sido una nueva iniciativa feliz de la muy pujante área de Derecho constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales toledana.
Alfonso García Figueroa
Catedrático de Filosofía del Derecho
Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo. España
https://orcid.org/0000-0002-0548-7175
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