Estudios de Deusto
Revista de Derecho Público
ISSN 0423-4847 (Print)
ISSN 2386-9062 (Online)
DOI: http://dx.doi.org/10.18543/ed
Vol. 74/2, julio-diciembre 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.18543/ed7422026
Recensiones
Míguez Macho, Luis; Roca Fernández, María José (Coords.), Erosiones del Estado de Derecho, Dykinson, Madrid, 2025, 556 pp. ISBN: 979-13-7006-919-3.
https://doi.org/10.18543/ed.3759
Fecha de recepción: 22.06.2026
Fecha de aceptación: 01.10.2026
Fecha de publicación anticipada en línea: noviembre 2026
El título de la obra y, en particular, cada sección y cada estudio individual invitan a reflexionar sobre la situación actual. Aunque la reflexión no es la única tarea que se encarga al lector —quien, desde ya, se anuncia que no adoptará un papel pasivo o, por lo menos, no parece esa la idea de los autores—, sino que también se le invita a recordar y no olvidar la relevancia de mantener la solidez de nuestras instituciones democráticas, las cuales garantizan que los Poderes del Estado respeten los límites que en su día se establecieron. La obra expresa una inmensa y continua preocupación por el deterioro del Estado de Derecho y sus consecuencias para la democracia, al cuestionar si las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley conservan la independencia y la capacidad necesaria para desempeñar su función.
1. Sección introductoria
El contenido del libro lo abre una fantástica sección introductoria, obra del Catedrático, el profesor Faustino Martínez Martínez, quien explica cómo desde la ciencia de los combates, la confrontación entre poder y derecho es indudable a la par que esencial; y de cómo, una relación antagónica evoluciona hasta lograr perfilar el Estado de Derecho. Esta lección se enmarca en un clima histórico —como no podía ser de otra manera—, en el que realiza una retrospectiva del concepto «Estado de Derecho» desde los textos constitucionales del siglo XVIII hasta nuestros días.
2. Sección primera
Esta primera parte de la obra analiza alguna de las presiones que en la actualidad se ciernen sobre diversas posiciones iusfundamentales. El primer estudio lo ofrece el profesor Carabante con el debilitamiento de las garantías de la libertad de expresión. Con consciencia de la repercusión que el avance de las nuevas tecnologías y las innovaciones en la comunicación han generado en el ámbito del derecho se analizan algunos de los problemas latentes relativos al artículo 20 de la Carta Magna, como son el afloramiento de los delitos de odio, la restricción en el ámbito académico cuando el discurso puede ser ofensivo desde una perspectiva política y la juridificación de la cultura de la cancelación; dejando el autor meridianamente claro que no es el establecimiento de límites sobre el derecho fundamental lo que afecta al Estado de Derecho, sino precisamente hacerlo de forma arbitraria o ilegítima.
En el segundo estudio de la sección el profesor Fernández Rodríguez reflexiona sobre si el denominado Plan de Acción por la Democracia presentado por el entonces —coincidente con el de ahora— Gobierno de España, representa un avance o más bien un retroceso, tomando especial consideración las exigencias de la ciudadanía. ¿Cumple este programa sus aspiraciones de devolver a la sociedad la confianza en la política o, por el contrario, se ha retrocedido desde la perspectiva institucional ante la imposibilidad de lograr una calidad democrática?
La profesora Martín García analiza la protección que el Poder Judicial brinda al derecho fundamental de asociación, haciendo especial referencia a las asociaciones de carácter religioso. Se analiza la doble tutela —por los tribunales ordinarios y por el Tribunal Constitucional—, señalando el carácter poco armonioso que en diversas ocasiones tienen ambos pronunciamientos. Además, se analiza la reciente STC núm. 132/2024, de 4 de noviembre, más bien desde una posición crítica, al considerar que no alcanza los cánones exigidos sobre la especial responsabilidad que tiene atribuida el Poder corrector.
La primera sección echa el cierre con un estudio sobre la digitalización de la dignidad humana, el impacto en los derechos fundamentales y el mercado, obra del profesor Rosino Calle. En este complejo, aunque espléndido análisis, se pone especial énfasis en el arma de doble filo que representa la lógica de mercado a la hora de «erosionar» y «reforzar» los derechos fundamentales. Como epicentro de la cuestión podemos señalar que la ordenación del mercado no puede ignorar la protección de los derechos, sino que es un elemento indispensable para garantizar la dignidad en la era digital.
3. Sección segunda
En la sección dedicada al Poder Legislativo se identifican las disfunciones empleadas para esquivar el procedimiento legislativo ordinario, motivado en la grave fragmentación y polarización en el esquema parlamentario. En un primer estudio, previo esbozo de las dos iniciativas legislativas y su fundamento constitucional: los proyectos de ley y las proposiciones de ley, el profesor Porras Ramírez nos brinda un análisis crítico y minucioso de la afección que viene sufriendo la función legislativa al emplearse en el seno de las Cámaras mecanismos que permiten eludir garantías, restricciones y controles. Así, se destaca el uso abusivo del veto presupuestario por el Gobierno como manifestación clara de un animus impediendi de la toma en consideración de las proposiciones de ley, ante un aumento ejemplar en la tramitación de aquellas —motivado en el incremento de la fragmentación parlamentaria, el cual se hizo eco con un crecimiento exponencial de los grupos parlamentarios y la minoría del Gobierno—.
De igual modo, se señala un desplazamiento de la utilización del proyecto de ley consecuencia del uso indirecto por parte del Ejecutivo de las proposiciones de ley. Uso indirecto en el sentido de que es utilizado por grupos parlamentarios afines al Ejecutivo con el fin de sortear obstáculos y controles en su tramitación. Facilidad que no se pensó por el constituyente para el Gobierno, sino para la oposición, por lo que se desnaturaliza el circuito legislativo y el reparto de roles en el ámbito parlamentario.
El segundo estudio que compone esta interesante sección se centra en el uso de la figura del decreto ley y cómo se ha tergiversado el presupuesto habilitante de esta norma jurídica hasta hacer mutar la urgencia, en necesidad. La profesora Ripollés Serrano analiza la interpretación extraordinariamente laxa del presupuesto de hecho del decreto ley a la que venimos asistiendo en los últimos años y cómo lo extraordinario, se ha convertido en lo ordinario. La autora analiza cómo no debe tornarse la ausencia de la extraordinaria y urgente necesidad en carencias que no lo son, por legítimas que parezcan y loables que sean las finalidades perseguidas.
El abuso al que venimos asistiendo en la utilización de esta figura —principalmente en las dos últimas legislaturas— viene acompañado de consecuencias políticas y jurídicas de significada gravedad que, quizás, representan una de las erosiones más clara en el Estado de Derecho, por lo menos desde la perspectiva del Poder Legislativo: la lesión a la centralidad del Parlamento, que parece haberse olvidado que es el poseedor y custodio de la soberanía nacional.
4. Sección tercera
Esta sección se abre con el estudio a cargo del profesor Fernández-Miranda en el que se analizan diferentes disfunciones en el ámbito de actuación del Ejecutivo. En este extraordinario estudio se incluyen diferentes actuaciones reprochables jurídica y constitucionalmente al actual Gobierno que no han pasado, ni continúan pasando desapercibidas, tampoco para el autor. En un primer apartado se abordan algunas de las acciones y omisiones de legalidad cuestionable: desde la reforma del Código Penal que supuso la despenalización del delito de sedición y la atenuación del delito de malversación, pasando por la amnistía. También se introducen otros hitos como la quita de la deuda y el cupo catalán, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la no presentación de los Presupuestos Generales del Estado; en fin, no pocas actuaciones del Ejecutivo que claramente erosionan y atentan contra el Estado de Derecho y cuya preocupación el autor pone sobre la mesa señalando la necesidad de que el Gobierno respete pulcramente los principios constitucionales para recuperar esa ejemplaridad perdida.
En el siguiente estudio de esta sección, la profesora Godoy analiza la relevancia del control sobre la potestad reglamentaria en el que se incluye, además, un interesantísimo análisis de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en la que se declaró la nulidad del Reglamento de la Ley 34/2006, sobre el acceso a la abogacía y procura. El estudio nos escenifica cómo la potestad reglamentaria ha de estar cercada por diferentes límites y controles para evitar que esta flexibilización del principio de separación de poderes, por la que el ejecutivo dicta normas imperativas a los ciudadanos, desvirtúe las bases constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico.
El último de los capítulos de esta tercera sección, acertadamente, hace de puente para el paso a la siguiente sección sobre las erosiones que afectan al Poder Judicial. Miguez Macho nos ilustra con un tema apasionante sobre los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional en el año 2024, que resuelven los recursos de amparo presentados por los ex altos cargos políticos condenados en el caso de los ERE de Andalucía. El estudio incluye un estupendo análisis sobre el control constitucional de resoluciones dictadas en última instancia por el Tribunal Supremo, especialmente, en el marco del orden penal. El autor muestra su aquiescencia con los votos particulares emitidos por el magistrado Arnaldo Alcubilla, en el que, entre otras cuestiones, se subraya el exceso de jurisdicción en el que incurre el Tribunal al autoarrogarse funciones que le corresponden a la jurisdicción ordinaria y cómo este extremo atenta directamente contra el Estado de Derecho; y del magistrado Tolosa Tribiño, que apunta la laxitud en la persecución de los delitos de corrupción cuya autoría la ostenta el Gobierno o sus miembros.
5. Sección cuarta
La parte más extensa de la obra se concentra en esta sección, donde se desarrollan las aportaciones doctrinales dedicadas al Poder judicial. El rigor y profundidad analítica, unido a la amplitud de los temas tratados, la convierten en una referencia imprescindible para apreciar el alcance de las erosiones que afectan a este Poder y redundan en el desgaste de nuestro Estado de Derecho. Si bien es cierto que todas las disfunciones que se ponen de manifiesto contribuyen activamente a corromper las bases de un Estado democrático, las agresiones directas a las instituciones judiciales, a modo de ver de quien suscribe estas líneas, lo hacen a pasos agigantados: no es compatible con una democracia constitucional el esbozo de un Poder Judicial que, en mayor o menor medida, depende de los demás Poderes del Estado y permite sortear el principio de separación de poderes.
El primer capítulo de esta sección es obra de González Moreno quien nos ofrece un análisis cuya inclusión era obligada y el cual no puede ser más acertado. Se encarga de analizar la perversión en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y cuestionar si, atendiendo a la configuración actual de este órgano, que debe velar por la independencia de jueces y magistrados, en realidad, permuta su obligación constitucional por la de permitir que Ejecutivo y Legislativo sorteen las limitaciones y acaben emponzoñando esta función.
Prosigue esta sección de la mano de la profesora Iglesias Canle con el capítulo sobre la reforma del año 2025 en relación con la afectación al ingreso en la judicatura y la autonomía del Ministerio Fiscal. Se analiza cómo en el acceso a las carreras de jueces y fiscales se busca reforzar la igualdad de oportunidades, así como especializar, aún más, la profesión, al atraer talento joven cuya selección se base en una real meritocracia y también la posibilidad de nutrir ambas carreras con la experiencia profesional de juristas experimentados. Así las cosas, se estudia la instrucción de los procedimientos judiciales a cargo del Ministerio Público, que redundaría en la posible agilización de la justicia al unificar la investigación y la acusación. Como acertadamente apunta la autora, se trata de propuestas que podrían repercutir en una mejora de la justicia a nivel de agilización, transparencia e independencia, siempre que vaya acompañado de la modificación en el nombramiento del Fiscal General del Estado.
Retomando el análisis del Consejo General del Poder Judicial, Madrigal Martínez-Pereda, analiza el sistema de elección de los vocales y las disfunciones que existen. Se aborda una cuestión de indudable relevancia constitucional en la que las consideraciones ofrecidas enriquecen el debate doctrinal y aportan valiosas claves para comprender uno de los desafíos más relevantes del Poder Judicial. El estudio está sustancialmente nutrido al traer a colación los antecedentes de la controversia jurídica y una mirada comparada a los estándares europeos.
El capítulo décimo cuarto aborda la institución del Ministerio Fiscal. Del Moral García nos ofrece una metódica disección del Ministerio Público, analizando desde la contextualización del guardián de la legalidad, hasta la necesidad de garantizar la independencia de sus integrantes en el ámbito de sus nombramientos, instrucciones y atribución de asuntos. Su encomiable función en el Ministerio Público y como magistrado en el Alto Tribunal desde hace más de trece años, proveen de una riqueza jurídica extraordinaria este análisis de obligada lectura para cualquier jurista.
De la mano de Requero Ibañez nos adentramos en un análisis sobre las difíciles relaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, principalmente examinadas desde la perspectiva del recurso de amparo como puerta de entrada del Tribunal de Garantías a la revisión de decisiones judiciales. El estudio destaca por su solidez y brillantez, así como por la suprema calidad técnica que el autor aporta sobre los riesgos que esta situación representa.
No podía faltar en una obra tan nutrida y en una sección tan trepidante, un minucioso análisis sobre la acción popular y la reiteración de su proyectada reforma. La codirectora de la obra, la profesora Roca Fernández, nos ilustra sobre la pretendida reforma de esta institución. No puedo sino compartir con la autora que, si bien no es un requisito sine qua non del Estado de Derecho, sin duda es una herramienta altamente eficaz para la prevención de la corrupción política y, en su caso, para luchar contra ésta. Destaca la solidez y brillantez de la fundamentación doctrinal con la que se nos ilustra, nutrida de una significativa bibliografía que, aún más si cabe, respalda la coherencia argumentativa del estudio. Claramente un capítulo de lectura ineludible, más en los tiempos actuales, en los que la reforma de la acción popular es tema socorrido para cuestionar el ius puniendi del Estado sobre la comisión delictiva por determinadas personalidades.
Esta sección la cierra Zaragoza Aguado quien analiza la independencia judicial ante la actual politización de la justicia en temas concretos como: el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la causa penal seguida frente al entonces Fiscal General del Estado, o las investigaciones judiciales incoadas a familiares del Presidente del Gobierno y a cargos políticos muy señalados de su entorno, entre otros.
En opinión de quien suscribe es realmente acertada la conclusión alcanzada por el autor sobre el fenómeno que viene acompañando los escándalos judiciales recientes que afectan al panorama político: «la politización de la justicia o la instrumentalización de la justicia por la política» (Zaragoza, 2025, 454-460). Todo ello, tiene, o por lo menos pretende tener, afectación directa en la independencia de los llamados a investigar y enjuiciar, una de las más peligrosas erosiones que a día de hoy afectan a nuestro Estado de Derecho al incidir directamente en el principio de separación de poderes. De igual modo, el autor insiste en la necesidad de reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y señala que, ante una reforma en la dirección de la investigación penal en favor del Ministerio Público, es necesario garantizar la independencia funcional de los integrantes. No obstante, apunta que la reforma es precipitada y en los términos en los que ha sido esbozada podría suponer un retroceso, criterio con el que no puedo sino comulgar, tomando especial consideración la situación actual.
6. Sección quinta
La quinta y última sección de la obra nos eleva a una visión de las erosiones en el ámbito de las instituciones europeas. Se abre esta parcela con el estudio que nos ofrece el profesor Cano Montejano sobre la «better regulation en la Unión Europea», quien con gran habilidad ya advierte al lector sobre la simplista traducción que este término tiene al castellano. Nos encontramos ante un acertado y necesario análisis sobre cómo el exceso regulatorio europeo atenta frente al Estado de Derecho y el papel preponderante que asume la Better Regulation como técnica de simplificación y mejora regulatoria.
El trabajo prosigue con el examen que nos brinda el profesor Coello De Portugal, quien concede a la Unión Europea el lugar que merece en la obra. Bajo el paraguas de este capítulo el autor recuerda la obligación de la Comisión Europea de supervisar el Estado de Derecho y señala la relevancia de los informes de situación como mecanismos de intervención, a los cuales, poética y brillantemente, califica como documentos «con cuerpo administrativo y alma constitucional» (Coello de Portugal, 2025, pp. 505). Sin duda, un capítulo nutrido de contenido jurídico relevante que permite al lector comprender el alcance de estos mecanismos de supervisión.
Como colofón, Panizo García analiza la jurisprudencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la independencia judicial. Toma especial consideración el escenario actual caracterizado por la aparición de corrientes políticas extremistas —de un lado y del otro—. Un estudio en el que se aborda con profundidad y rigor una cuestión de extraordinaria relevancia para el constitucionalismo europeo contemporáneo.
El capítulo se corona con la inclusión de un epílogo que cierra la sección y a su vez la obra. No puede ser más acertado para finalizar esta extraordinaria publicación la cual explora, profundiza e investiga sobre el desgaste que determinadas actuaciones están generando en nuestro Estado de Derecho, que sus últimas líneas se dediquen a la corrupción del poder y a la necesidad de fortalecer los contrapesos existentes para mantener el sometimiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
La libertad es el bien más preciado y no son tan lejanos los tiempos en los que nos fue arrebatada. Por ello, nos corresponde ser conscientes del extraordinario riesgo que existe de que se disipe cuando las actuaciones de los poderosos lesionan y atentan los derechos fundamentales y la separación de poderes, consagrados, ambos, como dimensiones esenciales en un estado democrático, como reza el artículo 16 de la La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
Clara Vidal Fernández
Doctora en Derecho constitucional Profesora
del CES Cardenal Cisneros y de UNIE, Madrid. España
https://orcid.org/0009-0009-4245-5357
Derechos de autores/as y Acceso Abierto
Se recomienda a las personas autoras que lean atentamente sus derechos. Creemos que este enfoque garantiza un acuerdo justo para ambas partes. Estas instrucciones se leen conjuntamente con el Código Ético y la Política de Acceso Abierto, Licencia y Derechos de Autor/a de la revista "Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público".
1. Autoría y ética
Al entregar sus manuscritos a Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público, los/las autores/as aceptan y se comprometen a cumplir las condiciones de publicación sin necesidad de firmar un documento de cesión adicional con la Editorial (Universidad de Deusto). Con ello, garantizan que su trabajo es inédito en cualquier forma, original y que no vulnera el Código Ético de la Revista ni derechos de terceros, y que no se han otorgado ni se otorgarán licencias que resulten incompatibles con los derechos concedidos a la Editorial.
Los/las autores/as asumen la responsabilidad total y exclusiva sobre el contenido de su estudio y declaran formalmente no tener conflictos de interés que afecten la integridad de la investigación.
2. Derechos de la Editorial
Al enviar el manuscrito, los/las autores/as aceptan su publicación bajo la licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. En consecuencia, conceden a la Editorial el derecho exclusivo, gratuito y universal para la primera publicación, edición, maquetación y explotación de la obra. Esta concesión autoriza a la Editorial a distribuir, sublicenciar e indexar el trabajo en cualquier formato, medio, base de datos o repositorio institucional, con fines de promoción y difusión científica.
3. Derechos de autores/as
Los/las autores/as conservan la propiedad intelectual de su obra y retienen el derecho a distribuir y utilizar su trabajo para fines docentes, investigación futura o archivo personal, siempre que se cite la publicación original en la Revista. Se les permite además la publicación posterior en otros medios, siempre que se incluya una nota a pie de página con la referencia completa de la Revista (incluyendo el DOI, si está disponible) y no se sugiera el respaldo explícito de la Revista y/o Editorial.
4. Acceso abierto
Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público es una revista de acceso abierto; lo que significa que es de libre y total acceso en su integridad inmediatamente después de la publicación de su contenido. No obstante, de acuerdo con la licencia arriba mencionada, se debe citar siempre a los/las autores/as de los artículos. Tanto su uso comercial como cualquier modificación que se pretenda distribuir requerirán el permiso expreso previo por escrito de quien sea titular de los derechos.
Copyright and Open Access
The authors are advised to read their rights carefully. We believe this approach ensures a fair agreement for both parties. These instructions should be read in conjunction with the Ethical Guidelines and the Open Access Policy, Licensing Terms and Copyright of the journal “Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público”.
1. Authorship and Ethics
By submitting their manuscripts to Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público, the authors accept and undertake to comply with the conditions of publication without the need to sign an additional transfer agreement with the Publisher (University of Deusto). In doing so, they guarantee that their work is unpublished in any form, original, and does not breach the Journal’s Ethical Guidelines or the rights of third parties, and that no licences have been or will be granted that are incompatible with the rights granted to the Publisher.
The authors assume full and exclusive responsibility for the content of the study and formally declare that they have no conflicts of interest that affect the integrity of the research.
2. Publisher’s Rights
By submitting the manuscript, the authors agree to its publication under the Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 licence. Consequently, they grant the Publisher the exclusive, royalty-free and worldwide right of first publication, editing, layout and exploitation of the article. This grant authorises the Publisher to distribute, sub-license and index the work in any format, medium, database or institutional repository, for the purposes of promotion and scientific dissemination.
3. Copyright
The authors retain the intellectual property rights to their article and retain the right to distribute and use their work for teaching purposes, future research or personal archiving, provided that the original publication in the Journal is cited. They are also permitted to republish in other media, provided that a (foot)note is included with the full reference to the Journal (including the DOI, where available) and no explicit endorsement of the Journal and/or Publisher is implied.
4. Open Access
Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público is an open-access journal; this means that it is freely and fully accessible in its entirety immediately upon publication of its content. However, in accordance with the licence mentioned above, the authors of the articles must always be properly cited; and both commercial use and any modification intended for distribution will require the express prior written permission of the rights holder.