DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA ECONÓMICA PARA EL MUNICIPIO EN MÉXICO

Marisol Luna Leal

doi: 10.18543/ed-63(2)-2015pp153-172

Sumario: 1. Planteamiento. 2. Disposiciones constitucionales en materia económica, financiera y tributaria para el municipio mexicano. 3. Contexto actual. aspectos económicos, financieros y tributarios. 4. Algunas rutas para la solución 5. Fuentes.

1. PLANTEAMIENTO

Pocas instituciones en el Estado mexicano poseen una trayectoria sinuosa; son piezas fundamentales en el devenir histórico; en el quehacer público; y, con profundo arraigo en la población, como lo es el municipio. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) lo reconoce como la base de la división territorial, y de la organización política y administrativa del Estado; es gobernado por un Ayuntamiento electo de manera popular y directa, integrado por el presidente municipal, así como por el número de síndicos y regidores que determine la ley; y se encuentra investido de personalidad jurídica propia. Tiene a su cargo (fracción III-115 CPEUM) servicios públicos de gran calado para toda población tales como, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastros; calles, parques y jardines y su equipamiento; las funciones de seguridad pública –bajo los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública–; policía preventiva municipal, y tránsito; así como atribuciones en otras áreas que vía facultades concurrentes o de coordinación mediante diversas reformas a la CPEUM le han sido otorgadas.^[1]

La reforma constitucional de 1999 lo reconoció como un nivel de gobierno con autonomía propia, la cual como recordaremos se caracteriza por la facultad de elegir libremente a sus gobernantes; otorgarse la reglamentación^[2] que estime adecuada para su organización interior, así como la relativa a atender las problemáticas de sus ámbitos espacial y material; gestionar y resolver los asuntos propios de su población relativos a servicios y funciones públicas; contar con atribuciones en materia tributaria; y ejercer con libertad su hacienda pública.^[3] Como recordaremos para lograr la autonomía plena, es conditio sine qua non la existencia de autonomía en las vertientes política; administrativa; y, financiera. Esta última –de interés en la presente colaboración– es entendida como, la capacidad del municipio para contar con recursos suficientes derivados de renglones tributarios exclusivos, así como el libre manejo de su patrimonio y la libre disposición de su hacienda.^[4]

El diseño y disposiciones constitucionales, legales y administrativas que en materia económica se han implementado en el ámbito municipal formalmente han tenido como propósito, consolidar la autonomía municipal; así como el cumplimiento eficaz y eficiente de las atribuciones encomendadas. Desde la discusión del constituyente originario en 1917^[5] se ha tenido claro que sin suficiencia presupuestal –autonomía económica– no podría, ni podrá existir autonomía política; y en nuestros días es algo que se observa con claridad meridiana por el deficiente desempeño y crisis económicas que padecen dichos gobiernos locales. La descentralización de nuevas atribuciones normativas, así como la transferencia de recursos federales, en mucho casos han generado problemas, más que soluciones. Los municipios no han correspondido con la capacidad institucional^[6] requerida-deseada.

En la perspectiva referida, la presente colaboración tiene como propósito presentar un esquema genérico de la situación económica, financiera y tributaria de los municipios mexicanos. Lo anterior, a efecto de dibujar –algunas– propuestas de corte normativo y administrativo que contribuyan a un mejor escenario financiero y económico de dichos entes de gobierno.

2. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA EL MUNICIPIO MEXICANO

Para el debido cumplimiento de los servicios públicos y funciones referidas se otorga a dichos gobiernos locales la atribución de manejar su patrimonio (fracción II-115 CPEUM) bajo los parámetros que dispongan las legislaturas respectivas. Es la fracción IV del numeral referido (CPEUM) la que establece los diversos principios y facultades en materia económica,^[7] financiera^[8] y tributaria^[9] a cargo de los municipios al establecer que estos administrarán libremente su hacienda;^[10] la cual se integra con recursos de origen propio establecidos en las leyes que las Legislaturas Locales expiden para tales efectos; y por participaciones presupuestales provenientes de la Federación, por virtud del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En tenor de lo anterior tenemos que,

I. Los ingresos propios son determinados en las Leyes de Ingreso correspondientes aprobadas por las Legislaturas Locales, y se clasifican en:

a) Impuestos. Son las prestaciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma; tales como el predial; sobre conjuntos urbanos; sobre anuncios publicitarios; sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos; sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles; entre otras. El Impuesto predial es uno de los más importantes que posee el municipio, éste se calcula^[11] a partir del tamaño de los predios y el avalúo de sus construcciones, cuestión que implica la existencia y administración competente de una base de datos cartográfica actualizada de los predios con una cobertura completa en el territorio municipal.^[12]

b) Derechos. Son las prestaciones establecidas en ley por percibir servicios que prestan las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en sus funciones de derecho público; así como por el uso o disfrute de los bienes del dominio público del municipio; así como las actividades de los particulares sujetas a control municipal con motivo de la explotación de un bien público. Entre estos encontramos, por ejemplo, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; del registro civil; del desarrollo urbano y obras públicas; por servicios de rastro; por servicios de panteones; por servicio de alumbrado público; por servicios prestados por las autoridades de catastro; entre otras;

c) Contribuciones por mejoras. Son las prestaciones a cargo de las personas físicas o morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio diferencial particular derivado de la realización de obras públicas; por ejemplo, introducción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable y drenaje; construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas para el saneamiento del agua; urbanizaciones tales como guarniciones, aceras, pavimentación, repavimentación o mantenimiento de calles, vialidades o caminos rurales; entre otros;

d) Productos. Son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado. Al igual que los ingresos provenientes de la venta de primera mano que, por la explotación de sus bienes de dominio privado, haga el Ayuntamiento al realizar actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas o cualesquiera otras de naturaleza similar. En otros términos, son los ingresos por actividades que no corresponden al desarrollo de las funciones propias del municipio; sino que se generan por el uso o aprovechamiento de sus bienes patrimoniales, esto es, los derivados de la venta o arrendamiento de bienes municipales; utilidades, dividendos y rendimientos de inversiones en créditos, valore y bonos, por acciones y participaciones en sociedades o empresas; rendimientos o ingresos derivados de las actividades de organismos descentralizados y empresas de participación municipal, cuando por su naturaleza correspondan a actividades que no son propias de derecho público; impresos y papel especial; entre otros; y,

e) Aprovechamientos. Son ingresos que percibe el municipio en sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal; tales como reintegros; uso o explotación de bienes de dominio público; sanciones administrativas; indemnizaciones por daños a bienes municipales; subsidios, subvenciones, donativos, herencias, legados y cesiones.

II. Respecto a las participaciones presupuestales provenientes de la Federación. Estas son fondos constituidos en beneficio de Estados y municipios, con cargo a recursos que la Federación transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.^[13]

En este rubro encontramos las denominadas aportaciones; y las participaciones, las primeras son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales con un carácter distributivo y compensatorio dirigida al desarrollo a las cuales se les condiciona su gasto a la consecución y cumplimento de los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

Las participaciones por su parte, tienen un componente resarcitorio, ya que tienen como propósito compensar la pérdida de las Entidades Federativas por la renuncia de su potestad tributaria originaria de determinadas fuentes de ingresos, cuya tributación queda a cargo de la Federación.

Para el ámbito municipal los dos fondos más importantes de transferencias económicas son, el de Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS);^[14] y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).^[15]

Bajo la composición o integración hacendaria referida, y de conformidad a la fracción IV-115 (CPEUM); y tesis^[16] dictada por el Poder Judicial de la Federación, la hacienda municipal es regida por algunos principios, en primer término, por el principio de libre administración de la hacienda municipal, el cual tiene como propósito fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los gobiernos locales; que sean éstos los que decidan de manera libre sobre la aplicación de sus recursos para satisfacer las necesidades que ellos consideren apremiantes, y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los direccionen u obliguen a ejercer en rubros no prioritarios o distintos al de sus necesidades reales. La excepción a este principio la encontramos en las aportaciones federales, como lo hemos referido y de conformidad con la LCF, tienen un efecto redistributivo que pretenden el desarrollo de los estados y municipios con mayor debilidad económica, por lo tanto se etiquetan para que no pueden destinarse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos correspondientes establecidos en la Ley mencionada.

El segundo principio es el relativo al ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria –como las aportaciones federales–, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se trata, únicamente, de una preetiquetación temática en la que los gobiernos municipales tienen la posibilidad de decidir en qué obras o actos invertirán los fondos, bajo las premisas de atender las necesidades; y, a posteri, rendir cuentas de su utilización en la revisión de la cuenta pública correspondiente.^[17] Así como el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.^[18]

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la LCF se deriva el principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los municipios por conducto de los Estados dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba, tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se generará el pago de los intereses correspondientes;

Finalmente, una disposición importante en la fracción que nos ocupa es la posibilidad que los ayuntamientos poseen para que en el ámbito de sus respectivas competencias propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos; derechos; contribuciones de mejoras; y, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro-percepción de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, entre otros. En dicho contexto, y en estricta legalidad los municipios carecen de facultad tributaria absoluta al ser las Legislaturas Locales las que determinan y aprueban las contribuciones que los habitantes deben cubrir a la hacienda municipal; el procedimientos legislativo fiscal municipal es una potestad tributaria compartida, toda vez que la facultad para determinar contribuciones, originalmente se encuentra reservada al órgano legislativo (artículo 31, fracción IV de la CPEUM) misma que es complementada con los principios de reserva de fuentes, así como con la norma expresa que otorga al municipio la facultad de iniciativa, por lo que aún cuando la decisión final corresponde a la legislatura, ésta se encuentra condicionada por la Norma Fundamental a dar el peso suficiente a dicha iniciativa, lo cual se concreta en la motivación que tendrá que sustentar en caso de que se aparte de ésta.^[19]

3. CONTEXTO ACTUAL. ASPECTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS

Con base en las disposiciones constitucionales y legales en materia económica para que los municipios mexicanos enfrenten el cúmulo de atribuciones que les corresponde atender, a priori, podríamos afirmar que sus fuentes de ingresos, así como el incremento de recursos económicos que vía transferencias federales se les han otorgado^[20] (gráfica 1) serían suficientes para enfrentar sus necesidades, no obstante, la realidad se encuentre distante a tal afirmación.

Gráfica 1. Evolución de la Aportaciones Federales a los Municipios (Ramo 033)

Tomada del Índice de Información Presupuestal Municipal 2014.

Elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. – IMCO^[21].

Diversas son las problemáticas que en materia económica, financiera y tributaria enfrentan los municipios. Una de estas es el efecto negativo que las transferencias federales han generado en los gobiernos locales; estudios^[22] concuerdan que dichas transferencias no solo han desincentivado el esfuerzo fiscal de los gobiernos municipales (gráfica 2); sino que además, el efecto de los recursos no se han visto reflejados en el desarrollo regional.

Gráfica 2. Evolución de las transferencias federales e ingresos propios de las entidades federativas y municipios^[23]

En dicha perspectiva estudio del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal^[24] (INAFED) sostiene que, en 1999 el 22.4 % del gasto total de los municipios era recaudado directamente por ellos, en 2010 dicha recaudación disminuyó al 20.8 %; que en 1999 los gobiernos locales costeaban casi el 80 % de su gasto de nómina con recursos de fuente propia, para 2010 lograron cubrir apenas el 66 %; de igual forma, en 1999 dichos gobiernos locales en 1999 cubrían con ingresos propios el 46.5 % de su gasto de operación, en tanto, para 2010 solo cubrieron el 43.5 %.^[25] Por lo que respecta al crecimiento económico de éstos es raquítico, generan el 2.9 % de los ingresos totales del País (PIB), y consumen el 8.3 % de tales ingresos totales, esto es, gastan casi tres veces más de lo que logran aportar, de tal suerte que sus ingresos se integran de la siguiente manera:

Gráfica 3. Integración de los ingresos municipales

Tomada del Índice de Información Presupuestal Municipal 2014.

Elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. – IMCO^[26].

Ante tal contexto, resulta incomprensible que una importante fuente recaudatoria, como lo es el impuesto predial no sea agotada y en México los ingresos por dicho impuesto apenas represente el 0.13 % del PIB del País, en tanto que en Países como Chile o Uruguay representen el 0.60 % y 0.65 % respectivamente,^[27] en tal sentido la OCDE sostiene que, los ingresos por el impuesto predial son excepcionalmente bajos incluso en comparación con sus homólogos latinoamericanos... Lo mismo sucede con el agua, que es del ámbito municipal y que presenta una enorme variedad en las tarifas, desde algunos casos en los que no se cobra hasta algunos casos que, lamentablemente son la excepción, en los cuales se cubren los costos.^[28]

Ahora bien, la dependencia de transferencias federales y la nula capacidad de recaudación no son las únicas situaciones complejas que enfrenta el municipio mexicano, adolece además de un grave endeudamiento; para junio de 2014 el saldo de la deuda municipal ascendía a la cantidad de $54,670.4 millones de pesos,^[29] la cual en siete años tuvo un incremento del 89 % (ver gráfica 4).

Gráfica 4. Cronología de la deuda municipal en México

Tomada del Índice de Información Presupuestal Municipal 2014 – Instituto Mexicano para la Competitividad – IMCO^[30].

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el endeudamiento no solo ha sido de los municipios, sino también de las entidades federativas, la deuda de ambos niveles de gobierno asciende al 3.1 % del PIB, misma que entre los años 2008 y 2013 tuvo un crecimiento acelerado al pasar del 1.7 % al 3.1 % del PIB.^[31]

4. ALGUNAS RUTAS PARA LA SOLUCIÓN

Fortalecer la autonomía financiera municipal implica atender el problema desde diversos aspectos, toda vez que son diferentes los factores que inciden en la debilidad, o incluso, ausencia de autonomía en la vertiente en cuestión.

Con base en diversos estudios en el rubro, así como algunas reflexiones de nuestra parte, estimamos que la solución a los problemas referidos invariablemente debe transitar: por el diseño de un nuevo federalismo fiscal que incentive la recaudación local; el ejercicio pleno de la facultad reglamentaria municipal; alentar y fortalecer la capacidad institucional; transparencia y fácil acceso a la información como instrumentos de rendición de cuentas; y estricta vigilancia en la aplicación de los recursos por parte de los entes fiscalizadores, acompañada ésta de cero tolerancia a la impunidad.

Un nuevo federalismo fiscal. Se afirma que, el diseño actual de las formulas estatales de distribución de las transferencias federales que reciben los municipios no es el adecuado;^[32] según lo establecido en los postulados teóricos de la descentralización fiscal, así como otros puntos de referencia de tipo internacional; amén de carecer de una asignación óptima de tareas fiscales entre los diferentes órdenes de gobierno, tanto en lo relativo a la recaudación, como en el ejercicio del gasto público.^[33] Se refiere que si bien es cierto que las transferencias federales (FAISM – FORTAMUNDF) dado los fines compensatorio – nivelador, no tienen como objetivo el incentivar alguna conducta en aspectos financieros y de desarrollo municipal, el diseño de sus fórmulas puede tener efectos no deseados tanto en la propia función de abatir el rezago regional, como en el simple hecho de no ofrecer ningún incentivo capitalizable para incrementar los ingresos propios y mejorar la calidad del gasto municipal (el tamaño poblacional no es una variable que pueda controlarse para dicho fin en lo que respecta al FORTAMUNDF).^[34]

Los autores concluyen,^[35] siguiendo a Hernández e Iturribarría, que la entrega de transferencias de tipo niveladoras o compensatorias a los gobiernos municipales deben ser complementadas con transferencias resarcitorias, para evitar desincentivar la recaudación y nivelar, única y exclusivamente, la menor generación de recursos propios, derivado del hecho de que tienen bases gravables menores, pero no porque realizan un menor esfuerzo fiscal. Toda vez que en las entregas que hacen las entidades federativas a los municipios no existe claridad en los incentivos de las participaciones que favorezcan la recaudación local; existen variados criterios de asignación para dichas transferencias, muchos de los cuales no están alineados al sentido de la reforma en la legislación federal.^[36]

Ejercicio pleno de la facultad reglamentaria municipal. Como lo hemos referido, los municipios poseen la facultad materialmente legislativa, aunque formalmente reglamentaria, mediante la cual, y, en concordancia con las leyes que en el ámbito municipal expidan las legislaturas de los estados pueden contar con sus Bandos de Policía y Buen Gobierno, así como con los reglamentos necesarios^[37] para un eficaz y eficiente desempeño administrativo. No obstante lo anterior, lo que encontramos en la realidad es obsolecencia o debilidad normativa;^[38] o, en otros casos, ausencia del marco reglamentario municipal tal como se puede corroborar en el Índice de Reglamentación Municipal Básica 2012 elaborada por el INAFED con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013 realizado por el INEGI.^[39]

Una de las consecuencias por la ausencia de la reglamentación municipal, es que los Ayuntamientos dejan de percibir importantes cantidades de recursos económicos, vía imposición de sanciones jurídicamente permitidas.

Alentar y fortalecer la capacidad institucional: Hemos referido en líneas anteriores que entendemos por capacidad institucional, a la habilidad de las organizaciones para absorber responsabilidades, operar más eficientemente y fortalecer la rendición de cuentas. Esta capacidad se construye fortaleciendo a la organización a partir de su diversidad, pluralismo, autonomía e interdependencia con relación a otras organizaciones en el sistema.^[40] Y que en dicho contexto poseer capacidad institucional también implica, promover y crear redes de interacción entre las organizaciones del sector público y privado y las organizaciones no gubernamentales.^[41]

No obstante lo anterior, la relación-aproximación a la cuestión administrativa, no es la única, Rosas Huerta bajo el esquema de Nelissen sugiere otros tres tipos de aproximaciones, la jurídica, la económica; y, la política-social.^[42] Para efectos del presente trabajo solo haremos referencia a dos elementos de la capacidad administrativa de los municipios, toda vez que elementos de las aproximaciones jurídica y política-social, las hemos considerado como variables independientes en el presente apartado. En tenor de lo anterior, únicamente haremos referencia a aspectos específicos de recursos humano y material del municipio; toda vez que en la evaluación de la capacidad administrativa un aspecto fundamental es el nivel de conocimientos, capacitación, y experiencia de su personal, de sus funcionarios, así como los recursos materiales que se poseen.

La ausencia de capacitación técnica y administrativa al personal; la ausencia de un servicio civil de carrera municipal; así como el recurrente cambio de personal –de confianza– por la renovación de los períodos de gobiernos, se ha convertido en un círculo vicioso que genera un desempeño deficiente de los funcionarios correspondientes; desperdicio de recursos económicos; e ineficaz e ineficiente desempeño institucional.^[43] Personal improvisado –o, ausencia de capacitación al mismo–, regularmente trae aparejada la ausencia de herramientas o equipo suficiente para realizar las funciones encomendadas; el ejemplo perfecto lo encontramos en la necesaria actualización del castro municipal,^[44] a efecto de que el gobierno municipal conozca los bienes inmuebles asentados en su territorio, registre los datos exactos relativos a sus características, determine su valor y conozca la situación jurídica de los mismos respecto a sus propietarios, todo esto dirigido a la captación de recursos a través del cobro de diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el predial y el de traslación de dominio, entre otros.^[45]

En la ausencia, o deficiencia de los elementos que nos ocupa y en particular el caso de la actualización del catastro municipal, esto representa, como lo hemos referido en líneas anteriores, la escasa recaudación por concepto de impuesto predial; sobre el particular la OCDE sostiene que, es posible elevar la recaudación en este rubro haciendo que los municipios participen en programas estatales para la actualización de registros catastrales, y elevando las tasas con un umbral de exención suficientemente alto, lo que permitiría lograr un esquema progresivo, lo cual es importante en un país con fuerte desigualdad.^[46]

Transparencia y acceso a la información instrumentos de rendición de cuentas. Un medio eficaz para planear las acciones de gobierno, y en paralelo un antídoto contra la corrupción e impunidad es la transparencia, el fácil acceso a la información pública, y la consecuente rendición de cuentas.

Como lo refieren López Ayllón y Mauricio Merino, transparencia es una política deliberada del Estado para producir y emplear sistemáticamente información como un recurso estratégico, destinado a facilitar y dotar de contenido a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos;^[47] en tal contexto, la transparencia requiere del acceso a la información pública, toda vez que la rendición de cuentas es imposible en un entorno de opacidad y de ocultamiento de la información del gobierno, por ello, transparencia y el acceso a la información son condiciones necesarias para el proceso de rendición de cuentas, la cual invariablemente debe ser entendida como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que tiene como propósito fortalecer la legalidad y el sentido democrática de las responsabilidades públicas y sancionar (positiva o negativamente) a los actores que las asumen.^[48]

Los elementos referidos como puede deducirse resultan herramientas indispensables y de uso permanente para mejorar el desempeño de los municipios. Cuestión que implica voluntad política por parte de las autoridades, y participación ciudadana activa y demandante para decidir sobre los temas de la agenda pública, en especial en el rubro de los recursos públicos, su planeación, destino, uso.

Estricta vigilancia en la aplicación de los recursos por parte de los entes fiscalizadores, acompañada ésta de cero tolerancia a la impunidad. La tarea fiscalizadora en México es una instancia a la que se le suministra cantidades importantes de recursos económicos, no obstante tal suministración, el desempeño de tales instancias no es el deseado. A menudo se refieren no solo casos de grave corrupción, sino además, de galopante impunidad.

Si bien es cierto que este es un aspecto sumamente complejo, el cual podría considerarse, incluso, como una practica cultural, también es cierto que no se debe dejar de insistir y señalar que en tanto exista simulación y tolerancia en conductas que bien encuadran en tipos penales tales como enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, entre otros, no solo no se recobrará la confianza ciudadana; sino que además, parte importante del erario público seguirá siendo destinado a satisfacer intereses particulares de los gobernantes, y hacer caso omiso al grave deterioro de la infraestructura urbana; de las vías de comunicación; de la nula satisfacción de derechos sociales; entre otros aspectos.

5. FUENTES

Bibliografía

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Quintana Roldán, C. F.: Derecho municipal, 9.ª edición revisada y actualizada, Porrúa, México, 2008.

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Internet

Índice de Información Presupuestal Municipal 2014 – Instituto Mexicano para la Competitividad – IMCO. Recuperado en http://imco.org.mx/indices/indice-de-informacion-presupuestal-municipal-2014/

Cabrero Mendoza, E., «La trampa del federalismo fiscal» en Nexos, noviembre 2008 recuperado en http://www.nexos.com.mx/?p=12811

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Coordinación Fiscal.

Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CXI/2010.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 111/2006.

Tittle: Constitutional dispositions in economic matter for the municipality in Mexico

Resumen: El diseño y disposiciones constitucionales, legales y administrativas que en materia económica se han implementado en el ámbito municipal formalmente han tenido como propósito consolidar la autonomía municipal; así como el cumplimiento eficaz y eficiente de las atribuciones encomendadas. Desde el constituyente originario en 1917 se ha tenido claro que sin suficiencia presupuestal –autonomía económica– no podría, ni podrá existir autonomía política y administrativa; y en nuestros días es algo que se observa con claridad meridiana por el deficiente desempeño y crisis económicas que padecen dichos gobiernos locales. La descentralización de nuevas atribuciones normativas, así como la transferencia de recursos federales, en muchos casos ha generado problemas, más que soluciones; los municipios no han correspondido con la capacidad institucional requerida-deseada. En el contexto referido la presente colaboración tiene como propósito presentar un esquema genérico de la situación económica, financiera y tributaria de los municipios mexicanos, lo anterior, a efecto de dibujar –algunas– propuestas de corte normativo y administrativo que contribuyan a un mejor escenario financiero y económico de dichos entes de gobierno.

Palabras Clave: Municipio mexicano, materia económica, disposiciones constitucionales, disposiciones administrativas, autonomía municipal.

Abstract: The design and constitutional, legal and administrative dispositions that in economic matter have been implemented in municipal area formally have had as intention consolidates the municipal autonomy; as well as the effective and efficient compliance of the entrusted attributions. From the original constituent in 1917 there has been had clearly that without sufficiency budget –economic autonomy– might not, there will not even be able to exist political and administrative autonomy; and nowadays it is something that is observed with crystalline clarity by the deficient performance and economic crises that the mentioned local governments suffer. The decentralization of new normative attributions, as well as the transfer of federal resources, in very many cases they have generated problems, more than solutions; the municipalities have not corresponded with the institutional needed-wished capacity. In the mentioned context the present collaboration has as intention present a generic scheme of the economic, financial and tax situation of the Mexican municipalities, the foregoing, in order to draw –some– proposals of normative and administrative kind that they contribute to a better financial and economic scene of the mentioned entities of government.

Keywords: Mexican municipality, economic matter, constitutional dispositions, administrative dispositions, municipal autonomy.

Recibido: 25.11.2015
Aceptado: 09.12.2015